En un plazo de dos años, los medicamentos dispensados a través del PAMI han experimentado una caída del 18,45 por ciento, a pesar de que en el mismo lapso la obra social ha incorporado 250 mil nuevos afiliados. Esta situación revela una creciente disparidad entre la evolución de los precios del mercado farmacéutico, el incremento del costo de vida y el poder adquisitivo de los jubilados.
La disminución en la venta de medicamentos se atribuye principalmente al aumento desproporcionado de los precios en el marco del convenio, donde los valores de los medicamentos cubiertos por PAMI han crecido a un ritmo superior al de la inflación general.
Este incremento de precios ha generado una carga adicional para los jubilados, limitando tanto la cantidad de unidades de medicamentos adquiridas como la capacidad de elegir entre qué productos comprar. En algunos casos, se han visto obligados a discontinuar tratamientos.
La situación se vuelve más preocupante cuando se consideran los datos del Instituto Argentina Grande (IAG), que evidencian que, a pesar del aumento en el padrón de beneficiarios de la obra social, las ventas de medicamentos han disminuido considerablemente.
Curiosamente, el descenso en el consumo de medicamentos ocurre en un contexto de crecimiento en el número de afiliados, ya que el IAG reporta un incremento de 250 mil afiliaciones desde abril de 2024 y un aumento de 343 mil desde noviembre de 2023. A pesar de este aumento en la afiliación, bajo la administración de Javier Milei, el consumo de unidades de medicamentos ha caído casi un 20 por ciento en dos años.
Este fenómeno refleja que el aumento de precios ha llevado a los jubilados a reducir su gasto en medicamentos, priorizando otros gastos esenciales en su salud, como el acceso a alimentos básicos.
El endurecimiento de los requisitos para la cobertura total de medicamentos ha coincidido con un descenso en las ventas. Durante la gestión del actual presidente, se modificaron las normas de PAMI, recortando el vademécum de medicamentos que disfrutaban de una cobertura universal del 100 por ciento, reestructurando los beneficios y limitando la gratuidad a quienes cumplan con criterios específicos bajo el Subsidio Social por Razones Sociales.
Como consecuencia, muchos medicamentos que antes estaban cubiertos ahora tienen descuentos parciales que oscilan entre el 40 y el 80 por ciento, obligando a los jubilados a abonar diferencias de precios por muchas de sus recetas.
Además, se implementaron filtros de ingresos y patrimoniales para acceder a la gratuidad. Para calificar para el subsidio social, el ingreso total del hogar no debe superar 1,5 haberes mínimos previsionales, y la base de datos de la AFIP y la ANSES excluye automáticamente a aquellos que tienen ciertas propiedades o seguros de salud privados.
La reducción en el consumo de medicamentos también se contextualiza en una disminución general del haber jubilatorio mínimo. La decisión del Gobierno de mantener congelado el bono extraordinario de 70.000 pesos durante 2024, sin actualizarlo por inflación, ha resultado en una pérdida de poder adquisitivo para quienes perciben el haber mínimo.
Dado que los medicamentos constituyen una parte importante de los gastos para los jubilados, la depreciación del ingreso real se traduce en un recorte en su acceso a la atención sanitaria.
Asimismo, el aumento de tarifas de servicios públicos ha afectado aún más la situación económica de los jubilados. Los incrementos en las facturas de servicios esenciales consumen una proporción cada vez mayor de sus ingresos, lo que limita aún más su capacidad de gasto en salud, llevando a ajustar su presupuesto en medicamentos.
Este escenario tarifario también impacta en la cadena de farmacias, que enfrentan costos operativos en aumento, especialmente en términos de conservación y mantenimiento, en un contexto de ventas en declive y márgenes de ganancia mermados.
Con respecto a los subsidios, PAMI ha actualizado los límites de ingresos para solicitar medicamentos sin costo. El nuevo umbral se fijó en 653.622,77 pesos mensuales, y se elevó a 1.307.245,53 pesos para hogares con personas que posean un Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Sin embargo, cumplir con estos requisitos no garantiza automáticamente el beneficio, ya que las solicitudes están sujetas a auditorías de patrimonio familiar y, en ocasiones, se requiere un informe social y una revalidación médica, si el gasto en medicamentos supera el 15 por ciento del haber.
En paralelo a estos cambios, se ha implementado un nuevo sistema de entrega y retiro de medicamentos en farmacias, que implica una digitalización del proceso de venta. Se introducen mecanismos de validación que requieren identificación a través de códigos y tokens digitales, complicando el proceso para muchos jubilados que deben adaptarse a estos nuevos procedimientos.
