El crecimiento de la economía argentina todavía muestra una marcada diferencia entre los sectores vinculados con la producción primaria y aquellos que dependen principalmente del consumo interno. En los primeros cinco meses de 2026, el PBI avanzó 1,7% interanual, pero el resultado estuvo explicado en buena medida por el agro, la energía y la minería, que crecieron 12,3% y representan alrededor del 13% de la economía. El resto de las actividades apenas aumentó 0,2%.
La construcción, la industria, el comercio y parte de los servicios continúan mostrando debilidad. Esa situación contribuye a explicar por qué la evolución de algunos indicadores macroeconómicos no se traduce en una mejora equivalente de la percepción sobre la economía cotidiana.
En ese contexto, el empleo y los ingresos adquirieron mayor relevancia entre las preocupaciones de la población, mientras que la inflación dejó de ocupar el primer lugar. La recuperación de la actividad vinculada al mercado interno aparece así como uno de los principales desafíos de la etapa actual.
El escenario económico forma parte de un proceso iniciado a fines de 2023, que se encuentra todavía en una etapa de transición y podría extenderse durante varios años. El rumbo busca consolidar el equilibrio fiscal y externo, avanzar hacia una mayor apertura, establecer reglas previsibles y sostener una orientación favorable al mercado. Su continuidad estará atravesada por el escenario político y, especialmente, por las elecciones de 2027.
La situación fiscal limita el margen disponible para impulsar la demanda. El superávit primario acumulado en los últimos doce meses se ubicó en torno al 1% del PBI, por debajo del 1,8% alcanzado a fines de 2024. La menor recaudación y las reducciones impositivas incidieron en la caída.
Frente a ese escenario, el Gobierno postergó una reducción de contribuciones patronales vinculadas al Fondo de Asistencia Laboral y tampoco anunció una nueva baja de retenciones. Entre las alternativas para generar un mayor impulso aparece la inversión en infraestructura mediante concesiones y asociaciones público-privadas, aunque todavía no se implementó un programa de esa magnitud.
También existen restricciones desde el frente monetario. La base monetaria se mantuvo durante varios meses cerca de los $41 o $42 billones y recién en los últimos dos meses mostró una leve expansión. Al mismo tiempo, el crédito destinado al sector privado continúa limitado y la morosidad registra niveles elevados en los préstamos a hogares y personales.
La evolución del tipo de cambio constituye otro de los puntos centrales del esquema. El dólar mayorista aumentó 5,3% en junio y otro 1,1% hasta fines de julio. Cuando la cotización se acercó a los $1.500, se incrementó la intervención oficial a través de operaciones del Banco Central y del Tesoro. La prioridad continúa siendo contener el dólar y sostener la desaceleración de los precios.
A la evolución de la actividad se suma el deterioro de la confianza en el Gobierno. Después de la mejora registrada en junio, el indicador correspondiente a julio cayó 6,5%. El índice elaborado por una institución académica privada quedó en su nivel más bajo desde el comienzo de la gestión y acumuló una baja superior al 20% frente a julio del año anterior.
El panorama hacia 2027 queda marcado por esa combinación. La estabilidad macroeconómica y la desaceleración de la inflación aparecen como los principales avances del programa económico, mientras que la actividad y el empleo todavía no alcanzan una recuperación suficiente.
Una expansión sostenida del consumo y de los sectores ligados al mercado interno podría mejorar las perspectivas electorales del oficialismo. Sin embargo, con las políticas actuales, todavía no está definido un impulso de magnitud suficiente para asegurar que esa recuperación se produzca antes de los comicios de 2027.
