En el marco de las tensiones diplomáticas entre Argentina y Chile a raíz de declaraciones controversiales del comandante de la Fuerza Aérea Argentina sobre el Estrecho de Magallanes, Argentina aún no cuenta con la nueva Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN).
La administración de Luis Petri había elaborado la DPDN correspondiente, que se encuentra en el sistema de Gestión Documental Electrónica bajo la responsabilidad de Marcelo Rozas Garay, en su calidad de secretario de Estrategia y Asuntos Militares, listo para ser enviado a la Casa Rosada y obtener el rango de decreto.
Este documento, redaccionado por Juan Battaleme, antiguo secretario de Asuntos Internacionales, se postergó en octubre de 2025 al final del mandato de Petri y quedó como pendiente para su sucesor Carlos Presti.
La DPDN es el documento clave que establece el marco estratégico y las directrices desde las cuales las Fuerzas Armadas organizan y ejecutan las prioridades de defensa del país.
Según el Decreto 1.729/2007, el Poder Ejecutivo está obligado a presentar la nueva DPDN en septiembre del primer año de cada gestión. Sin embargo, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y presidente Javier Milei no ha presentado aún la nueva directiva, manteniéndose vigente la DPDN de 2021 de la administración anterior durante la cual Agustín Rossi ocupaba el ministerio de Defensa.
Esta normativa definió el Estrecho de Magallanes y el Mar de Drake como “espacios compartidos”, resaltando la necesidad de potenciar la “exploración, estudio y control conjunto” de esas áreas.
Esta afirmación suscitó tensiones diplomáticas, resultando en una nota de protesta por parte de Chile, que sostiene que el Estrecho de Magallanes se encuentra bajo su soberanía según los tratados limitrofes existentes (como el Tratado de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984).
Se podría argumentar que Gustavo Valverde, quien ocupa un cargo aeronáutico, no incurrió en error al referirse a Magallanes, ya que se basaba en el marco legal vigente de 2021; sin embargo, su declaración evidenciaba una inusual falta de conciencia política para alguien de su rango, designado por el actual gobierno.
La disputa actual contempla intercambios de notas entre los cancilleres Pablo Quirno y Francisco Pérez Mackenna, junto a comunicaciones de los secretarios de defensa, Carlos Presti y Fernando Barros, lo cual ha reactivado rápidamente el debate sobre la DPDN.
El proyecto que no logró convertirse en decreto debido a una demora administrativa, estaría siendo actualizado para poner el foco de atención en el Atlántico Sur, las rutas marítimas, los pasos australes y la proyección hacia la Antártida.
En ese contexto, las Zonas de Seguridad de Frontera, el Atlántico Sur y la Antártida se identifican como áreas prioritarias, en conjunto con corredores bioceánicos y la infraestructura crítica necesaria.
Se considera que la defensa del país requiere asegurar la continuidad territorial entre el continente, el Atlántico Sur y la Antártida.
De acuerdo con el nuevo enfoque, Ushuaia se consolida como un punto logístico clave para la defensa antártica y el extremo austral adquiere relevancia en la planificación estratégica.
El proyecto de DPDN 2025 elimina la referencia previa a un espacio compartido y el control conjunto del paso Magallanes, tal como se había presentado en la gestión de Rossi.
El apartado “Escenario Regional” de la DPDN identifica a Magallanes y Drake como parte de las cuatro principales rutas marítimas del hemisferio, junto al Canal de Panamá y el Pasaje del Noroeste en Canadá, destacando su valor estratégico y comercial.
A la luz de este enfoque, el extremo sur argentino se presenta como un punto de interés estratégico no solo nacional, sino hemisférico.
El Plan de Inteligencia Nacional reafirma la relevancia del Atlántico Sur, sus recursos y el sector antártico, mientras que la Cancillería destaca la importancia creciente de la región en términos de recursos, rutas marítimas y cadenas de suministro globales.
En agosto de 2025, el comandante del Comando Sur de Estados Unidos mencionó que las líneas marítimas vitales en el Cono Sur, incluidos el Estrecho de Magallanes y el Pasaje de Drake, funcionan como “strategic choke points”, relacionando su importancia con la capacidad de China para desafiar la soberanía regional.
La propuesta argentina coincide con la perspectiva estadounidense sobre el Cono Sur.
En la parte del documento dedicada al “Diagnóstico y Apreciación de Escenarios de Defensa” se puede observar que prevalecen temas como la competencia entre grandes potencias y la rivalidad entre Occidente y el Este global (es decir, Estados Unidos y sus aliados, frente a China y Rusia), así como la competencia por recursos y la necesidad de controlar rutas marítimas.
El nuevo proyecto en análisis permite concebir el extremo sur como un sistema integrado: Atlántico Sur – Ushuaia/Magallanes – Antártida.
La región del Atlántico Sur contiene importantes recursos naturales y accesos interoceánicos, mientras que Ushuaia se proyecta como un nodo logístico crucial y la Antártida representa un espacio de proyección bicontinental y un área de creciente competencia geopolítica.
En este marco, Magallanes y el Paso Drake adquieren relevancia por su papel en la conectividad estratégica del sur.
