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El Gobierno busca una tregua con Pro y la UCR para proteger temporalmente a Adorni

22 junio, 2026
El Gobierno busca una tregua con Pro y la UCR para proteger temporalmente a Adorni
El Gobierno y sus aliados han hallado una alternativa para eludir que la situación de Manuel Adorni se defina esta semana en la Cámara de Diputados. La oposición se enfrenta a la dificultad de reunir mañana los 129 votos necesarios para abrir la sesión especial destinada a discutir la interpelación del jefe de Gabinete y una posible moción de censura. A cambio, el oficialismo se comprometió a activar la comisión de Asuntos Constitucionales, donde comenzará el diálogo el martes 30 de junio.

Este acuerdo resulta beneficioso para ambos lados. Los libertarios cuentan con más tiempo para intentar reducir la tensión, mientras que Pro y la UCR evitan asociarse al kirchnerismo en una votación que podría precipitar la salida del funcionario. Desde la oposición, sin embargo, se advirtió que esta estrategia es “una maniobra dilatatoria para encubrir” al jefe de Gabinete, tal como lo expresó Germán Martínez, jefe de bloque del PJ.

La decisión involucra principalmente al interbloque Fuerza del Cambio, liderado por Cristian Ritondo e integrado por Pro, la UCR, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), el representante santacruceño José Garrido y la radical bonaerense Karina Banfi. La mayoría de estos grupos expresa que no desea ser la fuerza que defina el futuro político de Adorni.

Dentro de dichos bloques, predomina la opinión de que debe ser Javier Milei quien determine la continuidad de Adorni o, en última instancia, que sea el Senado el que tenga la última palabra.

La estrategia fue discutida en las últimas horas entre Martín Menem y líderes de diferentes espacios. También participó la secretaria parlamentaria del oficialismo, Silvana Giudici, quien está alineada con Patricia Bullrich.

El presidente de la Cámara baja no solo busca demorar la discusión hasta que se aclare el panorama judicial y político del funcionario, sino que también intenta mantener la agenda legislativa activa del oficialismo y enviar una señal al Senado.

La inquietud del Gobierno radica en la interpretación que se ha comenzado a adoptar en la Cámara alta acerca del mecanismo de interpelación y moción de censura. En una reunión de Labor Parlamentaria la semana pasada, los senadores acordaron que la interpelación podría ser aprobada por la mayoría absoluta del cuerpo sin necesidad de un dictamen previo de comisión ni la exigencia de los dos tercios de los presentes que se requieren para los proyectos tratados sobre tablas.

Esta postura fue aceptada por la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, quien además ha sido una de las dirigentes que solicitó públicamente explicaciones a Adorni. Esta interpretación genera preocupación en la Casa Rosada, ya que acelera los tiempos legislativos y limita las herramientas disponibles para manejar la crisis.

Bullrich consentió que el Senado vote el próximo jueves una interpelación para el 2 de julio. La actuación de Adorni en esa ocasión será determinante para evaluar la viabilidad de avanzar posteriormente con una moción de censura.

En cambio, en Diputados, Menem intenta avanzar en sentido opuesto. La apertura de la comisión de Asuntos Constitucionales permitiría discutir el procedimiento, convocar a especialistas y trasladar el debate al ámbito de las comisiones.

“Nunca se utilizó la herramienta de la interpelación seguida de una moción de censura. Hay que convocar a constitucionalistas para discutir cómo abordarla”, sostienen desde el oficialismo.

Esta decisión también permitiría a Menem proseguir con la agenda económica del Gobierno. El presidente de la Cámara desea sesionar este miércoles para aprobar el acuerdo con los holdouts Bainbridge y Attestor por US$171 millones y dar media sanción al denominado “Súper RIGI”, el régimen de promoción para inversiones superiores a los US$1000 millones.

Hasta el momento, la situación de Adorni había impedido cualquier avance. Los aliados no estaban dispuestos a ausentarse de la sesión convocada por la oposición y luego aparecer respaldando la agenda oficial. La apertura de la comisión presenta una salida intermedia: mantener vigente el debate sobre el jefe de Gabinete mientras se pospone cualquier decisión sobre su continuidad.

La cautela de los aliados también responde a diferencias internas entre ambas cámaras. En el Senado, donde Mauricio Macri mantiene una influencia directa a través de Martín Goerling, jefe del bloque Pro, el partido ya ha mostrado disposición para avanzar en los pedidos de explicaciones a Adorni.

En Diputados, por el contrario, Ritondo busca evitar convertirse en el dirigente que define el futuro del jefe de Gabinete y delega las críticas más contundentes en Fernando de Andreis, uno de los legisladores más cercanos al expresidente dentro del ámbito macrista.

Una situación similar se presenta en la UCR. Mientras que en el Senado una mayoría de los radicales muestra predisposición para respaldar los avances contra Adorni, en Diputados predominan posturas más cautelosas. Allí tiene especial peso la influencia del gobernador mendocino Alfredo Cornejo, uno de los principales interlocutores del oficialismo entre los mandatarios provinciales.

Esta divergencia explica por qué la oposición aún no cuenta con los 129 diputados requeridos para abrir la sesión de mañana.

Desde el oficialismo se reconoce, sin embargo, que esta estrategia depende de la ausencia de nuevos elementos que puedan complicar al jefe de Gabinete. Los libertarios poseen una mayoría ajustada en Asuntos Constitucionales y requieren constantemente del respaldo de Pro. Si la situación de Adorni empeora nuevamente, los acuerdos podrían deshacerse con la misma velocidad con que fueron establecidos.

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