El Gobierno nacional intensificó su acción en el Atlántico Sur, luego de la cadena nacional emitida la semana pasada por Javier Milei, mediante la implementación de dos nuevas medidas. En primer lugar, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, viajarán este viernes a Tierra del Fuego para inspeccionar el sitio destinado a la construcción de la Base Naval Integrada, con el propósito de acelerar el avance de la obra.
Simultáneamente, el Ejecutivo ha avanzado con sanciones contra 15 empresas internacionales que operan en las Islas Malvinas sin contar con la autorización de Argentina. Este paso se suma a las notificaciones enviadas durante el fin de semana a 45 sujetos adicionales, que incluyen tanto personas físicas como jurídicas.
Estas acciones fueron discutidas en una nueva reunión de la Mesa Política en la Casa Rosada, la primera que incluyó a Quirno y Presti. También se revisó el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que el Gobierno planifica presentar la próxima semana ante la Cámara de Diputados.
La propuesta promovida por Javier Milei incluye tres ejes fundamentales. El primero consiste en endurecer las penas establecidas en la Ley 26.659 para las empresas que actúen sin autorización en el archipiélago y para sus proveedores, además de prever la posibilidad de juicios en ausencia cuando sea pertinente.
El segundo eje contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, cuya misión será coordinar las acciones de las áreas de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. El tercer aspecto plantea que el Congreso otorgue a este organismo herramientas económicas y diplomáticas específicas para hacer frente a amenazas tanto de Estados como de actores no estatales.
Durante la reunión en la Casa Rosada, Presti expuso los pormenores de la Base Naval Integrada y del Polo Logístico proyectado en Tierra del Fuego. Para financiar esta obra, el Gobierno ya ha reasignado 142 millones de dólares del presupuesto nacional, aunque esa cifra representa solo una parte del costo total estimado.
Ante esta situación, Milei solicitó al ministro de Economía, Luis Caputo, que priorice la obra en el presupuesto 2027, junto con otros proyectos vinculados a la seguridad nacional.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, además, se encargó de clarificar el alcance del proyecto, rechazando una interpretación que lo considere estrictamente militar: “Esta base no tiene un carácter bélico, sino que funcionará como el polo logístico más importante del Atlántico Sur y servirá de apoyo operativo y científico para nuestra proyección geopolítica hacia la Antártida”.
En cuanto a la financiación, Ravier aseguró que se llevará a cabo con capitales “100% argentinos” y desestimó cualquier colaboración extranjera: “No hay ninguna colaboración material de parte de Estados Unidos para la construcción de la base naval”.
La acción contra las empresas que operan en Malvinas también tiene una vertiente judicial. Recientemente, Quirno y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, presentaron una denuncia penal contra cinco compañías vinculadas a la explotación de hidrocarburos en el archipiélago.
