El diputado Luis Petri, representante de La Libertad Avanza en Mendoza y exministro de Defensa, brindó una fuerte defensa al Nuevo Régimen Penal Juvenil, destacando que el Estado puede implementarlo sin importar la suspensión judicial en curso. Desde su perspectiva, las provincias ya cuentan con los establecimientos necesarios y se ha ejecutado el presupuesto que permite llevar a cabo esta normativa.
Durante una entrevista que tuvo lugar en un medio digital, Petri expresó que la causa Malvinas sigue siendo un tema vigente de política de Estado. Atribuyó esta continuidad a la política exterior del gobierno de Javier Milei, la cual incluye sanciones a empresas que realizan actividades en los recursos del archipiélago, así como una renovada inversión en el equipamiento de las Fuerzas Armadas.
El legislador calificó la sanción del nuevo régimen como una deuda histórica que la democracia argentina tenía desde hace décadas. Según su análisis, la normativa anterior había sido legado de la dictadura y no ofrecía una respuesta justa y adecuada frente a los delitos cometidos por jóvenes. “Una de las deudas que tenía la democracia era la sanción de un régimen penal juvenil”, aseveró, subrayando que el sistema previo fracasaba en casos de homicidios, violaciones y robos con armas, donde muchos adolescentes quedaban impunes.
Petri también apuntó que el viejo régimen no atendía problemáticas como las adicciones, las dificultades familiares y la deserción escolar. Argumentó que, por lo tanto, no se le otorgaba a los jóvenes herramientas adecuadas para reintegrarse a la sociedad, aprender un oficio o regresar a la educación formal.
Por esta razón, el diputado sugirió que el debate sobre el nuevo régimen no debía concentrarse únicamente en la edad de imputabilidad. En su opinión, el diseño legal debería incorporar sanciones diferenciadas, establecimientos apropiados, una justicia especializada, y penas alternativas a la privación de la libertad. “La prisión es la última ratio”, enfatizó, utilizando este término jurídico para recalcar que la detención debe ser el último recurso del Estado y que solo debería considerarse para aquellos delitos graves que tengan un alto impacto en las víctimas.
En su argumentación, Petri consideró que la discusión sobre la edad de imputabilidad debería ir de la mano con la capacidad del joven de tener conciencia sobre la criminalidad de su acción. Sostuvo que si un joven está consciente de que está cometiendo un delito grave y acepta las consecuencias de ese acto, debería ser juzgado. “Cuando sabe que está matando y acepta las consecuencias de matar y mata, tiene que ser juzgada”, manifestó, refiriéndose a la comprensión de la gravedad de sus actos por parte del joven.
Según Petri, Argentina tiene una de las edades de imputabilidad más altas a nivel mundial. En su exposición, señaló que solo cinco países mantienen una edad de 16 años, mientras que muchos otros se ubican entre los 12 y 14 años. Como referencia, mencionó que Brasil establece la edad en 12 años, Chile a 14 y Uruguay a 13, argumentos que utilizó para abogar por un debate sobre el límite de edad en el contexto del funcionamiento del sistema del país.
El diputado remarcó que no se puede reducir el debate a estadísticas sobre el número de delitos cometidos por menores, afirmando que el foco debe estar en la víctima y en las familias de quienes sufren delitos. “Es por la víctima, es por la persona que sufre el delito, es por la familia que queda sin un integrante”, destacó. Asimismo, criticó el anticuado enfoque del sistema anterior, que ofrecía respuestas basadas únicamente en una prohibición legal. “No lo podemos juzgar porque hay una ley que lo impide”, resumió sobre la justificación que recibían aquellas familias que pedían justicia por los delitos sufridos.
En relación con la suspensión que impuso la jueza Marta Pascual del Juzgado de Responsabilidad Penal N° 2 de Lomas de Zamora, Petri descalificó la afirmación de que el Estado no estaba en condiciones de aplicar la ley. “Es falso lo que dice la jueza y es falso que no esté en condiciones el Estado para dar cumplimiento con la ley”, aseveró.
El exministro de Defensa recordó que, según la normativa previa, cuando un juez intervenía en un caso de homicidio que involucraba a un joven de 14 o 15 años, este podía ser alojado en un establecimiento hasta cumplir 18 años. Detalló que, al cumplir esa edad, el joven recuperaba su libertad.
Destacó que las provincias no partían de cero en este asunto, dado que ya contaban con establecimientos para jóvenes que cometen delitos. Reconoció la necesidad de mejorar esos espacios, pero rebatió la idea de que no existiera capacidad instalada. Cuando se le preguntó sobre si las provincias habían puesto en marcha las estructuras necesarias durante el plazo de 180 días previsto para la implementación, respondió que debían haberlo hecho y que existían las adecuaciones requeridas.
