Tras el rechazo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York al pedido de reconsideración del fondo Burford, el Gobierno tiene confianza en que la Corte Suprema de Estados Unidos desestimará cualquier apelación y busca cerrar el juicio por YPF antes de que termine el año. Aunque el fondo inglés aún no ha recurrido al máximo tribunal norteamericano, entre los principales asesores legales del Gobierno se considera que lo hará en breve. “Tienen 90 días para hacerlo”, señalaron fuentes oficiales. Sin embargo, es importante destacar que el Ejecutivo confía en que la Corte Suprema desestimará el caso. Así, se espera que, después de un análisis de dos a tres meses, pueda emitirse una decisión definitiva en Estados Unidos antes de fin de año. Esta resolución pondría punto final a un extenso proceso judicial iniciado en 2015 por la expropiación de la petrolera nacional, que podría derivar en una condena de US$16 mil millones. La perspectiva del Gobierno se alinea con la opinión de los propios analistas de Burford, quienes al presentar sus resultados trimestrales indicaron que “la probabilidad de obtener más recursos en los tribunales estadounidenses es baja desde un punto de vista estadístico”. Este planteamiento se basa en que la Corte norteamericana selecciona entre 70 y 100 casos cada año, todos ellos de interés federal. A pesar de esto, el Gobierno mantiene una postura de cautela, dado que el proceso ante un eventual reclamo de Burford en el Ciadi, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, sigue abierto. En ese contexto, el fondo inglés había mencionado que “el arbitraje es un proceso que dura varios años (un caso promedio del Ciadi dura 4,4 años), pero es totalmente capaz de alcanzar el mismo resultado que un tribunal de primera instancia estadounidense”. Además, subrayó que en ese ámbito, el 86% de las 51 demandas arbitrales presentadas contra Argentina han sido resueltas a favor de los demandantes. En otro orden, tras el fallo reciente de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, la Procuración del Tesoro, liderada por Sebastián Amerio, resaltó que “la decisión del tribunal, que niega la solicitud de revisión del fallo por parte del pleno de la Cámara de Apelaciones, constituye un nuevo respaldo a la solidez jurídica de la postura de la República Argentina y reafirma la sentencia favorable obtenida por nuestro país”. Mientras tanto, el equipo legal del Estado sigue trabajando en otras causas aún pendientes, como el litigio por el Cupón PBI en Londres, que asciende a 1,330 millones de euros. Simultáneamente, el Gobierno espera la aprobación legislativa para avanzar en un acuerdo de US$171 millones con los fondos Bainbridge y Attestor por el default de 2001, tema que será debatido este jueves en el Senado.







