Uno de los inversores que adquirieron el criptoactivo $LIBRA, quien fue excluido por el juez Marcelo Martínez de Giorgi como querellante en el caso, ha interpuesto recientemente una apelación contra esa decisión. Su petición busca mantener abierta la investigación judicial que intenta determinar si hubo un fraude relacionado con el lanzamiento del token promovido por el presidente Javier Milei.
La apelación fue presentada por Juan Patricio Marchetto, respaldado legalmente por el dirigente social Juan Grabois y el abogado Nicolás Rechanik. Su objetivo es establecer un marco jurídico que impida el cierre de la causa, tras la determinación de Martínez de Giorgi, quien accedió a la solicitud del fiscal Eduardo Taiano, quien argumentó no haber encontrado indicios de delito.
La resolución del juez exoneró a Milei y a otros diez individuos investigados, que incluyen a la secretaria General de Presidencia, Karina Milei; a los criptolobbistas Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy; al empresario estadounidense Hayden Davis, responsable del lanzamiento; y a varias otras personas involucradas en el proyecto.
En su argumentación, Grabois y Rechanik critican severamente la decisión de Taiano y su desempeño en el transcurso del caso. Sostienen que si el tribunal consideraba que ciertos aspectos no estaban plenamente establecidos, lo apropiado habría sido dictar una falta de mérito o continuar con la investigación, en lugar de concluir de manera anticipada que los hechos no constituían delito.
“No estamos frente a una investigación sustentada únicamente en la publicación efectuada por Javier Milei. La investigación permitió reconstruir una sucesión de acontecimientos anteriores, concomitantes y posteriores al lanzamiento de $LIBRA que, valorados en su conjunto, justificaban profundizar la imputación y recibir explicación de sus protagonistas”, señalaron los letrados.
Los abogados también trazan un historial de las comunicaciones entre Milei, Novelli y Davis en las semanas previas al lanzamiento, así como los movimientos de criptomonedas que se produjeron posteriormente.
Además, reiteran una de las críticas más relevantes hacia la actuación de Taiano: la falta de indagatorias a ninguno de los once investigados. “Con todos los elementos obrantes en autos, era imprescindible escuchar en declaración indagatoria a quienes debían brindar explicación sobre esas circunstancias”, puntualizan los abogados.
Según el escrito, las conclusiones que llevaron a Taiano a cerrar el expediente no son suficientes para descartar la existencia de conductas delictivas. Por ejemplo, para argumentar en contra de una posible estafa, el fiscal señala que las pérdidas de los inversores se atribuyen a la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas. En respuesta, los letrados insisten en que se debe investigar si los organizadores poseían información “asimétrica” que pudiera haber facilitado el engaño.
Uno de los aspectos más intrigantes del caso $LIBRA es la identidad de los titulares de las 74 billeteras criptográficas que ejecutaron 87 operaciones de compra por un total de 13,5 millones de dólares, realizadas momentos antes del tuit de Milei, lo que sugiere la posibilidad de un acceso a información privilegiada.
Por otra parte, señalaron que la investigación había previsto la realización de pruebas que no fueron incorporadas al expediente. Entre estas, se incluían peritajes de los dispositivos de dos de los imputados, Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco, quienes recibieron transferencias de Hayden Davis y se sospecha que pudieron haber actuado como intermediarios en las transacciones de dinero.
Los abogados mencionaron también que había una serie de posibles testigos que podrían haber aportado información relevante al proceso, pero que nunca fueron convocados. Entre ellos se encuentran Ariel Parkinson (coorganizador del Tech Forum), Arturo Osete Herraiz (intérprete de Hayden Davis en Argentina), y los hermanos Marcelo y Leandro Aranda (quienes acompañaron a Davis por el país en su búsqueda de inversores), así como la abogada Yanina Nicoletti (asesora legal de Davis).
El escrito refiere que, aunque Taiano tenía la intención de citar a la periodista Natalia Volosin por filtraciones publicadas en su medio, finalmente no lo hizo. Volosin fue mencionada por Milei en un evento reciente, donde exigió que ciertas figuras “debían arder en la hoguera”.
Los inversores habían sido removidos de la causa como querellantes el 3 de julio, tras una solicitud de Mauricio Novelli que fue aceptada por Martínez de Giorgi. Agrupados en dos sectores, uno representado por Grabois-Rechanik y otro por el letrado Nicolás Oszust, ambas partes apelaron la resolución, pero la Sala I de la Cámara Federal validó la decisión.
Ante tal escenario, ambos grupos pidieron que la Cámara II de Casación revalúe el fallo. En su argumentación, Grabois-Rechanik sostienen que mientras existan vías judiciales por agotar, los fallos aún no son firmes, por lo que mantienen la figura de “pretensos querellantes”, que les otorga la misma condición legal y derechos plenos. Los inversores representados por Oszust han confirmado que también están preparando un recurso similar para evitar el cierre del expediente.
Por otra parte, Grabois y Rechanik invocan como jurisprudencia la decisión de reabrir la causa de la Ruta del Dinero K contra la expresidenta Cristina Kirchner por lavado de activos, que aunque había resultado en un sobreseimiento por parte del fiscal Guillermo Marijuan, fue reabierta a partir de un pedido de la ONG “Bases Asociación Civil”, con el aval de la Sala I de la Cámara Federal.
“En aquel caso, como en el presente, se investigaban presuntos hechos de corrupción”, argumentan los letrados. “En el caso $LIBRA, la corrupción causó un daño específico y concreto a las personas que fueron estafadas, pero también, debido a la naturaleza de estos delitos, tiene implicancias que afectan a toda la sociedad”, añadieron.
En el documento, los abogados también destacan que se infringió la ley 25.188 (de ética pública), ya que “un grupo de funcionarios públicos estuvo involucrado en una negociación incompatible y, a la vista de todos, traficaron con las influencias que les confería su cargo”.
Taiano había desestimado esta versión, basándose en una investigación interna de la Oficina Anticorrupción, que indicó que Milei no había infringido esa norma porque no promovió $LIBRA en calidad de Presidente, sino como ciudadano, utilizando su perfil en una red social y sin comprometer recursos públicos.
“En este caso, la estafa se alimentó de la corrupción pública; sin corrupción, no habría existido la estafa”, afirmaron los abogados. “La sociedad necesita garantizar que los cargos públicos y los privilegios que derivan de ellos no sean puestos al servicio de intereses privados”, concluyeron en su escrito.
