Tras varios meses de controversia y negociaciones entre países, se ha decidido la reubicación de la planta de HIF – Global en Uruguay, que originalmente iba a ser instalada sobre el río Uruguay, al norte de Paysandú, frente a la costa de Colón, Entre Ríos.
“La principal hipótesis es la relocalización”, afirmó una alta fuente oficial del país vecino. Asimismo, detalló que el nuevo emplazamiento de HIF – Global se localizará en un terreno de ANCAP, la filial uruguaya de la petrolera estatal. La iniciativa tiene como objetivo la producción de hidrógeno verde y la elaboración de e-combustibles, con la principal dirección siendo la exportación. La inversión, estimada en USD 5.400 millones, pasaría a ser la más significativa en la historia de Uruguay.
En un inicio, se había previsto que HIF, una multinacional de capitales chilenos, se estableciera a 5 kilómetros al norte de Paysandú, justo sobre el río Uruguay y frente al balneario de Colón, en Entre Ríos. Esta localidad argentina depende en gran medida del turismo en la temporada estival, lo que generaba preocupaciones sobre un posible impacto negativo en la afluencia de visitantes.
Luego de intensas negociaciones entre el Gobierno de Entre Ríos, la Cancillería argentina y las autoridades de Montevideo, se logró un acuerdo en mayo. El eje principal del entendimiento fue la disposición del Estado uruguayo para evaluar otras ubicaciones. A pesar de que HIF es la responsable de la inversión en infraestructura, el proyecto surge como una iniciativa del gobierno uruguayo, donde ANCAP juega un papel clave. La multinacional chilena únicamente se encargará del desarrollo.
Este acuerdo ha aliviado tensiones en ambas orillas del río Uruguay. Las administraciones del presidente Yamandú Orsi y el gobierno argentino, en particular, estaban interesadas en evitar un nuevo conflicto similar al vivido a principios de siglo por la instalación de una pastera en Fray Bentos, que había provocado manifestaciones y el cierre de los puentes que conectan ambos países.
El nuevo sitio para la planta de e-combustibles es un terreno de 48 hectáreas perteneciente a ALUR, una empresa controlada por ANCAP, ubicado en el departamento de Paysandú. En esta área ya existe una planta cementera y el terreno está designado como zona industrial, lo que garantiza que se cumplen los requisitos medioambientales para la instalación del desarrollo de combustibles sintéticos.
“Ese es el lugar que se maneja con firmeza hoy”, indicó la fuente oficial consultada. Además, está alejado de Colón, lo que excluye cualquier impacto en el desarrollo turístico de la ciudad argentina, y presenta ventajas logísticas, incluyendo proximidad a una planta de CO2, un insumo crucial para la producción, así como acceso directo a energía, vías férreas y rutas.
La empresa fue consultada sobre el nuevo escenario, pero respondió que, por el momento, no habrá declaraciones públicas. En el marco administrativo previo a la puesta en marcha, las autoridades uruguayas y la multinacional están llevando a cabo negociaciones que aún están en curso.
La inversión de HIF ha generado controversia en días recientes. El proyecto se presentó durante el gobierno del Partido Blanco de Luis Lacalle Pou y continúa bajo la gestión de Orsi.
El pasado viernes, Álvaro Delgado, presidente del directorio blanco y ex secretario general de Presidencia, comentó que el proyecto “corre riesgo” debido a la necesidad de relocalización. Asimismo, cuestionó a la ministra de Industria de la administración del Frente Amplio, Fernanda Cardona, por obstaculizar la negociación con la empresa, pidiendo la intervención del presidente Orsi para evitar que HIF “se vaya a Paraguay, que es el riesgo latente”.
La respuesta llegó de Alejandro Sánchez, actual secretario de Presidencia. “No podemos partidizar una inversión, como se ha intentado en las últimas horas”, reclamó.
“Hace unos meses acordamos un cronograma. Estamos tratando de avanzar para tener un acuerdo de inversiones, pero hay puntos en los que no hay acuerdo respecto a aspectos sustantivos”, explicó Sánchez en declaraciones. Lo que se debate, mencionó, es “quién realiza las inversiones de infraestructura para llevar energía eléctrica a ese lugar (y) asume esos costos”. También está en discusión el precio que la empresa está dispuesta a pagar por dicho servicio.