El presupuesto mencionado en la entrevista alcanzaba los $23.739 millones, e incluía un aporte de $3.000 millones del Ministerio de Justicia, así como otros fondos de la Defensoría General de la Nación. Cuando se le interpeló sobre si esos fondos habían sido efectivamente ejecutados, Petri confirmo afirmativamente, aunque no brindó información adicional sobre porcentajes o destinos de los recursos.
El diputado enfatizó que la intervención estatal necesita comenzar antes de que un adolescente cometa un delito. “Cuando deserta del colegio, ahí hay que ir a buscarlo y ver qué pasa en esa familia”, propuso, reiterando que la deserción escolar no implica necesariamente que el joven se convierta en un delincuente, pero sí es una señal de que hay un problema en su entorno familiar y que no se está cumpliendo con la escolaridad obligatoria.
Asimismo, asoció la intervención temprana con el seguimiento de las adicciones, la continuidad en la educación, y el acompañamiento familiar. Aclaró que la intervención penal no debería ser el primer contacto del Estado con un adolescente.
Petri mencionó que, hasta diciembre de 2023, siete de cada diez chicos eran pobres, aunque no precisó si estos datos se referían a pobreza infantil o alguna otra medición. Sin embargo, rechazó la noción de vincular pobreza, marginalidad y delincuencia juvenil. “No podemos caer en la trampa del kirchnerismo de estigmatizar y asociar la pobreza a la delincuencia marginal y a la juventud”, afirmó con firmeza.
Detalló que muchos adolescentes en barrios populares también son víctimas de delitos cometidos por otros jóvenes, indicando que la violencia cotidiana incluye robos de pertenencias básicas.
El legislador subrayó que la prisión no debe ser la respuesta inicial para todos los jóvenes que cometen infracciones, recalcando que el nuevo marco legal contempla medidas alternativas a la privación de la libertad. “La pena privativa de la libertad surge como última respuesta, no como primera respuesta”, reiteró.
El legislador subrayó que la ley incluye hasta nueve sanciones reparadoras o restaurativas que deben ser consideradas antes de imponer una pena privativa de libertad. No obstante, no entró en detalles sobre cada una de estas sanciones, aunque las mencionó dentro de un marco de intervención socioeducativa.
Para los adolescentes de entre 14 y 17 años que ingresen al sistema de responsabilidad penal juvenil, Petri propuso que se debe trabajar para tratar las adicciones, asegurar el regreso a la escuela, e incluso garantizar la terminación educativa dentro del establecimiento. Defendió que aquellos que se encuentren privados de la libertad trabajen y estudien, facilitando así su reinserción social una vez que recuperen su libertad.
El diputado destacó que la organización federal genera disparidades entre las 24 jurisdicciones, dado que cada provincia posee diferentes niveles de infraestructura y capacidades administrativas. “Hay provincias que están lógicamente más preparadas, que cuentan con los establecimientos que hicieron los deberes, y hay provincias que no hicieron los deberes”, expresó.
Sin embargo, Petri resaltó que esta disparidad no debe impedir la aplicación de la ley nacional, argumentando que la falta de preparación de cualquier provincia no puede usarse como excusa para frenar la implementación del régimen completo. Asimismo, hizo un llamado a que, en el caso de las cárceles de adultos, se instalen inhibidores de señal para evitar que se planifiquen delitos desde los recintos penitenciarios.
También abogó por que todos los reclusos deban recibir educación y capacitación laboral.
En sus declaraciones, el diputado acusó al kirchnerismo de tener posturas que favorecen a los delincuentes, y criticó la gestión del gobernador Axel Kicillof por su oposición a medidas que busquen endurecer penas y acelerar procesos judiciales en apoyo a policías y jueces.
Como referencia, recordó un proyecto de ejecución de pena que había presentado en Mendoza en 2012 y que volvió a impulsar en 2017, que buscaba evitar salidas transitorias y la libertad condicional para condenados por homicidios, violaciones, narcotráfico y secuestros. “En determinados tipos de delitos, las condenas tienen que cumplirse en su totalidad dentro del establecimiento penitenciario”, afirmó.
Además, mencionó que en 2025 la Cámara Federal de Casación Penal tuvo que emitir un fallo plenario para unificar distintas interpretaciones sobre la constitucionalidad de la norma, resolviendo que la ley era constitucional por nueve votos contra dos.
Petri afirmó que el Congreso tiene la potestad de fijar la política criminal y establecer que ciertas condenas deben cumplirse de forma íntegra.
