Apenas cinco meses de que el Gobierno nacional tuviera que salir en auxilio financiero de una docena de provincias con líneas de crédito de hasta $400.000 millones, algunas de ellas ya están mostrando problemas para enfrentar el compromiso. Tal como se anticipó hay un grupo de estados que analizan pedir una refinanciación y, esta semana, Chaco fue la primera en concretarlo.
La provincia gobernada por el radical aliado del Gobierno nacional Leandro Zdero cerró un nuevo acuerdo con el Ministerio de Economía de la Nación por algo mas de $476.200 millones, en el marco del programa del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR).
El nuevo convenio incluye, del lado de Chaco, el saldo de otra deuda tomada el año pasado por $77.100 millones, los $400.000 millones que tomó en abril y $12.900 millones de intereses correspondientes a este último préstamo.
Del lado de la Nación, se compensa una deuda en favor de la provincia por $13.900 millones de ajuste del convenio por compensación del Consenso Fiscal. De manera que el neto en favor del Tesoro nacional resultante es de $476.200 millones.
El alivio para Chaco es relativo: la primera cuota del convenio vence en último día hábil de agosto y es de $120.000 millones. El resto se paga en siete cuotas mensuales al 15% anual, mediante el descuento de la coparticipación.
A cambio de ello, la provincia desiste de continuar un juicio contra el Estado Nacional. Se trata de un pedido de declaración de inconstitucionalidad del decreto 473/2023 de octubre de ese año. Qué establecía esa norma: fue la suba del mínimo no imponible y las escalas, además de la deducción incrementada para los empleados en relación de dependencia que pagaban el Impuesto a las Ganancias. El efecto de ese decreto fue que prácticamente nadie pagó el tributo, y por tratarse de un gravamen que se comparte con las provincias, estas perdieron fondos sin haber sido autorizado por el Congreso Nacional. Luego el gobierno de entonces subsanó el hecho mediante la sanción de la ley que eliminó el tributo para casi todo el universo de contribuyentes, dejándolo solo para unas 2.000 personal de altos ingresos. Chaco había iniciado un juicio. Con el actual convenio desiste de la acción legal.
Caen los ingresos de las provincias
De acuerdo con datos de la consultora de Chaco, los envíos a los estados subnacionales repuntaron en julio con un alza del 7,5%, apoyado en el buen desempeño del impuesto a las Ganancias. Pese a ello, el acumulado del año sigue mostrando caída de 1,3%. En cambio, los fondos discrecionales bajaron 62,8% en el primer semestre de este año. Entre enero y julio, las transferencias no automáticas de Nación a provincias y CABA totalizaron $738.201 millones constituyendo el peor registro para el período desde al menos 2005. Comparando contra igual período pero de 2023, la caída es mayor al 80% real.
Según revela un reporte del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Chaco, precisamente, se encuentra entre las provincias más afectadas por la baja en la recaudación de impuestos propios en un contexto general de retroceso. La recaudación tributaria propia acumulada a mayo del consolidado de provincias y CABA tuvo un descenso en términos reales del 1,6% respecto al mismo período del año 2025. Catorce de las 24 jurisdicciones tuvieron descensos de recaudación, con Misiones a la cabeza (-20,8%), seguida por La Rioja (-12,3%) y Chaco (-6,2%), entre las más castigadas.
Luego, Mendoza mantuvo constante su recaudación en términos reales. Por otro lado, de las nueve jurisdicciones con incremento, Río Negro (+5,2%), Neuquén (+6,7%) y Entre Ríos (+8%) fueron las de mayor variación.
Esta situación plantea un escenario complejo para la sostenibilidad de las finanzas subnacionales. La combinación de una caída persistente en la recaudación propia y la drástica reducción de las transferencias discrecionales está erosionando la autonomía fiscal de las provincias. Ante una presión financiera que compromete el cumplimiento de obligaciones básicas, el Gobierno nacional podría verse obligado a rediseñar los esquemas de asistencia federal a futuro para evitar crisis de deuda generalizadas en los distritos del interior.
