Con la Ley de Ficha Limpia sancionada y a punto de ser promulgada por el Ejecutivo, se abre ahora el capítulo judicial de la norma. Los equipos legales de los principales dirigentes afectados (incluida la ex presidenta Cristina Kirchner) preparan una batería de recursos de amparo y planteos de inconstitucionalidad. El argumento central será la violación del principio de inocencia y la aplicación retroactiva de la ley, buscando que la Justicia suspenda sus efectos antes de que arranque el calendario electoral.
Se espera que la Corte Suprema tenga la última palabra en algún momento de 2026. Mientras tanto, la estrategia política del peronismo será denunciar proscripción y victimización, intentando cohesionar a su base electoral. Internacionalmente, ya hay borradores de denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), buscando una medida cautelar supranacional.
Por otro lado, en los laboratorios de campaña, los encuestadores han comenzado a medir escenarios “sin Cristina”. La reconfiguración del peronismo es inevitable: si la líder natural no puede ser candidata, se acelera la disputa sucesoria entre Axel Kicillof y los gobernadores del interior.
La ley ha cambiado las reglas de juego, pero la partida recién comienza. La judicialización de la política será la tónica dominante del verano.
