El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) ha realizado un análisis sobre la reciente reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) que impulsa el Gobierno y que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados. De ser aprobada, la Argentina pasaría de ser una excepción en la región a posicionarse entre los marcos regulatorios más restrictivos de América Latina para los bancos centrales.
En sus conclusiones, el IIF subrayó que estas modificaciones buscan “fortalecer las bases legales de la estrategia de desinflación del país”. No obstante, también hicieron hincapié en que “la prueba definitiva será política, no legal”.
El informe profundiza al señalar que una aprobación sería una señal clara, aunque mantener una inflación baja y sostenible demandará disciplina fiscal, una implementación creíble y un compromiso constante a lo largo de diferentes administraciones.
El proyecto tiene como misión prioritaria del BCRA la preservación del valor de la moneda, prohíbe los préstamos directos al sector público y la adquisición de títulos en el mercado primario, y aplica reglas más estrictas sobre gobernanza y distribución de utilidades.
Uno de los puntos más resaltantes del informe es la redefinición de la misión del BCRA. En este contexto, el IIF consideró que un mandato más limitado podría aclarar las responsabilidades del BCRA y aumentar su credibilidad.
Además, destacó que la mayoría de los bancos centrales en América Latina tiene como objetivo la estabilidad de precios, aunque con diferentes metas adicionales en función del país.
Por ejemplo, en Perú, su mandato se centra en la estabilidad monetaria. En Chile, se busca mantener la estabilidad de la moneda y asegurar el correcto funcionamiento de los pagos internos y externos. México se enfoca en proteger el poder adquisitivo y en promover sistemas financieros sólidos. Brasil establece la estabilidad de precios como su objetivo principal, junto con metas secundarias que incluyen la moderación de las fluctuaciones económicas y garantizar el pleno empleo. A su vez, Colombia exige preservar el poder adquisitivo en coordinación con las políticas económica, monetaria, crediticia y cambiaria.
El IIF también analiza la reforma del BCRA en relación con el financiamiento del Gobierno. En este sentido, se señala que la reforma se alinea con la tendencia regional que apuesta por una mayor independencia de los bancos centrales, ya que la mayoría de los países restringe o prohíbe el financiamiento directo al Tesoro, aunque hay variaciones en las excepciones aceptadas.
Chile y Brasil, por ejemlo, ajustaron sus regulaciones durante la pandemia para permitir la compra de títulos en el mercado secundario bajo determinadas condiciones. Colombia permite operaciones en el mercado secundario y préstamos al Gobierno en situaciones excepcionales, siempre con la aprobación unánime del directorio. México brinda un crédito temporal y limitado al Gobierno federal a través de la cuenta corriente del Tesoro, mientras que Perú, que tiene una de las prohibiciones más estrictas del área, impide por Constitución el financiamiento al Tesoro, permitiendo únicamente compras limitadas en el mercado secundario.
El informe también evaluó la autonomía de los miembros del directorio del BCRA. Los principales bancos centrales de la región cuentan con mandatos temporales y causales específicas para la remoción de sus autoridades.
El IIF considera que la propuesta argentina —al definir claramente las causales de destitución y requerir una mayoría de dos tercios de los miembros presentes de cada Cámara— aportaría una mejora significativa en la protección frente a destituciones arbitrarias. Sin embargo, el organismo advierte que la independencia institucional podría verse limitada, ya que los miembros temporales del directorio designados en comisión podrían permanecer en sus cargos sin la confirmación del Senado y sin un límite temporal efectivo establecido por normativa.
