Hay un funcionamiento que plantea interrogantes. El Gobierno tiene la intención de otorgar mayores poderes a las fuerzas armadas e involucrarlas en tareas de seguridad interna, tal como se indica en la iniciativa legislativa denominada ‘Defensa de la Soberanía Nacional’. Sin embargo, la administración de Javier Milei no ha logrado frenar la caída del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), que se ha convertido en una de las principales preocupaciones entre los miembros de las fuerzas. Recientemente, Carlos Presti, ministro de Defensa, solicitó la renuncia del administrador del IOSFA, en un contexto de protestas debido a la posible desvinculación de 576 trabajadores civiles. La respuesta gubernamental ha sido la habitual: denuncias penales y despliegue de la policía.
El IOSFA, creado en mayo de 2013 durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, tiene como misión brindar servicios a los integrantes de las Fuerzas Armadas, incluyendo al Ejército, la Marina, la Aeronáutica, así como a las fuerzas de seguridad de Gendarmería y Prefectura. Este instituto llegó a contar con unos 396.000 afiliados, constituyéndose en una de las obras sociales más relevantes, solo por detrás de PAMI e IOMA.
No obstante, la situación se tornó insostenible con la llegada de Milei al poder. Según diversas fuentes, al finalizar el mandato de Alberto Fernández, el IOSFA presentaba un superávit. En ese período, la obra social estaba dirigida por Darío Díaz Pérez y contaba con dos recaudaciones favorables, con fondos depositados en un plazo fijo para evitar su devaluación.
Un exfuncionario del área de Defensa sostiene que el colapso definitivo del IOSFA se produjo durante los primeros meses de la administración de La Libertad Avanza (LLA), como resultado de la megadevaluación propiciada por el nuevo Gobierno y la suspensión del acuerdo para rejerarquizar a las Fuerzas, una medida acordada durante el mandato de Jorge Taiana. La baja en los salarios implica también una reducida recaudación, lo que genera un efecto cascada sobre la sostenibilidad de la obra social.
La crisis se acentuó con Luis Petri al frente del Edificio Libertador, hasta tal punto que la diputada libertaria Lourdes Arrieta lo denunció por el desfalco en el IOSFA. De ascendencia militar, Arrieta fue una de las legisladoras que visitó a represores encarcelados y, posteriormente, presentó una denuncia penal contra varios miembros del oficialismo, además de formar su propio monobloque.
Cuando Presti asumió el mando, la crisis del IOSFA ya alcanzaba dimensiones alarmantes, con una deuda que superaba los 213.000 millones de pesos, gran parte de la cual correspondía a prestaciones de afiliados de fuerzas de seguridad como Prefectura y Gendarmería.
En febrero de este año, Milei firmó el decreto 88, a través del que se instituyó la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), dependiente del Ministerio de Defensa, que solo abarca a Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Paralelamente, el Ministerio de Seguridad procuró un prestador privado y anunció que las fuerzas tenderían servicios a través de Medicus.
“Al dividirla, es más difícil de sostener porque son menos aportes”, señala una fuente familiarizada con el manejo del área.
Presti designó al coronel retirado Ariel Guzmán como nuevo administrador de IOSFA y como liquidador de la obra social. Sin embargo, su gestión culminó en un conflicto. El miércoles, el general Presti solicitó la renuncia de Guzmán en su oficina.
En el IOSFA, actualmente se estima que hay 3.450 trabajadores. De ellos, 576 pertenecen al área de turismo social, un sector donde laboran civiles en trece hoteles y tres centros recreativos asociados a la obra social.
Fiel a su línea de acción, el Gobierno optó por cumplir un reclamo histórico de las Fuerzas Armadas: devolver los hoteles a cada rama, lo que ocurrió con la decisión de Presti de restituir los inmuebles, pero sin el personal.
Simultáneamente, IOSFA comenzó a retirar fondos de los hoteles, ordenando la devolución de reservas ya realizadas, como el caso del hotel de Mar del Plata, que había recibido numerosas solicitudes para el período entre el 2 y el 7 de noviembre, coincidiendo con la celebración de los Juegos Evita en la ciudad.
Rubén López, representante de la Asociación de Trabajadores del Estado, destacó que se trataba de ingresos genuinos para la obra social. López también manifestó que los empleados recibieron notificaciones de sus superiores en los hoteles y campings indicando que, sin una contraorden, no deberían presentarse a trabajar a partir del 1 de octubre.
Ante la inminente despido de 576 trabajadores y el impacto en sus familias, en un contexto donde la pobreza supera el 32 por ciento, se llevó a cabo una movilización hacia la sede de IOSFA en Balvanera. Al llegar, se encontraron con las persianas bajas, mientras que había empleados aún dentro del edificio.
Una vez que lograron ingresar, los representantes del gremio solicitaron dialogar con los directivos, exigiendo que los trabajadores fueran desalojados del edificio. Finalmente, se estableció una reunión con el general de brigada retirado Omar Horacio Domínguez, vicepresidente del IOSFA.
Durante el encuentro, se entregó una nota denunciando el vaciamiento del IOSFA. Argumentaron que el Gobierno no estaba cumpliendo con lo estipulado en el decreto 88, el cual establecía que tanto los inmuebles como el personal del IOSFA debían pasar a la OSFA. En otro decreto, el 788/2026, Milei decidió eliminar los servicios de Turismo y Farmacia, lo que resultará en el despido de trabajadores en esas áreas.
Domínguez se comprometió a brindar una respuesta antes del miércoles 30 de septiembre. Sin embargo, tras la reunión, los referentes de la Asociación de Trabajadores del Estado se encontraron con un despliegue policial que los esperaba para su detención. Aunque la detención no se llevó a cabo, los líderes sindicales quedaron involucrados en una causa por violación de domicilio.
“Una de las peores decisiones de Milei fue el desfalco en IOSFA. En este capítulo final buscan despedir a los trabajadores. Habrá que observar si esos hoteles, utilizados por el personal, continúan operativos”, lamentó el exministro de Defensa Agustín Rossi.
La Oficina de Respuesta Oficial emitió un comunicado extenso para justificar el desguace, argumentando que los hoteles dejaban un déficit anual superior a 2.000 millones de pesos.
El diputado nacional contestó que el Gobierno ha provocado un gran desfalco y que, en lo que va de su gestión, Milei ha designado a tres personas al frente del IOSFA y a dos en la OSFA, evidenciando el desmanejo existente.
“Para tratar de ocultar los rastros de su mala gestión y falta de transparencia, al igual que con la Agencia Nacional de Discapacidad, disolvieron el IOSFA y crearon la OSFA”, concluyó, refiriéndose a la agencia que enfrenta una investigación penal por sobreprecios y irregularidades.
