La investigación judicial en Córdoba avanza en relación a un presunto fraude millonario vinculado con la compra de dólares oficiales durante la administración de Alberto Fernández, los cuales se habrían vendido a valores superiores.
Desde la ciudad, se ha revelado el funcionamiento de una “cueva” ubicada en el piso 20 de la Torre Prourban, un emblemático edificio cilíndrico conocido coloquialmente como “El Rulero”, en el barrio de Retiro.
Esta investigación cordobesa se relaciona con una denuncia presentada hace un año por Guillermo Guiñazú ante la Justicia Federal, donde se acusó a un grupo familiar de operar una “organización criminal” dedicada al lavado de activos, contrabando de divisas, intermediación financiera no autorizada y fraude informático.
Los Guiñazú son los fundadores de la casa de cambio Maguitur, que fue adquirida por Megalatina Sociedad Anónima, ligada al Frente Renovador liderado por Sergio Massa. El abogado de Guiñazú, Miguel Ortiz Pellegrini, confirmó que su cliente brindará testimonio de forma virtual desde Estados Unidos el próximo jueves. El letrado había solicitado al fiscal de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Alberto Lozada, que el fiscal Carlos Casas Nóblega diera celeridad al proceso.
Durante el cepo cambiario, cuando Massa estaba al frente del Ministerio de Economía, la entidad de los Guiñazú habría tenido acceso privilegiado a dólares oficiales a través de contactos en el Banco Central, justificando su demanda con operaciones de una sociedad offshore en Florida. Posteriormente, estas divisas habrían sido vendidas en el mercado paralelo, acumulando aproximadamente US$500 millones.
La denuncia interpuesta por Guiñazú busca establecer cómo Maguitur S.A. se habría convertido en el núcleo de una red financiera clandestina con conexiones en varias provincias y en el exterior. Esta firma fue creada por José Manuel Guiñazú, padre del denunciante, y, según el relato judicial, comenzó su actividad de manera legítima.
En 2020, la compañía fue liquidada, pero el denunciante sostiene que esto no puso fin a las operaciones, ya que las actividades continuarían “en negro” a través de nuevas sociedades y “cuevas”. Asegura que la infraestructura y el conocimiento acumulado por la empresa original fueron utilizados para mantener una operación clandestina.
La presentación judicial menciona a varios nombres, incluidos familiares del denunciante, así como a diferentes sociedades y ubicaciones. Gastón Guiñazú Boggetti, Federica Soler, Francisco Javier Lozada, Juan Pablo Mortarotti, Emiliano Guiñazú y Débora Brochero son identificados como posibles responsables de distintos segmentos de esta trama.
Gastón Guiñazú, uno de los involucrados, desmintió las acusaciones, señalando que “es todo mentira. Es un problema de sucesión; la empresa fue disuelta, como se probó en Mendoza y en Buenos Aires. No pudo presentar ninguna prueba de lo que dice”. También añadió que su hermano está bajo investigación en Estados Unidos, a lo que Guillermo respondiéndole, indicó que esa fase ya ha concluido.
Según la denuncia en la Justicia de Córdoba, la exMaguitur habría continuado operando con diversos nodos y vínculos en el edificio “El Rulero”. Mendoza es citada como un centro principal de operaciones, relacionadas con el traslado de divisas hacia Chile. Por su parte, Córdoba también figura como un punto clave, con movimientos de dinero hacia Salta, Bolivia, Misiones, Paraguay y Brasil.
El escrito incluye además menciones a sociedades registradas en Argentina y corporaciones en Estados Unidos, junto con personas que habrían actuado como testaferros. Entre las sociedades mencionadas figuran Inter Cambio SRL y Full Consulting SRL, y en el ámbito estadounidense se destacan E&D Real Investment Inc. y Aexchange Corporation.
Un aspecto relevante en la denuncia es la grabación de una conversación telefónica con María Alina Díaz, quien se habría puesto en contacto con Guillermo Guiñazú en noviembre de 2023 con la intención de aportar información sobre la estructura societaria. Aunque había concertado una reunión con un abogado para el 21 de noviembre, Díaz no asistió debido a su fallecimiento. La denuncia incluye el audio y solicita que se convoque como testigo al abogado Pablo Corvalán Nanclares, a quien se le atribuye conocimiento de este encuentro.
En la más reciente presentación ante el fiscal Lozada, los abogados solicitan informes de Migraciones para analizar los movimientos fronterizos de las personas consideradas operadoras; información fiscal, patrimonial y societaria; datos sobre cuentas y operaciones cambiarias; reportes de operaciones sospechosas ante la UIF; registros societarios; y detalles sobre propiedades y vehículos. También se plantea la necesidad de realizar pericias contables para rastrear flujos financieros y detectar posibles aumentos de patrimonio no justificados, así como una pericia informática sobre un software que, según la denuncia, se habría empleado para manipular registros contables y ocultar operaciones.
Por último, se piden allanamientos en domicilios vinculados a las supuestas cuevas, la intervención de comunicaciones de los principales investigados, restricciones y congelamiento de cuentas, así como cooperación judicial con Estados Unidos para indagar sobre la titularidad y los movimientos de las sociedades y cuentas allí radicadas.
