En un acto que pone de manifiesto su intención de profundizar la investigación, el nuevo juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, dispuso más de veinte acciones de prueba este miércoles en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra al ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y su ex esposa, Jesica Cirio.
Según se ha podido conocer, Rodríguez Ponte, quien asumió después de la feria judicial de julio en dicho juzgado, ha solicitado más medidas patrimoniales y una revisión detallada de las comunicaciones de los acusados, así como la colaboración de bancos de Uruguay en relación con la causa del Yategate.
Entre las decisiones del juez, se destaca la orden de peritar nuevos videos en los que se observa a la modelo contando miles de dólares en un vestidor, material que fue dado a conocer el mes pasado y que contiene metadatos. Asimismo, se ha dispuesto continuar con la investigación de la modelo Sofía Clérici, cuyo nombre ha surgido en el contexto de la causa.
La gestión proactiva del juez contrasta notablemente con la de sus antecesores, Ernesto Kreplak y Luis Armella, quienes habían llevado esta investigación durante casi tres años. Con sus acciones, Rodríguez Ponte deja en claro que considera que aún hay muchos aspectos por explorar.
El magistrado ha ordenado la ampliación de la información patrimonial no solo de los principales investigados, sino también de varias personas allegadas a ellos. Para ello, el Registro Nacional de las Personas y la ANSES deberán facilitar datos sobre Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clérici, abarcando también a los hijos del ex intendente, así como a su ex cuñado, Gastón Barrachina, y Víctor Mariano Donadío, supuesto testaferro de Insaurralde, además de Carolina Ileana Álvarez y la sociedad Sasaxa Libero S.A.
La búsqueda de información tiene como objetivo completar un mapa que permita identificar propiedades, sociedades, domicilios y otros vínculos que sean relevantes para la investigación. En este sentido, también se han ordenado informes a la Superintendencia de Seguros de la Nación, así como a los hipódromos de La Plata, Mar del Plata y Palermo, para establecer si los investigados han sido o son titulares de studs o boxes, ya sea de modo personal o a través de sociedades, desde 2009 hasta la actualidad.
Entre las medidas solicitadas se encuentra una operación inmobiliaria asociada a Insaurralde y su primera esposa, Ileana Carolina Álvarez. El juez ha instruido al escribano Martín Ignacio Etchegaray para que entregue una copia digital de la escritura 559, correspondiente al 26 de octubre de 2010, que está vinculada a un inmueble ubicado en San Martín 1329, Banfield, que se presume es propiedad de Insaurralde. Además, ha requerido antecedentes y documentación de respaldo de dicha operación.
A partir de esta información, la justicia busca determinar lo que ocurrió con el inmueble en cuestión y analizar el contexto patrimonial de la transferencia. La investigación financiera también se enfocará en las cuentas bancarias de Insaurralde. Rodríguez Ponte ha solicitado al Banco Piano y al Banco Santander Argentina información detallada sobre los productos bancarios y los movimientos registrados durante el tiempo en que estuvieron operativos. Adicionalmente, el Banco Provincia deberá proporcionar datos sobre los movimientos de dos cuentas vinculadas a Insaurralde desde 2023 hasta la fecha actual.
Este último dato es significativo, dado que la contadora de la Corte Suprema que había intervenido en la causa advirtió sobre la falta de extractos posteriores a 2023. Por otro lado, la Compensadora Electrónica S.A. (COELSA) también deberá contribuir con información respecto a transacciones financieras y la trazabilidad de operaciones de los investigados desde 2009.
Uno de los interrogantes centrales es cuánto dinero ha circulado, su trayectoria y quiénes han sido los beneficiarios de dichas transacciones. Además, Rodríguez Ponte ha ordenado revisar los vehículos registrados a nombre de los hijos de Insaurralde. La investigación abarcará los legajos de un Peugeot 208 Allure, una Jeep Renegade y dos Volkswagen Fox que están a nombre de Martín Luciano y Rodrigo Agustín Insaurralde.
En el mismo impulso, se examinarán los ingresos formales de Martín Luciano, lo que llevará a que el BBVA, el Banco Nación, el ex HSBC y el Banco Industrial proporcionen extractos desde la apertura hasta el cierre de las cuentas o hasta la actualidad. También deberán entregar sus recibos de sueldo las empresas Torneos y Competencias y THX Medios, con el fin de cruzar los ingresos declarados con bienes y movimientos financieros.
Por otra parte, se ha solicitado información que involucra a otro hijo de Insaurralde. El Banco Central deberá reportar todas las operaciones de cambio desde el 28 de octubre de 2014, fecha en la que alcanzó la mayoría de edad, hasta el presente.
La resolución también se adentra en uno de los elementos más sensibles para cualquier investigación patrimonial: las comunicaciones. La DAJuDeCO deberá recabar de las empresas telefónicas el detalle de llamadas, mensajes de texto y sesiones de datos de las líneas a nombre de Insaurralde, Cirio, Clérici, sus hijos, Barrachina y Donadío, desde 2009 hasta hoy. Esto incluirá las fechas, horarios, duración de las comunicaciones, líneas de origen y destino, antenas utilizadas y datos técnicos de los teléfonos.
Además, se establecerá un historial de IMEI para determinar qué otras líneas fueron utilizadas con los mismos dispositivos. La medida también contempla información de geolocalización y localización siempre que esta esté disponible.
Posteriormente, la DAJuDeCO deberá analizar estos registros para identificar patrones de comunicación, contactos recurrentes, horarios y conexiones entre los diferentes actores involucrados.
