El teléfono móvil del trader Mauricio Novelli, las cajas de seguridad asociadas a él y su familia, así como las billeteras de criptomonedas que realizaron transacciones tras el lanzamiento de $LIBRA, fueron elementos centrales de un expediente que ahora se considera prácticamente cerrado. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi decidió sobreseer a Javier Milei, Karina Milei y otros nueve imputados, concluyendo que las pruebas presentadas no alcanzaban para demostrar los delitos acusados.
La inesperada decisión del 23 de octubre plantea una interrogante fundamental: si la documentación y los movimientos observados durante la investigación podían corroborar un acuerdo para impulsar el lanzamiento de la criptomoneda a cambio de dinero, o si constituían indicios que no lograron ser confirmados.
La denuncia esbozó una supuesta operación en la que el respaldo público del Presidente podría haber servido como garantía de confianza para atraer inversores, mientras un pequeño grupo de billeteras retiraba fondos después del aumento del token. Se estimó que esta maniobra pudo haber ocasionado la extracción de aproximadamente 100 millones de dólares, afectando a más de 40,000 compradores.
No obstante, el magistrado consideró que, a pesar de haberse reconstruido algunas operaciones y hallado documentos relevantes, no se pudo demostrar el vínculo necesario entre esos elementos y la comisión de un delito. Uno de los puntos destacados del expediente provino del análisis forense de los dispositivos de Novelli, donde se encontró una nota que decía en inglés: “this is the final agreement as discussed with H.” (“este es el acuerdo final, como se habló con H.”).
Este descubrimiento avivó las sospechas sobre un posible entendimiento entre operadores privados y el entorno del Presidente. En el marco de la denuncia, surgió la hipótesis de que detrás de la promoción de $LIBRA podría existir un acuerdo económico que involucrara al creador del token, Hayden Davis, y a personas cercanas al Presidente.
Sin embargo, el juez Martínez de Giorgi resaltó que el peritaje no había podido probar que esta nota hubiera sido enviada a terceros o que el supuesto acuerdo hubiera sido realmente formulado, recibido y aceptado. El juez fue claro al señalar que “no demuestra por sí misma la existencia de un acuerdo perfeccionado ni permite establecer sus términos definitivos, sus partes, su objeto o la eventual inclusión de una contraprestación por el ejercicio indebido de influencia”.
El expediente también incluía una oferta del Kelsier Group, datada el 21 de noviembre de 2024, dirigida a Novelli y otros involucrados, mencionando posibles actividades asociadas con el Gobierno argentino, la tecnología blockchain, Web3 e inteligencia artificial.
El magistrado, sin embargo, dictaminó que la existencia de ese documento no bastaba para probar un acuerdo ilícito ni que se hubiera pactado un pago para obtener reuniones o favores oficiales. La falta de firmas y elementos que demostraran su aceptación fue crucial en la valoración judicial.
Así, uno de los elementos que generaban mayores sospechas en relación al teléfono de Novelli resultó insuficiente para probar la existencia de un pacto criminal. Otro aspecto relevante fue el análisis de las cajas de seguridad a nombre de Novelli. La investigación había identificado movimientos de ingreso y egreso, además de registros y filmaciones de operaciones realizadas por sus familiares en momentos cercanos al lanzamiento del criptoactivo.
La coincidencia temporal de esos movimientos con el episodio de $LIBRA suscitó dudas sobre la posible gestión de fondos en efectivo y su relación con los hechos investigados. Sin embargo, los allanamientos realizados en una sucursal del Banco Galicia dieron un resultado negativo, ya que las cajas estaban vacías. El fallo consideró los registros, pero concluyó que la existencia de movimientos bancarios, sin otros elementos que permitan determinar qué se guardó y con qué propósito, no demostraba que se hubieran depositado fondos destinados a funcionarios o colaboradores del Gobierno.
Dicho de otro modo, aunque las operaciones registradas podían resultar de interés para la investigación, no se logró establecer que las cajas se emplearan para almacenar o distribuir sobornos vinculados al lanzamiento de la criptomoneda.
La trazabilidad de los fondos también fue un punto central en la causa. Tras la promoción de $LIBRA por parte de Milei, el precio del token aumentó de cerca de 0,01 dólares a cerca de 5 dólares, antes de caer drásticamente. Se argumentó que la caída se debió a operaciones de venta llevadas a cabo por miembros del equipo creador y otros actores que habrían tenido acceso a información privilegiada.
La denuncia alegó que un reducido grupo de billeteras había retirado unos 100 millones de dólares, mientras muchos inversores experimentaban pérdidas. La hipótesis buscaba determinar si estos movimientos correspondían a una maniobra organizada y si parte del dinero se había utilizado para efectuar pagos ilícitos.
La investigación fue respaldada por organismos especializados, incluyendo la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y áreas de la Policía Federal, que analizaron operaciones y direcciones de criptomonedas relacionadas con el lanzamiento y la distribución inicial de $LIBRA.