En relación con la causa Malvinas, el legislador destacó la necesidad de que toda la clase política respalde esta causa y que se mantenga como política de Estado. Aseguró que el reclamo cuenta con una fuerte base social y que “abraza a todo el pueblo argentino”.
Diferenció la solidez jurídica del reclamo de su impacto en la política internacional, argumentando que el argumento jurídico argentino ha sido consistentemente sólido, aunque el país no tuvo la capacidad política necesaria para sostenerlo en diversas instancias ante el Reino Unido.
Recordó que el Reino Unido ocupó las islas en 1833 y que Luis Vernet fue gobernador desde 1829, sosteniendo que Argentina heredó estos territorios del Reino de España como parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. De esta manera, Argentina ejerció derechos posesorios sobre las islas y las gobernó efectivamente.
“El argumento jurídico siempre fue robusto. El problema es que políticamente el reclamo argentino era intrascendente”, subrayó, planteando que la dificultad no radicaba en la base jurídica, sino en la falta de peso político para sostener dicho argumento.
Petri atribuyó el cambio en la postura argentina a la política exterior que se ha desplegado desde el 10 de diciembre de 2023, señalando que el gobierno de Milei ha buscado redefinir alianzas internacionales y fortalecer los vínculos con Estados Unidos, Israel y Europa.
Criticó las relaciones que, según su interpretación, había mantenido el kirchnerismo con regímenes como Cuba, Venezuela, Nicaragua e Irán, mencionando incluso el memorándum firmado con Irán como una decisión que no debería ser olvidada.
Dijo que Estados Unidos está dispuesto a reconsiderar su postura debido a que considera a Argentina un socio confiable, lo que atribuyó a la política exterior del actual gobierno en lugar de únicamente a la cadena de Milei sobre Malvinas. “Hoy tenés un Estados Unidos que, hasta las declaraciones de Trump, no había modificado su posición, que hoy te dice: ‘Nosotros estamos dispuestos a rever nuestra posición porque tenemos un socio confiable’, y Argentina es un socio confiable”, indicó.
Petri mencionó que las sanciones que ha anunciado el gobierno buscan impedir que empresas extranjeras exploten recursos naturales en la zona de las islas, incluyendo actividades en hidrocarburos y pesca. “Puede impedir, no quien quiere, sino quien puede”, expresó.
El diputado vinculó esta capacidad con la situación de Vaca Muerta, YPF y otros recursos naturales en el oeste argentino. La denominó soft power, término en inglés que describe la habilidad de un país para influir y obtener resultados mediante medios económicos, diplomáticos y políticos sin utilizar la fuerza militar de manera directa.
Aseguró que las empresas que intenten explotar recursos en Malvinas podrían ser excluidas del mercado argentino y enfrentar sanciones. Según su planteo, esta posibilidad altera la relación de fuerzas en la discusión con el Reino Unido. “Hoy nosotros tenemos poder coercitivo”, concluyó, refiriéndose a la capacidad del Estado de imponer restricciones a quienes desafían los intereses argentinos.
Por último, Petri rechazó la idea de que Milei haya adoptado una postura neutral sobre la soberanía argentina, reiterando que el presidente siempre ha defendido la recuperación de las islas. Aclaró que el mandatario no planteó la cuestión de la soberanía como una renuncia al reclamo sobre Malvinas. “No, lo que dijo es: ‘Los propios habitantes de Malvinas van a querer ser argentinos’”, afirmó.
Además, aseveró que el reclamo sobre Malvinas también depende de la capacidad militar que tenga Argentina, indicando que la fortaleza militar de una nación es esencial en cualquier negociación internacional. “Cuando las Fuerzas Armadas no tienen equipamiento, es la política más funcional a los intereses del Reino Unido”, expresó.
Petri denunció que las Fuerzas Armadas han sido demonizadas, humilladas y desfinanciadas a lo largo de los años. En este sentido, enfatizó que durante su gestión como ministro de Defensa se inició un proceso para recuperar las capacidades que se habían perdido.
El diputado mencionó la adquisición de 24 aviones F-16, mencionando que seis ya habían sido entregados y otros seis estaban en camino. También abordó la compra de vehículos Stryker, que son blindados utilizados para el transporte de tropas y operaciones de combate. “Ya llegó un lote, van a llegar otros 230 más, falta muchísimo”, concluyó.
Finalmente, afirmó que es urgente mejorar tanto los salarios como las condiciones de obra social de los militares, señalando que es imperativo atender a cuestiones como las remuneraciones que son inferiores a $1 millón, planteando que se concretaría un aumento del 12%. Al recordar su tiempo como ministro, mencionó que había 20 mil soldados que no contaban con comida en los cuarteles y que debían gestionar sus guardias.
