El cuarto piso del Palacio de Tribunales es un hervidero de rumores. Se ha filtrado que la Corte Suprema de Justicia estaría preparando una acordada extraordinaria para antes de la feria judicial de enero, con el objetivo de emitir sentencia sobre varios expedientes de alto impacto institucional que duermen en sus despachos. El más relevante es el planteo de inconstitucionalidad contra el capítulo laboral del DNU 70/23, que desreguló el mercado de trabajo al inicio de la gestión Milei y que fue frenado parcialmente por cámaras inferiores.
La decisión de la Corte es vital para la seguridad jurídica del modelo económico. Si valida el DNU, el Gobierno tendrá el camino despejado para profundizar la flexibilización sin pasar por el Congreso; si lo rechaza, obligará al Ejecutivo a negociar ley por ley. Los trascendidos indican que podría haber un fallo “salomónico”, validando la esencia desreguladora pero exigiendo el paso formal por el Legislativo para cambios de fondo en derechos adquiridos.
El contexto político de la ampliación de la Corte (con el pliego del quinto miembro avanzando en el Senado) influye en los tiempos. Los actuales magistrados quieren mostrar actividad y fortaleza institucional antes de que se altere la composición del cuerpo.
Para el Gobierno, un fallo favorable sería el broche de oro de un año de reformas. Para la CGT y la oposición, sería la confirmación de una justicia alineada con el poder de turno. Diciembre, mes de definiciones, también lo será en el ámbito judicial.
