La fiscalía federal a cargo de Gerardo Pollicita constató una discrepancia superior a $43 millones entre los ingresos como funcionario público de Manuel Adorni y los gastos de su grupo familiar durante el lapso en cuestión. A esta desproporción se suma un dato significativo: el organismo identificó desembolsos por un total de US$402.578,12 relacionados con la compra y mejora de propiedades, muebles, viajes, alquileres y otros gastos.
Estas cifras forman parte del requerimiento de justificación patrimonial que se presentó ante el Juzgado Federal N° 4. Pollicita intimó al exjefe de Gabinete para que, en un plazo de 15 días, aclare la procedencia del incremento patrimonial atribuido a él y a su pareja, Bettina Julieta Angeletti, entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026.
De acuerdo con el documento, durante ese período, Adorni recibió 35 salarios correspondientes a su cargo, a los que se sumaron los ingresos verificados de Angeletti. En total, estos recursos sumaron $229.752.283,20. En contraste, los gastos del grupo familiar ascenderían a $272.820.832,20, incluyendo seguros de auto, expensas, electrodomésticos, servicios, impuestos, viajes y consumos con tarjetas de crédito, lo que resultó en una diferencia de $43.068.549.
El segundo aspecto del requerimiento se centra en las operaciones en dólares. La Fiscalía constató desembolsos que no tienen correlato con los ingresos lícitos comprobados, alcanzando un total de US$402.578,12. Este monto incluye, entre otros, gastos por viajes, alquileres, la compra del lote 380 del Country Indio Cuá y sus refacciones, así como el departamento en Miró 550 y el mobiliario asociado a estos inmuebles.
Adorni deberá justificar, específicamente, el pago de US$245.000 al contratista Matías Tabar por la remodelación integral de la vivienda en el lote 380 del Country Indio Cuá, ubicada en Exaltación de la Cruz, Provincia de Buenos Aires. La Fiscalía exige que identifique el origen de cada suma y entregue recibos y documentación de respaldo. Asimismo, deberá aclarar los fondos utilizados para la adquisición del lote y la tasa de ingreso al desarrollo.
Otro punto a aclarar es la compra del departamento en Miró 550, situado en el barrio porteño de Caballito. El requerimiento demanda que Adorni especifique el origen de los fondos utilizados en esta transacción y detalle la operación. También se le solicita que informe sobre los pagos realizados a Tabar por los muebles del inmueble, cuyo costo fue abonado en dólares y en efectivo.
La Fiscalía también investiga los dólares en efectivo declarados por Adorni. En particular, le exigen que explique su origen y justifique la operación de “venta de activos” mencionada como fuente de esos fondos. Para ello, deberá detallar qué activos fueron vendidos, en qué fechas, a quiénes, por qué montos, así como la trazabilidad bancaria, registral o bursátil de dichas operaciones.
Matices adicionales surgen en relación a dos préstamos atribuidos a familiares, Silvia Pais y Norma Zuccolo. Adorni deberá demostrar su existencia, la fecha exacta, la entrega efectiva de los fondos, el destino de esos dineros y la evolución de las obligaciones asumidas. También tendrá que aclarar la situación de las deudas declaradas con el Banco Galicia que fueron omitidas en presentaciones posteriores.
Los gastos cotidianos también son objeto de la investigación. La Fiscalía requiere información sobre la procedencia de los fondos tanto en pesos como en moneda extranjera, utilizados para cubrir viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas, cuotas y matrículas escolares. Asimismo, deberá explicar el uso recurrente de terceros para la compra de bienes o para llevar a cabo pagos en relación con su familia, así como el origen de los efectivos utilizados para reintegrar esas transacciones.
Las cuentas bancarias y tarjetas de crédito se encuentran también bajo la lupa. Adorni tendrá que detallar cómo se concilia el nivel de gastos y los movimientos financieros en su cuenta sueldo del Banco Nación, así como en las cuentas de su pareja, tarjetas y billeteras virtuales, con los ingresos lícitos registrados del grupo familiar.
Además, deberá responder respecto de 20 comprobantes informados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero durante 2024 y 2025, por un monto superior a $6 millones, cuyos pagos no lograron ser conciliados con tarjetas, cuentas bancarias o plataformas. Se incluyen 16 facturas de una empresa por más de $2 millones, cuyos pagos tampoco coinciden con los montos de los comprobantes. La Fiscalía busca determinar si esas operaciones se realizaron, si fueron canceladas, en qué momento y con qué medio y fondos.
El capítulo de las criptomonedas también es parte de la investigación. Se solicita un desglose de las transacciones con criptoactivos y, especialmente, el origen del capital con el cual Adorni afirma haber comenzado dicha actividad. La Fiscalía nota que en declaraciones rectificativas fueron incluidas cuatro cuentas de activos virtuales y un informe de la SIFRAI relacionó al investigado con otros activos digitales.
Por último, Adorni deberá explicar cómo se valoraron las mejoras declaradas en el departamento de Miró 550 y en el lote 380 del Country Indio Cuá, qué desembolsos concretos representan, con qué fondos fueron financiados y en qué proporción fueron atribuidos a cada cónyuge.
El requerimiento se originó tras un exhaustivo análisis de la documentación patrimonial, bancaria, fiscal, registral y financiera, además de información sobre activos virtuales, viajes y transacciones inmobiliarias.
La Fiscalía, que lleva adelante la investigación al exvocero de un dirigente político por un posible enriquecimiento ilícito, ha señalado que este cruce con las declaraciones juradas patrimoniales públicas, reservadas y sus rectificativas permitió identificar “inconsistencias” atribuibles a la necesidad de solicitar explicaciones. El documento entregado al juzgado consta de 207 fojas y está estructurado en 20 puntos específicos.
