Solicitan Suspender la Licitación de la Hidrovía por Graves Denuncias de Irregularidades y Documentación Apócrifa
El diputado nacional Jorge Taiana ha presentado este jueves un contundente proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la Nación, exigiendo la suspensión inmediata del proceso licitatorio para la concesión de la Vía Navegable Troncal del Río Paraná, popularmente conocida como Hidrovía. La medida se enmarca en una escalada de denuncias por presuntas irregularidades de índole técnica, jurídica, ambiental e institucional que pesan sobre la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025, convocada mediante la Resolución 67/2025.
El punto central de la controversia y el principal argumento esgrimido por el legislador se enfoca en la supuesta utilización de documentación apócrifa atribuida a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que habría sido esgrimida como aval y sustento técnico del proceso licitatorio.
Reclamo de Esclarecimiento ante la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA)
La iniciativa de Taiana busca que el Poder Ejecutivo Nacional detenga la continuidad del procedimiento de concesión hasta tanto no se logre el total esclarecimiento de las graves denuncias que ya han sido radicadas ante la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA).
El proyecto de resolución subraya que la licitación se encuentra bajo un manto de sospecha por múltiples motivos, entre los que se destacan:
El presunto uso de documentación falsa en un proceso clave para el comercio exterior argentino.
La palpable ausencia de estudios de impacto ambiental adecuados y rigurosos, necesarios para una obra de dragado de esta magnitud.
El posible direccionamiento de los pliegos de la licitación, sugiriendo un favoritismo hacia determinados actores.
La afectación de las facultades de control y participación que legítimamente corresponden a las provincias ribereñas.
La advertencia sobre un desmantelamiento de organismos federales de control encargados de fiscalizar una infraestructura considerada estratégica.
Nuevas Evidencias ante la PIA Profundizan las Sospechas sobre el Informe UNCTAD
El pedido legislativo no es un hecho aislado, sino que se apoya en una nueva presentación clave realizada el 6 de mayo de 2026 ante la PIA. En esta ampliación de la denuncia, se aportaron nuevos elementos que robustecen la acusación de la presunta falsedad de instrumentos públicos utilizados en el marco de la licitación. Según consta en el expediente, ya se encuentran acumuladas denuncias previas que señalan la posible violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, administración fraudulenta en perjuicio del Estado y la confección o uso de instrumentos públicos reputados falsos.
La más reciente presentación ante la PIA fue impulsada por la firma DTA Engenharia LTDA., con la intervención del reconocido abogado Eduardo Barcesat en representación de la compañía brasileña. Este planteo se sumó a una denuncia ya existente realizada por integrantes de la Comisión Canal Magdalena, encabezada por el ingeniero José María Lojo, quien ha sido una voz crítica y pública respecto a las presuntas irregularidades. Lojo ha manifestado de manera categórica que “Hay pruebas de que la licitación de la Vía Navegable Troncal se basa en estudios apócrifos” y ha reclamado que es “urgente detener el proceso licitatorio de la VTN para evitar que el efecto de los delitos denunciados se consumen en perjuicio de los productores y consumidores argentinos”.
El Informe “Fantasma” de la UNCTAD: El Centro de la Cuestión
El núcleo de la denuncia gira en torno a un supuesto “informe técnico” atribuido a expertos de la UNCTAD, organismo dependiente de la ONU, que habría sido utilizado como pilar de respaldo del proceso licitatorio. Los denunciantes sostienen que este documento clave carece de elementos de autenticidad fundamentales:
Ausencia de Identificación Institucional: No presenta la carátula propia de un informe oficial emanado de la UNCTAD.
Anonimato de Autores: No identifica a los expertos que supuestamente participaron en su elaboración.
Insuficiencia Técnica: No poseería idoneidad suficiente en materia de impacto ambiental, un componente crítico para un proyecto de dragado de esta envergadura.
Una investigación pericial realizada por una empresa internacional especializada en delitos informáticos habría detallado mecanismos que impiden rastrear la identidad de quién encargó la supuesta experticia, quiénes fueron los profesionales que la elaboraron y firmaron digitalmente, y qué antecedentes técnicos poseían. Agravando la situación, se ha señalado que tanto la ONU como la UNCTAD habrían sido requeridas formalmente para reconocer la autoría o brindar información sobre el documento, pero hasta la ampliación de la denuncia no habrían proporcionado respuesta.
El proyecto de Taiana añade que un informe técnico-forense especializado detectó que los documentos fueron generados utilizando Microsoft Word Office 365, un formato que no se condice con los habituales estándares institucionales de las Naciones Unidas. Además, se advierte que los archivos carecen de firmas digitales criptográficas válidas, y que las firmas visibles serían meras imágenes insertadas, compatibles con montajes gráficos o recortes digitales. Se suma a esto la ausencia de códigos de serie, ISBN, avisos editoriales y otros elementos característicos de las publicaciones oficiales de la UNCTAD.
Para el diputado, la posible utilización de documentación falsa o adulterada en una licitación pública internacional que definirá por décadas la principal vía de navegación del país constituye un hecho de extrema gravedad que compromete la legalidad administrativa, la transparencia de la contratación pública y, fundamentalmente, la confianza institucional en la solidez del proceso.
Cuestionamientos Adicionales: Ambiente, Economía y Soberanía
Más allá de la crítica documental, el proyecto aborda otros flancos cruciales de la licitación:
Riesgos Ambientales: Se denuncia la ausencia de estudios de impacto ambiental integrales respecto a la profundización del calado del Río Paraná, proyectada entre 40 y 44 pies. Distintas presentaciones judiciales y técnicas han alertado sobre posibles riesgos para el acceso al agua potable, los sistemas cloacales, la fauna ictícola y la integridad de los ecosistemas ribereños.
Afectación Federal: Taiana cuestiona la disolución del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, considerándolo un retroceso en la participación activa de las provincias ribereñas y una grave pérdida de la capacidad de fiscalización estatal sobre una infraestructura central para el comercio exterior argentino.
Riesgo Económico Empresario: El texto objeta las condiciones previstas en los pliegos en el plano económico, advirtiendo que la implementación de bandas tarifarias con precios mínimos y máximos podría desnaturalizar el concepto de concesión a riesgo empresario. Bajo este esquema, el modelo terminaría operando como una garantía de ingresos mínimos para el concesionario, con costos que serían absorbidos directamente por los productores y usuarios de la vía navegable.
La denuncia ante la PIA también apunta a un posible favorecimiento a empresas extranjeras de origen belga, mencionando a Jan De Nul, la actual operadora del dragado. Además, critica que el informe supuestamente emanado de la UNCTAD propiciaría que la obra sea realizada por una tercera persona jurídica creada exclusivamente para la adjudicación, una maniobra que, según la presentación, podría reducir la responsabilidad patrimonial frente a eventuales daños o litigios.
Finalmente, el documento agrega una advertencia de carácter estratégico y geopolítico: sostiene que la licitación podría afectar la soberanía fluvial y marítima argentina al favorecer el desvío del tránsito de mercaderías hacia el Puerto de Montevideo, lo que resultaría en un encarecimiento y alargamiento de la salida al Atlántico Sur de las exportaciones nacionales.
En consecuencia, el proyecto de resolución exige que cualquier proceso futuro vinculado con la administración y concesión de la Vía Navegable Troncal/Río Paraná deba garantizar de manera ineludible la transparencia, la legalidad administrativa, la participación federal plena de las provincias ribereñas, un efectivo control estatal, la preservación ambiental y, como principio rector, la defensa irrestricta del interés nacional.