La DPDN actual se centra en asegurar rutas, aprovisionamiento, comunicaciones, transporte y presencia hacia la Antártida, concebida como un sistema integrado que articula accesos, nodos logísticos, sensores y capacidades militares.
Además, se amplía la noción de amenaza, incorporando temas como la pesca ilegal, economías ilícitas transnacionales, sabotajes, ciberataques, agresiones electromagnéticas y vulnerabilidades en infraestructura crítica.
La respuesta a estas amenazas debe incluir inteligencia, anticipación y vigilancia, así como una capacidad de respuesta gradual.
A su vez, el enfoque militar abarcará múltiples dominios, integrando tierra, mar, aire, ciberespacio, espectro electromagnético y espacio ultraterrestre.
El documento prioriza además sistemas C4ISR, información satelital, sensores, vehículos no tripulados, guerra electrónica, comunicaciones seguras y ciberinteligencia.
La nueva estrategia propone fortalecer los ejercicios combinados, el intercambio de inteligencia y la interoperabilidad, así como la incorporación de tecnología.
No obstante, se establece que esta cooperación no debería sustituir la capacidad nacional ni limitar la autonomía estratégica argentina.
La filosofía que se perfila es aprovechar las relaciones internacionales como multiplicadoras de capacidades, siempre fundamentadas en un instrumento militar propio.
La comparación entre la antigua DPDN del gobierno de Alberto Fernández y el nuevo proyecto busca desplazar una concepción centrada en la mera prevención de agresiones militares estatales hacia una que prioriza la disuasión, la vigilancia y el control de espacios estratégicos.
La disuasión por negación implica que las Fuerzas Armadas deben contar con recursos suficientes para impedir que un potencial adversario logre sus objetivos, reforzando así la percepción de una capacidad militar visible y creíble.
La inclusión de cazas F-16 contribuiría a restaurar la capacidad de combate aéreo, pero la falta de submarinos deja una carencia crítica en el poder naval, un vacío que podría comprometer la disuasión.
La Armada no cuenta actualmente con una efectividad submarina, esencial para un país que posee una amplia plataforma marítima.
La pérdida del último submarino operativo, el ARA San Juan, en noviembre de 2017, acentúa esta debilidad.
La disuasión por negación no puede sostenerse sin una adecuada capacidad submarina.
Por su parte, Brasil, con su programa Prosub, busca consolidar su soberanía en el océano, haciendo que el acceso al mismo sea problemático para potenciales agresores.
La presencia de submarinos convencionales no solo ofrece vigilancia y permanencia sino que también introduce incertidumbre, elevando el costo y el riesgo de cualquier operación naval hostil.
Otro cambio significativo es la ampliación del concepto de amenaza, que ahora incluye la pesca ilegal, la explotación irregular de recursos y economías ilícitas transnacionales, entre otros aspectos, sugiriendo que los intereses vitales pueden verse afectados por medios que no necesariamente implican una invasión convencional.
De este modo, el aparato militar se redefine como un sistema multidominio, integrando diversos ámbitos de operación, e impulsando el uso de tecnologías avanzadas como C4ISR, drones y ciberinteligencia.
La nueva visión de defensa insinúa una “refundación de la Defensa” con el objetivo de revertir un largo periodo de postergación en inversión y modernización.
La agenda incluye previsibilidad presupuestaria, recuperación de sistemas críticos, desarrollo de la industria de defensa nacional y capacidades en áreas como inteligencia artificial y ciberdefensa.
El archipiélago se presenta en dos contextos en el proyecto de DPDN: como un área de controversia soberana y también como parte de un esquema más extenso vinculado con la seguridad del Atlántico Sur.
La DPDN abarca aspectos como la seguridad marítima, protección de recursos pesqueros y el control del espacio marítimo, teniendo en cuenta la creciente relevancia geopolítica del enlace entre el Atlántico Sur y la Antártida.
Se propone que el Atlántico Sur, las Malvinas y la Antártida deben ser considerados un solo complejo estratégico, donde la cooperación regional y la reconstrucción de capacidades militares son complementarias para salvaguardar los intereses nacionales argentinos.
La propuesta de la DPDN hace hincapié en utilizar la diplomacia y el Derecho Internacional como herramientas para recuperar la soberanía, aunque advierte sobre la asimetría militar actual y el despliegue británico en la región.
Se subraya que los esfuerzos diplomáticos deben ir acompañados por una reconstrucción de capacidades militares que respalden de manera efectiva los objetivos políticos y estratégicos.
Un párrafo crítico señala que la política de defensa previa carecía de un enfoque claro sobre la necesidad de reconstruir capacidades militares que acompañen el reclamo diplomático: “En años anteriores, los esfuerzos se centraron en una sucesión de declaraciones sin que estas se tradujeran en capacidades militares efectivas”.
Finalmente, se destaca la preponderancia hemisférica de Estados Unidos y se considera limitada, al menos a corto plazo, la capacidad de China para proyectar poder en el Atlántico Sur, a la vez que se alerta sobre un posible deterioro del régimen antártico y la llegada a la región de dinámicas competitivas observadas en el Ártico, donde la exploración de recursos y el uso de drones de doble uso podrían derivar en tensiones futuras.
