La actualización tarifaria impactaría en 1.998.747 usuarios residenciales, lo que equivale al 60% de este segmento. Para este grupo, el monto promedio de la factura mensual se elevaría un 22,6%, pasando de $29.116 a $35.710, de acuerdo a las proyecciones de la empresa.
Asimismo, se prevé que otros 683.927 usuarios (cerca del 20%) experimenten una disminución promedio del 14,7% en sus facturas, mientras que 672.194 hogares (el 20% restante) no verían cambios en su facturación gracias a la aplicación del programa. Al examinar el total de usuarios residenciales —considerando tanto las rebajas como los casos congelados— se estima que la factura promedio tendría un aumento general del 11,4%.
El nuevo plan tarifario propone derogar los antiguos coeficientes zonales, reemplazándolos por un mapa territorial basado en datos censales y los ingresos de cada hogar. Esta reclasificación resulta fundamental, ya que sobre esos nuevos parámetros se calcularán elementos esenciales del costo final de la factura de agua.
Es importante señalar que el incremento promedio del 22,6% no es un límite máximo. El informe presentado al ERAS anticipa ajustes de hasta el 149% para situaciones específicas, donde se combinan la reclasificación zonal con la eliminación de bonificaciones vigentes. Según las estimaciones de AySA, los ajustes que superen el 100% afectarán aproximadamente al 3% del total de usuarios residenciales.
Vale aclarar que estos máximos se refieren a los casos analizados por la firma, excluyendo situaciones atípicas de grandes consumos o superficies. No representan un aumento general aplicable de manera inmediata.
El Gobierno nacional adjudicó recientemente la licitación pública nacional e internacional para la privatización de AySA, que implicó la venta del 90% del paquete accionario en manos del Estado por un valor de u$s340.200.000 (sin IVA). La oferta ganadora fue presentada por un consorcio compuesto por las empresas Rowing S.A., Arcos Saneamento e Participações S.A., PHX AQUA AR B.V. y Transclor S.A.
El grupo incluye a Rowing S.A., propiedad de Walter Román, a Transclor, dirigida por Mauricio Filiberti, a la brasileña Arcos Saneamento e Participações (Grupo Equipav), y a PHX, una entidad de inversión con sede en Países Bajos. Se menciona que los empresarios Juan y Patricio Neuss, cercanos al gobierno actual, están vinculados al consorcio, beneficiándose en varias licitaciones, incluida la de las represas del Comahue y la Hidrovía.
Sin embargo, el proceso de privatización ha estado marcado por controversias y acusaciones de irregularidades, así como cuestionamientos relacionados con posibles conflictos de interés entre las empresas involucradas y aquellos que respaldaron la campaña del oficialismo. Es importante señalar que la oferta del consorcio ganador de Rowing S.A. fue por una cifra inferior a los u$s500 millones que se había proyectado como mínimo para la operación.
Las preocupaciones han aumentado debido a los lazos de Rowing con Equo Capital, que también comprende a Direct Group y Lógico. Estas últimas aportaron $20 millones cada una a la campaña para las elecciones de 2025. Según datos de la Cámara Nacional Electoral, los aportes fueron efectuados los días 28 y 29 de julio del año en curso.
Legisladores de la oposición han presentado una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para investigar la tasación de la empresa estatal. Las diputadas Carignano e Ianni, junto con los senadores Bahl y Capitanich, cuestionaron la falta de transparencia en los informes de evaluación y la demora del Tribunal de Tasaciones de la Nación, sosteniendo que esta falta de claridad impide evaluar si la venta fue beneficiosa para el Estado.
De esta manera, la denuncia judicial intensifica las tensiones en torno al proceso de privatización de AySA. Según el informe, el Tribunal de Tasaciones indicó que no podía utilizar el método de valuación del Gobierno, que se basaba en ingresos, inversiones y costos, ya que estaba restringido al cálculo de activos físicos. Los legisladores también criticaron el hecho de que la valuación quedara en manos de una unidad especial creada en el BICE, manifestando que el procedimiento podría acarrear responsabilidades tanto administrativas como penales.
La discusión sobre los coeficientes zonales se desarrolla en un contexto ya complejo, con el consorcio ganador elegido y numerosas irregularidades denunciadas. A través de la Resolución 1818/2026, se estableció que el 13 de noviembre será la fecha límite para la firma del contrato de compraventa, un paso formal esencial para completar el traspaso de la empresa de agua y saneamiento.
El cronograma oficial de la licitación indica que la gestión del nuevo operador privado comenzaría entre enero y febrero de 2027. Mientras tanto, la definición acerca de los ajustes tarifarios que se discutirán este lunes seguirá bajo la supervisión del ERAS, que deberá expedirse de manera formal sobre la propuesta presentada por la actual administración de la empresa.
