La Libertad Avanza buscará profundizar esta semana las negociaciones con bloques legislativos y gobernadores aliados para conseguir los respaldos necesarios para aprobar el Presupuesto 2027. Los sectores dialoguistas, además de reclamar cambios en el proyecto, esperan avances en otras iniciativas que consideran prioritarias.
El oficialismo prevé mantener conversaciones informales durante los próximos días con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan firmar el dictamen entre el 17 y el 18 de noviembre y llevar el proyecto al recinto el 25 de ese mes.
La semana pasada, el Gobierno postergó la firma del dictamen de mayoría luego de una reunión entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y representantes de la UCR, el PRO y Argentina Federal. También mantiene contactos con legisladores de Provincias Unidas, Elijo Catamarca e Independencia.
Entre los principales reclamos de los bloques aparece una reducción del Impuesto a los Combustibles. Los legisladores sostienen que la recaudación de ese tributo no se utiliza para el destino previsto: el mantenimiento de las rutas nacionales. También reclaman garantías sobre los recursos destinados a discapacidad.
La UCR, por su parte, espera que avance el proyecto de incentivo a las inversiones relevantes, que ya obtuvo aprobación en el Senado y fue presentado por el senador radical Eduardo Vischi. Además, comparte con otros bloques aliados el pedido de eliminar cuatro artículos del proyecto presupuestario vinculados con el área.
En paralelo, los gobernadores Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Gustavo Sáenz, de Salta; Carlos Sadir, de Jujuy; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y Martín Llaryora, de Córdoba, reclaman que se retome el debate de la ley de Biocombustibles. La discusión quedó frenada la semana pasada después de un planteo de legisladores bonaerenses.
El PRO también presentó una serie de demandas. Entre ellas, busca garantías sobre los fondos de coparticipación destinados a la ciudad de Buenos Aires, una reducción del IVA para los huevos y sus derivados del 21% al 10,5%, y un mecanismo que asegure el cumplimiento de los plazos y las tarifas de las obras públicas en rutas nacionales.
Respecto de la coparticipación porteña, el oficialismo considera que el reclamo puede resolverse mediante negociaciones entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri.
Otro de los puntos pendientes es el financiamiento de las universidades nacionales. El proyecto contempla una partida de $7,3 billones para el sector, mientras que los rectores reclaman que los recursos se eleven a $11 billones.
La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados y necesita reunir al menos 129 legisladores para alcanzar el quórum y habilitar el tratamiento del proyecto. Para construir esa mayoría, busca sumar el respaldo de la UCR, el PRO, Por Santa Cruz y Adelante Buenos Aires, que aportarían 22 votos en conjunto; los nueve integrantes de Argentina Federal; dos diputados de Producción y Trabajo, y alrededor de diez representantes de Provincias Unidas.
Con esos apoyos, el Gobierno podría alcanzar una base cercana a los 138 votos entre legisladores propios y aliados. Sin embargo, el resultado dependerá del avance de las negociaciones y de la posición definitiva que adopte cada bloque.
El Presupuesto 2027 proyecta gastos consolidados por $216 billones, un incremento del 25,3% respecto de la base de comparación elegida por el Ejecutivo. Los recursos consolidados, provenientes principalmente de impuestos y contribuciones a la seguridad social, se estiman en $219,3 billones, con una suba prevista del 26,2%.
En cuanto a las variables macroeconómicas, el Gobierno calcula una inflación del 21,3% para 2027 y un dólar de $1.847 a fines de diciembre, con un promedio anual de $1.728. También proyecta que el consumo privado crecerá un 3,4% durante el año, mientras que el consumo público avanzaría un 0,6%.
La distribución del gasto contempla $150.913.491,9 millones para servicios sociales y $18.609.176,1 millones destinados a los servicios de la deuda pública.
Las proyecciones oficiales plantean un escenario en el que el crecimiento de los recursos permitiría acompañar la expansión del gasto. La diferencia estimada entre ingresos y erogaciones consolidadas deja un margen fiscal, aunque su evolución dependerá de la ejecución presupuestaria y del desempeño efectivo de la economía frente a las previsiones del Gobierno.
