A diez días de la fecha límite para el pago del Sueldo Anual Complementario (Aguinaldo), la tensión financiera se traslada al interior. Gobernadores de cinco provincias (dos del norte, una patagónica y dos del centro) han iniciado gestiones informales y urgentes con el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, solicitando Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) o adelantos de coparticipación para poder cumplir con sus obligaciones salariales. La caída de la recaudación propia (Ingresos Brutos) por la recesión comercial y el recorte de transferencias discrecionales ha dejado las cajas provinciales exhaustas.
El Gobierno Nacional se mantiene inflexible en su discurso público: “No hay plata para salvatajes, cada provincia debe ser responsable de sus cuentas”. Sin embargo, en la práctica, se negocia una salida política. La Casa Rosada ofrece destrabar pagos de deudas de obras viales o adelantar flujos automáticos a cambio de apoyo legislativo en el Senado para las leyes que se tratarán en extraordinarias (Ficha Limpia y Reforma Electoral). Es un toma y daca financiero donde la moneda de cambio es la gobernabilidad.
La situación es crítica porque los gremios estatales provinciales ya amenazan con paros y movilizaciones si el aguinaldo no se deposita antes de las Fiestas. En provincias donde el empleo público es el motor de la economía local, un retraso en los pagos significa un diciembre sin consumo y con alta conflictividad social. Los gobernadores aliados (Juntos por el Cambio) piden un trato diferencial respecto a los opositores, argumentando que ellos han hecho el ajuste solicitado.
El Ministro de Economía, Luis Caputo, monitorea la planilla de excel y solo autoriza giros si están calzados con ingresos futuros. La época de la emisión monetaria para cubrir déficits provinciales se terminó, y el “sálvese quien pueda” fiscal pone a prueba el federalismo real en el cierre de 2025.
