El Gobierno nacional amplió la Red Federal de Concesiones, el programa que prevé transferir a operadores privados la gestión, el mantenimiento y la rehabilitación de nuevos segmentos de rutas nacionales mediante contratos financiados con peajes.
La medida quedó establecida en el Decreto 1358/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. La norma permite sumar a ese esquema caminos que hasta ahora estaban bajo administración estatal, de acuerdo con el régimen de concesiones de la Ley 17.520. En total, 27 tramos podrán ser licitados.
En Buenos Aires se incorporaron las rutas nacionales 3, en el segmento que comparte con Chubut y Santa Cruz; 22, junto con La Pampa; 33; 35, que también pasa por La Pampa y Córdoba; 228, y el acceso A0017. La ruta 9 quedó incluida en su recorrido por Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y Jujuy.
La ampliación también abarca la ruta 11, que atraviesa Santa Fe, Chaco y Formosa; la 12, en Entre Ríos; la 14, entre Corrientes y Misiones; y la 16, en sectores de Santiago del Estero, Chaco y Salta.
En la Patagonia se sumaron las rutas 25 y 26, ambas en Chubut, y la 237, en Neuquén. En las regiones centro y norte se incluyeron la 34, entre Jujuy y Salta; la 38, en Córdoba y La Rioja; la 50, en Salta; las 60 y 158, en Córdoba; y la 89, entre Chaco y Santiago del Estero.
El listado se completa con las rutas 81 y 86, en Formosa; 120, 121 y 122, en Corrientes; y 151 y 152, en La Pampa. Cada una podrá incorporarse total o parcialmente a futuros corredores de peaje, siempre que los tramos correspondientes no estén incluidos en concesiones vigentes.
La condición alcanza a las rutas nacionales 3, 9, 11, 12, 14, 16, 33, 34 y 35, que ya habían aparecido en etapas anteriores y fueron incluidas nuevamente en esta ampliación.
El decreto dispone que el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, podrá definir los nuevos tramos con rutas completas o con partes de ellas, según el anexo de la norma. Antes deberá contar con un informe técnico de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
Economía tendrá a su cargo preparar y aprobar los pliegos, convocar a licitaciones públicas nacionales e internacionales, analizar las propuestas, adjudicar los contratos y firmarlos. La norma establece un plazo de 12 meses, contado desde su entrada en vigencia, para realizar los llamados a concurso.
Las empresas concesionarias podrán asumir la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los corredores. También podrán realizar actividades complementarias para obtener ingresos adicionales, además del cobro de peajes.
Aunque el Ministerio de Economía conducirá las licitaciones y otorgará las concesiones, la DNV será la autoridad de aplicación de los nuevos contratos. El organismo deberá supervisar y controlar que las empresas adjudicatarias cumplan las obligaciones asumidas.
El Gobierno sostuvo que la participación privada permitirá financiar obras y tareas de mantenimiento vial, mejorar la circulación, fortalecer la seguridad y disminuir los costos logísticos. También señaló que la medida se ajusta al objetivo oficial de limitar el uso de fondos estatales y mantener el equilibrio de las cuentas públicas.
La decisión forma parte de la Red Federal de Concesiones, un programa lanzado para sustituir la gestión estatal de distintos corredores por contratos de obra pública financiados con peajes. El plan se basa en los cambios de la Ley Bases, que amplió las atribuciones del Poder Ejecutivo para otorgar concesiones y declaró a Corredores Viales S.A. sujeta a privatización.
De acuerdo con los antecedentes incluidos en el decreto, las etapas I, II, II-B y III del programa ya fueron licitadas y adjudicadas. Esas fases comprendieron corredores como Oriental, Conexión, Sur, Atlántico, Acceso Sur, Pampa, Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur, Portuario Norte, Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco-Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico.








