La situación fiscal de 2026 obliga al Gobierno a cambiar su estrategia económica, pasando del recorte generalizado (“motosierra”) a una gestión del gasto más precisa (“bisturí”) para sostener la meta de superávit. Este giro se debe a que las condiciones de ajuste han cambiado: la caída real del 8% en la recaudación tributaria del primer trimestre y la desaceleración inflacionaria (que desactiva el efecto “licuadora” del gasto) ejercen una fuerte presión sobre las cuentas públicas.
El riesgo no es un desvío inmediato, sino la “acumulación de pequeñas presiones” como la debilidad en los ingresos, la moderación en la caída de subsidios, la recomposición presupuestaria de universidades, la menor capacidad de maniobra de las provincias y la rigidez de las prestaciones sociales.
A pesar de la caída de ingresos, el gasto total se redujo un 5,1% real en el primer trimestre, pero con gran heterogeneidad: mientras partidas como gastos de funcionamiento, obra pública y transferencias a provincias sufrieron recortes cercanos al 30% (“motosierra residual”), otras como las universidades (aumento del 32,6%) y los subsidios económicos (aumento del 15%) experimentaron un incremento real.
En conclusión, el superávit de 2026 dependerá de la “prueba de gestión fina” del Gobierno, que debe demostrar una mayor pericia administrativa y política para realizar ajustes puntuales ante la debilidad de la recaudación y la ausencia del efecto licuador de la inflación.