Se solicitaron medidas para preservar activos, incluyendo el pedido de congelamiento de 44,593,888.562 USDC, identificados en una dirección de la red Solana que había recibido fondos de billeteras marcadas como “LIBRA: TEAM WALLET”. Sin embargo, reconstruir movimientos de criptomonedas no fue suficiente para demostrar el destino final de los fondos y su conexión con funcionarios públicos. En su resolución, Martínez de Giorgi concluyó que la prueba reunida no permitía establecer que el dinero derivado de las operaciones con $LIBRA se hubiera transferido como pago inapropiado a integrantes del Gobierno.
De este modo, el rastreo de las billeteras no fue suficiente para confirmar la hipótesis de sobornos asociada a las denuncias. La discrepancia entre la hipótesis planteada y la conclusión judicial atravesó los ejes centrales del expediente. La denuncia vinculó el apoyo presidencial, la caída abrupta del token, los movimientos de billeteras y los documentos hallados en el teléfono de Novelli con una supuesta maniobra coordinada. El juez, en cambio, analizó si esos elementos podían evidenciar los componentes concretos de los delitos investigados.
Respecto a la supuesta estafa, Martínez de Giorgi enfatizó que “la sola secuencia temporal entre la promoción, el incremento de la cotización y su posterior caída no demuestra, por sí misma, que esa evolución hubiera sido previamente organizada con una finalidad defraudatoria”.
El fallo no ignora que hubo compradores que perdieron dinero ni que se registraron movimientos financieros que se inspeccionaron. Sin embargo, la conclusión judicial fue diferente: se determinó que no se había probado un engaño específico ni la conexión necesaria para imputar penalmente esos resultados a los investigados.
La resolución analizó la publicación que el Presidente realizó el 14 de febrero de 2025 en su cuenta de X para promover el proyecto. El magistrado reconoció que su intervención le otorgó a $LIBRA una visibilidad particular, lo cual pudo influir en la confianza de algunos compradores. Sin embargo, hizo una distinción entre promover una iniciativa y engañar deliberadamente a los inversores.
Según el fallo, era crucial identificar qué aspecto del proyecto o de su funcionamiento había sido presentado de manera falsa, o qué información relevante se había ocultado mediante alguna conducta penalmente reprobable. En esta línea, el juez sostuvo que no era suficiente demostrar que muchas personas compraron después de la publicación y posteriormente sufrieron pérdidas; era necesario probar que esas decisiones fueron consecuencia de una representación falsa de la realidad atribuible a los investigados.
Además, se consideró un pronunciamiento de la Cámara Federal del 4 de septiembre de 2026, que había señalado que la hipótesis inicial de un plan organizado desde las más altas esferas del Gobierno se había debilitado en función de los requerimientos del delito de estafa.
El fallo subrayó que “la notoriedad de quien promociona un activo, la repercusión pública del lanzamiento o la confianza que su intervención pueda generar no equivalen, por sí solas, a un ardid defraudatorio”.
Uno de los apartados del fallo se refirió a los informes de la DATIP, la dependencia de la Procuración que examinó la información obtenida de los dispositivos electrónicos incautados. El juez observó que se habían encontrado irregularidades en la elaboración de esos informes, que fueron objeto de un sumario administrativo por parte de la Procuración General de la Nación.
Según la resolución, se demostró en dicho sumario que una empleada de la DATIP accedió de manera indebida a documentación reservada de la causa, y que parte de esa información había sido filtrada a la prensa días después. El magistrado indicó que esta situación afectó los controles sobre el trabajo realizado y comprometió el valor probatorio de los informes.
No obstante, esto no implica que el juez haya desestimado completamente la información recuperada de los teléfonos. Consideró que, valorados junto con las demás pruebas, esos elementos no lograban corroborar la hipótesis delictiva en contra de Karina Milei.
La denuncia sustentada en los testimonios de Nadia Beller tampoco presentó evidencias sobre $LIBRA. La resolución también abordó la denuncia impulsada por la diputada Mónica Frade, que se basó en versiones periodísticas sobre conversaciones entre Nadia Beller y su expareja, Fernando Cerimedo, que mencionaban supuestos incidentes de corrupción en el Gobierno. Para evaluar esa denuncia, se consultó a la fiscalía que había tomado declaración a Beller en septiembre, con intervención de autoridades bolivianas.
La respuesta fue que la testigo, quien sufrió un ataque en Bolivia, no había realizado afirmaciones sobre el lanzamiento o la caída de la cotización de $LIBRA, ni se había referido expresamente a otros hechos que pudieran estar ligados a la causa. Por ende, el juez consideró que esta denuncia tampoco aportaba elementos suficientes para mantener la hipótesis de un intercambio ilícito relacionado con el criptoactivo.
Luego del pedido de sobreseimiento del fiscal Eduardo Taiano, el juez determinó que las circunstancias analizadas no encuadraban en una figura penal y sobreseyó a los once investigados. Sin víctimas querellantes, ya que los damnificados fueron excluidos de ese rol, y con el fiscal que impulsó la desestimación del caso, no queda espacio para apelaciones.
Solo permanece la remota posibilidad de que la Cámara Federal de Casación restituya a los damnificados en su calidad de querellantes y antes de que expire el plazo para apelar. Si Casación no se pronuncia rápidamente o confirma que los damnificados no pueden actuar como querellantes, el caso quedará cerrado definitivamente.
