El presidente Javier Milei declaró recientemente que “no hay baja de impuestos posible sin superávit fiscal sostenido”, durante un evento que tuvo lugar en la Sociedad Rural Argentina (SRA), donde se reunió con empresarios del agro que insisten en la eliminación total de las retenciones.
El Gobierno ha manifestado en repetidas oportunidades su intención de avanzar en la reducción o eliminación de tributos, siempre que el orden de las cuentas públicas lo permita, con el propósito de aligerar la carga fiscal sobre el sector privado.
En lo que va de su gestión,la administración ha implementado diversas medidas dirigidas a reducir los Derechos de Exportación (DEX), eliminar el impuesto PAIS, y suprimir otros gravámenes como los impuestos internos coparticipados. En total, se han eliminado seis impuestos durante la gestión de Milei.
En cuanto a la proyección para 2025, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) anticipa una caída de la presión tributaria efectiva nacional, que podría descender de 21,5% a 20,8% del PBI, lo que marcaría el nivel más bajo desde 2006.
El IARAF resaltó que este descenso se debe a varias medidas, como la reducción de las retenciones agropecuarias para trigo y cebada, vigente desde junio, y la eliminación de tributos relacionados con el consumo, incluyendo vehículos, bienes suntuarios, seguros y servicios de telefonía móvil, sumado a la restauración de los certificados de exclusión de la percepción aduanera de IVA.
Dicho organismo ha indicado que el IVA sería el principal responsable de esta caída, con una reducción de 0,43 puntos porcentuales del PBI, seguido por los derechos de exportación con -0,19, aportes y contribuciones a la Seguridad Social con -0,15, y los derechos de importación y la tasa estadística con -0,10. En total, las disminuciones sumarían 0,98 puntos porcentuales del PBI.
No obstante, el impuesto a Bienes Personales representaría un incremento de 0,02 puntos, mientras que el impuesto al combustible y el impuesto a las Ganancias aportarían un aumento de 0,07 y 0,11 puntos porcentuales respectivamente. Estas sumas resultarían en un incremento neto de 0,2 puntos porcentuales del PBI.
“Todos los cambios de recaudación totalizan una pérdida neta de 0,8 puntos porcentuales del PBI entre esos años”, señalaron.
Sin embargo, el margen para llevar a cabo una reducción de impuestos se enfrenta a limitaciones, principalmente debido a la necesidad de mantener un equilibrio fiscal. En los primeros siete meses del año, la recaudación tributaria habría disminuido un 4,3% real en comparación interanual. Este contexto ejerce presión sobre el ancla fiscal, aunque el Gobierno ha reiterado su compromiso de mantener en orden las cuentas públicas, a pesar de que requiera esfuerzos adicionales. En julio, se implementó un ajuste del gasto del 2,5%, lo que permitió regresar al superávit.
“El superávit primario de ahora en adelante dependerá de cuánto se pueda ajustar el gasto y, especialmente, de que la actividad económica muestre signos de recuperación y esto se traduzca en mejores ingresos”, señalaron economistas de una consultora.
Bajo este panorama, no parece haber espacio para una reducción impositiva en lo que resta del año. Como lo expresó un economista destacado, “el problema es que los impuestos son altos y la promesa de reducirlos a través de austeridad y crecimiento no es realista. Es necesario controlar el gasto público, pero después del ajuste ya realizado, tomará tiempo. La misma contradicción se aplica al crecimiento económico: si se sostiene que estos impuestos son un impedimento, ¿por qué suponer que la economía crecerá manteniendo esos mismos gravámenes?”
Durante la gestión de Mauricio Macri, se había planteado un cronograma de reducción gradual de las alícuotas de Ingresos Brutos, apoyándose en que el crecimiento económico permitiría a las provincias avanzar en esa dirección. Sin embargo, esta estrategia no fue exitosa.
“La austeridad y el crecimiento generarán espacio fiscal, aunque no será suficiente para abarcar la magnitud de los impuestos que deben eliminarse”, advirtió el economista.
A partir de esta evaluación, se concluye que a la Nación solo le sería viable implementar medidas “marginales” ante el elevado número de impuestos distorsivos en el sistema.
A pesar de los esfuerzos del gobierno de Milei para reducir la presión tributaria, la atención de los empresarios también se centra en las administraciones provinciales y municipales, que mantendrían en 2026 niveles de presión fiscal similares a los de 2025.
“El Gobierno nacional está enviando señales de que desea reducir impuestos. Sin embargo, los gobiernos subnacionales siguen una dirección opuesta. Es como si el Gobierno nacional activara el aire acondicionado y los subnacionales encendieran la calefacción, resultando en que la temperatura se mantenga constante. Esta es la preocupación”, comentó un líder empresarial.
Inglesos Brutos es un claro ejemplo que ilustra la inquietud de los empresarios sobre los costos provinciales. “Una provincia puede intentar bajar Ingresos Brutos, pero el problema no radica tanto en la alícuota, sino en su impacto, las complicaciones y las distorsiones que genera en la actividad económica”, puntualizó el economista.
Para que se pueda avanzar en una reducción gradual, o incluso en una eventual eliminación, es imperativo alcanzar un acuerdo político con los gobernadores.
Finalmente, una encuesta sobre las expectativas empresariales para 2026, realizada por una consultora con 218 ejecutivos, dejó claro que el 72% considera que la carga impositiva es el principal obstáculo para el crecimiento empresarial.