Los videos del vestidor han vuelto a cobrar relevancia en el caso, dado que la DATIP había evaluado el material audiovisual y detectó un inconveniente: los archivos habían perdido sus metadatos originales. Los expertos determinaron que habían pasado por procesos tecnológicos que podrían haber eliminado los datos del dispositivo original, como edición o transcodificación.
Por esta razón, no fue posible establecer con certeza la fecha de creación original de los videos. Sin embargo, la justicia ha decidido continuar con la profundización del análisis. Se deberá determinar las características técnicas de los videos, incluidas su formato, resolución, duración, códec, metadatos y datos EXIF disponibles, y se buscarán cortes, uniones, superposiciones, reencuadres, modificaciones de velocidad y cualquier alteración que pueda afectar la fiabilidad de las imágenes.
Un aspecto particularmente delicado del procedimiento es el requerimiento de que los peritos establezcan qué metodología se utilizará para estimar la cantidad de billetes que aparecen en las grabaciones, así como evaluar si el material pudo haber sido alterado a través de inteligencia artificial.
El juez también ha puesto bajo análisis un pendrive que fue entregado por la Fundación Apolo y que ha sido objeto de revelaciones recientes. La DATIP deberá llevar a cabo una extracción forense y examinar los archivos para establecer, en la medida de lo posible, su autenticidad, integridad, procedencia, fecha concreta y cadena de custodia. Los expertos deberán determinar además si existen manipulaciones digitales, cortes o cambios de velocidad.
El análisis también abarcará la existencia de algoritmos de seguridad denominados “Hash” que permitan comparar archivos y verificar su trazabilidad. Este procedimiento deberá ser llevado a cabo con conocimiento de las partes, de acuerdo a lo estipulado por los artículos 258 y 259 del Código Procesal Penal de la Nación.
Además, se ha fijado una audiencia para el 14 de septiembre donde Nicolás Silvera, representante de la Fundación Apolo, deberá declarar como testigo para respaldar, rectificar o ampliar el contenido de la información proporcionada por la organización.
En cuanto a la posible existencia de cuentas en Uruguay, el juez Rodríguez Ponte ha ordenado dar seguimiento a información vinculada a una cuenta de custodia de valores, identificada con el número 100344, abierta en GMC Securities Agente de Valores S.A. y perteneciente a Martín Insaurralde. Las autoridades uruguayas deberán informar sobre los titulares de la cuenta, cuándo fue abierta y cerrada, así como los valores que se depositaron y los movimientos realizados.
Esta medida se ha tomado debido a las sospechas de que, tras el divorcio conflictivo de mediados de 2023 y un viaje a Marbella con Clerici, pudo haberse realizado un pago en negro. También se requerirá información sobre cada compra, venta o transferencia y las partes involucradas en dichas operaciones.
La justicia también centrará su atención en otra cuenta abierta en ABN Amro Bank N.V., donde se aguardará información sobre su titularidad, tipo de cuenta, fechas de apertura y cierre, y un detalle de todos los movimientos.
El debate acerca de cuánto atrás debía hacerse la investigación generó tensiones entre la Fiscalía y las defensas. Los fiscales cuestionaron la decisión de limitar la búsqueda al período 2009-2023, argumentando que había líneas de investigación que se remontaban hasta 2006. En este sentido, se mencionaron obras públicas ejecutadas por la empresa DOIO S.R.L. en Lomas de Zamora y una transacción inmobiliaria en Fincas de San Vicente cuyo pago data del 11 de mayo de 2006.
La defensa de Clérici y los abogados de Insaurralde, por su parte, abogaron por mantener el límite temporal, defendiendo su elección de restringir la búsqueda. Finalmente, Rodríguez Ponte resolvió que la información sobre estas cuentas deberá abarcar desde su apertura hasta su cierre.
En la misma resolución, el juez levantó las restricciones que pesaban sobre Sofía Clérici, permitiendo que la modelo recupere su libertad de movimiento, la cual había sido limitada por una prohibición de salida del país y otros requerimientos relacionados con sus desplazamientos. El juez Armella había sobreseído a Clérici, pero Rodríguez Ponte ha decidido volver a ponerla bajo la lupa.
El resto de las cuestiones patrimoniales quedarán a la espera de lo que resuelva la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, mientras que el juez también desestimó el intento de Elías Piccirillo de presentarse formalmente como parte en la causa, argumentando que no tiene actualmente carácter de parte y, por lo tanto, no puede acceder al expediente ni solicitar pruebas como si tuviera esa condición.
La resolución de Rodríguez Ponte señala una nueva fase en el Yategate. En lugar de limitar la investigación a las imágenes que dieron inicio al escándalo político, el magistrado ha optado por ampliar el enfoque y reexaminar tanto el entramado económico como personal de los acusados.
Las líneas de investigación se dividen en tres áreas: la primera, patrimonial, que comprende propiedades, vehículos, sociedades, seguros, ingresos y cuentas; la segunda, financiera, centrada en el movimiento bancario, operaciones cambiarias, transferencias y activos en Uruguay; y la tercera, comunicacional, que indaga en llamadas, mensajes, geolocalización e identificación de dispositivos.
A este análisis se suma la revisión forense de los videos y del pendrive aportado por la Fundación Apolo. El juez deberá determinar qué revelan estas nuevas medidas y, sobre todo, si permiten encontrar coincidencias entre los ingresos declarados y el patrimonio acumulado por los investigados. Actualmente, el expediente sigue abierto y las pruebas cuestionadas por las defensas permanecen integradas en la investigación. El vestidor sigue bajo la lupa, al igual que las cuentas en Uruguay, mientras que los teléfonos de los principales involucrados pasan a ser parte de un nuevo análisis judicial que buscará esclarecer la ruta del dinero y los actores conectados con ella.
