La reforma laboral se implementó con la intención de fomentar la creación de empleo, sin embargo, los resultados hasta ahora han sido contrarios a lo esperado: en los primeros cuatro meses desde su entrada en vigor, se registraron 36.000 puestos de trabajo formales perdidos y 6.905 empresas cerradas en todo el país. A la par, los salarios del sector privado continuaron perdiendo poder adquisitivo, y la informalidad alcanzó el 45 por ciento de los trabajadores.
Estas cifras corresponden a la primera edición del Monitor de la Reforma Laboral, elaborado por el Instituto Argentina Grande (IAG), que evaluó el mercado laboral desde la implementación, en marzo, de la Ley de Modernización Laboral. Esta iniciativa fue presentada por el oficialismo como una herramienta para reducir costos y obstáculos en la contratación, con el fin de impulsar la creación de empresas.
No obstante, los primeros meses de aplicación de la ley han coincidido con una persistente destrucción de empleos formales. El empleo privado formal ha acumulado 13 meses consecutivos de descenso, con una pérdida total de 241.200 puestos desde noviembre de 2023. Este retroceso afectó no solo a los sectores más perjudicados por la disminución del consumo y la actividad económica, sino también a áreas que mostraron crecimiento, como la minería, el petróleo y la intermediación financiera.
Uno de los problemas más destacados es la baja incorporación de nuevos trabajadores al empleo formal. Según el IAG, la tasa de acceso al empleo formal cayó al 1,6 por ciento del total de ocupados. Esto indica que los cambios introducidos por la reforma, que incluyen la extensión del período de prueba y el sistema de banco de horas, aún no han producido un cambio en la tendencia de contrataciones.
El deterioro del mercado de trabajo se refleja también en otros indicadores. La tasa de desempleo se sitúa en el 7,9 por ciento, mientras que la subocupación alcanza el 11,5 por ciento. La informalidad ha escalado al 45 por ciento de los ocupados, marcando el nivel más alto en la historia de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Actualmente, más de 6 millones de personas trabajan en condiciones no registradas, y en el último año, la informalidad creció con 348.000 nuevos puestos, en su mayoría por la expansión del trabajo autónomo.
El panorama también revela una falta de recuperación en el tejido empresarial. En los primeros cuatro meses de la reforma, se cerraron 6.905 empresas y desde el inicio de la gestión de Javier Milei, 31.342 firmas han dejado de operar. En el último mes evaluado, 709 empresas cesaron su actividad.
El impacto se ha concentrado principalmente en pequeñas y medianas empresas. Las firmas con entre 1 y 10 trabajadores sufrieron una contracción del 6,8 por ciento, mientras que el 47 por ciento de los cierres corresponde a empresas de hasta 100 empleados. Esto sugiere que las flexibilizaciones en las condiciones de contratación no han logrado contrarrestar las dificultades que enfrentan los negocios de menor tamaño.
Por último, la pérdida de unidades productivas se ha extendido prácticamente a todo el país, con cierres en 23 de las 24 jurisdicciones, siendo las provincias del Norte y Cuyo las más afectadas. Neuquén se destacó como la única excepción, con un saldo positivo de 72 empresas.
