El juez Diego Amarante, de la Justicia Penal Económica, describió como “una mera formalidad y ficción jurídica” el cambio de domicilio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de Buenos Aires a Pilar. Este movimiento tiene como objetivo que las causas penales contra sus dirigentes sean investigadas en la justicia federal de Campana.
Amarante tomó esta decisión al desestimar un pedido para que la causa que involucra al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero, Pablo Toviggino, por presunto lavado de dinero de los fondos de la entidad en el exterior, fuera transferida al juez de Campana, Adrián González Charvay.
González Charvay había solicitado que se le enviara el expediente debido a que ya estaba tramitando otro caso similar que requeriría acumular ambas causas. Sin embargo, Amarante, quien previamente procesó a Tapia y Toviggino por la retención indebida de 19.300 millones de pesos, rechazó esta solicitud. La controversia está destinada a ser resuelta por la Cámara en lo Penal Económico.
La AFA y sus funcionarios enfrentan varias causas penales que se encuentran en trámite, incluso en los Estados Unidos. Una de estas investigaciones se refiere a la gestión de los fondos de la entidad en el extranjero a través de TourProdEnter LLC, empresa vinculada a Javier Faroni. Existen causas abiertas en la justicia nacional de instrucción, en Penal Económico, así como en la justicia federal de Campana y en la de Lomas de Zamora.
Los analistas concuerdan en que es necesario determinar en qué juzgado deben tramitarse los casos, dado que la legislación prohíbe investigar un mismo hecho en más de una ocasión. Sin embargo, aún no se ha tomado una decisión al respecto. Se han producido algunas discusiones parciales en este sentido, especialmente en una causa tratada en la justicia nacional de instrucción.
Otra causa fue iniciada por González Charvay, quien tiene cercanía con la AFA, ya que fue uno de los jueces que trató el caso relacionado con la compra de una mansión en Pilar, que se sospecha fue adquirida por Toviggino mediante testaferros.
González Charvay recibió una denuncia proveniente de la justicia de Santiago del Estero que trata sobre posibles desvíos de fondos hacia el club Central Córdoba y otras empresas vinculadas a Toviggino, en relación al lavado de dinero proveniente de la AFA. La justicia santiagueña consideró que debía ser Campana la jurisdicción correspondiente debido a la similitud de hechos y las mismas personas implicadas en la compra de la mansión.
En ese contexto, González Charvay solicitó a Amarante que le remita una denuncia presentada basándose en informaciones periodísticas sobre un supuesto lavado de dinero de los fondos de la AFA a través de entidades financieras en el microcentro porteño. Sin embargo, Amarante desestimó la solicitud.
El juez explicó que, en la causa proveniente de Santiago del Estero, lo único que quedaba en pie era una supuesta defraudación a la AFA, dado que se habían desechado los cargos de lavado de dinero y asociación ilícita. Por lo tanto, no había un delito de competencia federal que justifique la intervención del juzgado de Campana, y añadió que el pedido de derivación “se limita a una mención genérica sobre una supuesta identidad de objeto”.
Amarante planteó la necesidad de contar con algún elemento en la causa que fundamentara la investigación en Campana. “La totalidad de los actos de ejecución que habrían conformado la maniobra habrían tenido lugar dentro del ámbito geográfico de esta ciudad”, refiriéndose a Buenos Aires.
El magistrado señaló que, a pesar del cambio de sede social, la AFA aún desarrolla sus actividades centrales en la Capital Federal. Argumentó que desestimar esta realidad para fundamentar un cambio de jurisdicción a Pilar constituiría una priorización de una formalidad chica sobre la realidad de los hechos, que no tienen relación alguna con la jurisdicción de Campana.
Esta controversia ha surgido en varias causas, ya que la AFA intenta trasladar su sede a Pilar para escapar de los controles del gobierno nacional y quedar bajo la jurisdicción bonaerense. Además, busca que las investigaciones se realicen en tribunales menos vinculados a Buenos Aires. El cambio de domicilio ya implicó que la causa relacionada con la mansión en Pilar tuviera que trasladarse a Campana, aunque ahora ha retornado al fuero Penal Económico.
Ante el rechazo de su pedido, Amarante le sugirió a González Charvay que, si no compartía su criterio, la Cámara en lo Penal Económico debería ser la que resolviera la disputa.
