La PIA, encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, se apartó así de la postura de Taiano y sostuvo que el expediente debe seguir abierto para esclarecer aspectos centrales del lanzamiento y el posterior colapso de la criptomoneda. “A criterio de este organismo”, señaló la Procuraduría en su presentación, “la investigación del caso no se encuentra agotada, restando profundizar y realizar medidas de prueba”.
En un escrito de 16 carillas, Rodríguez consideró “prematura” la decisión de cerrar la causa y pidió al juzgado que reabra la investigación. Si el juez rechaza el planteo, solicitó que se conceda una apelación subsidiaria para que intervenga la Cámara Federal.
La actuación de la PIA se produjo luego de una presentación del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, dos organizaciones que intervienen en el expediente como amigos del tribunal. Ambas habían pedido que la Procuraduría, por su especialización, asumiera directamente la persecución penal y evitara el cierre definitivo de una investigación que consideraban prematuro.
La presentación tiene un antecedente significativo: en los días posteriores al lanzamiento y el colapso de $LIBRA, la propia PIA había iniciado una investigación antes de que el episodio llegara a los tribunales. Sin embargo, una vez abierta la causa penal, Taiano no le dio intervención durante el año y medio en que estuvo a cargo de la pesquisa, pese a que el organismo suele participar en expedientes vinculados con funcionarios públicos.
Ahora, la PIA expuso una posición distinta de la del fiscal. “En consideración de esta Procuraduría”, afirmó Rodríguez, “de las propias constancias analizadas por el magistrado interviniente […] surge que la evidencia recolectada en el expediente requiere la profundización de la investigación de la prueba obtenida”.
Rodríguez sostuvo que “no existió un agotamiento de la investigación, sino todo lo contrario”, debido a la falta de colaboración de otras jurisdicciones, entre ellas Estados Unidos, y a la ausencia de un peritaje forense de algunos teléfonos celulares. También mencionó las “maniobras de entorpecimiento y ocultamiento desplegadas por algunos de los imputados”, como Mauricio Novelli y Sergio Morales, quienes borraron contenidos.
La Procuraduría también planteó interrogantes sobre la conducta del Presidente, que publicó un mensaje sobre $LIBRA en la red social X la noche del 14 de febrero de 2025: “Resta dilucidar cómo hizo el Presidente para difundir un contrato que aparentemente no era de acceso público ni estaba en las redes”.
En otros términos, explicó Rodríguez, “el caso investiga si Libra se generó para inducir engañosamente a la gente a invertir, usando como señuelo la promoción, el aval, la difusión efectuada por el Presidente, para luego levantar el dinero recaudado y huir. Según se aprecia, el estado actual del caso, no se encuentra en el final de la investigación, sino en su etapa de recolección de pruebas, las cuales estarían mostrando señales de una concertación defraudatoria”. Añadió que los hechos también podrían configurar el delito de manipulación de mercado, denominado “agiotaje financiero” y previsto en el artículo 309 del Código Penal.
La PIA defendió además la cadena de custodia de los peritajes y pidió profundizar el análisis de una nota que aludía a un acuerdo final, según lo conversado con H. En ella, Novelli habría mencionado pagos por 5 millones de dólares. La Procuraduría destacó el “acotado alcance” del examen realizado hasta ahora sobre un posible acuerdo, que, a su juicio, no permite descartar la hipótesis delictiva.
“Lo mismo puede decirse de los ingresos a la Casa Rosada autorizados por la Secretaría General de la Presidencia”, señaló la Procuraduría. “Si bien en esta primigenia instancia no corresponde discurrir sobre el contenido específico de las reuniones con las personas de interés, las fechas y los reiterados accesos —en particular los protagonizados por Novelli y Morales— constituyen indicios que, valorados de manera conglobada, robustecen la hipótesis delictiva del caso; todo lo contrario a lo sostenido por el fiscal y resuelto por el magistrado de grado”.
La Procuraduría tiene antecedentes de promover investigaciones que otros fiscales habían dejado de lado. Uno de los más relevantes es el caso Skanska, en el que insistió durante años para que se incorporara una grabación interna de la empresa sobre el presunto pago de sobornos. La Corte Suprema finalmente validó su planteo y la inclusión de ese material permitió reabrir el expediente, que terminó con condenas a exfuncionarios kirchneristas. Más recientemente, también con Taiano como fiscal, la PIA pidió reabrir la causa por el Vacunatorio VIP. La Cámara Federal aceptó el planteo y ordenó que la investigación continuara.
La intervención en $LIBRA, sin embargo, presentaba obstáculos. Fuentes del Ministerio Público Fiscal habían advertido que, a diferencia de esos antecedentes, Taiano había pedido los sobreseimientos y Martínez de Giorgi ya los había dictado, mientras que la Procuraduría no había sido notificada de la decisión. Pese a esas circunstancias, Rodríguez informó ayer al juzgado que asumía la acción penal y cuestionó formalmente el cierre del expediente.
El Juzgado Federal 8, a cargo de manera interina de Daniel Rafecas tras la licencia solicitada por Martínez de Giorgi, quien está de viaje por dos semanas, daría intervención a Taiano para que opine sobre la presentación de la PIA. Luego, el expediente quedaría listo para que Martínez de Giorgi resuelva a su regreso al juzgado.
Por lo tanto, será Martínez de Giorgi quien decida sobre el pedido de la PIA. Si lo rechaza, la apelación subsidiaria permitirá que el planteo sea revisado por la Cámara Federal. De ese modo, se abre una nueva instancia judicial en una causa que involucra al Presidente, a su hermana y a otros funcionarios y particulares vinculados con el lanzamiento del token.
Las dos organizaciones que impulsaron la intervención de la PIA habían cuestionado con dureza la actuación de Taiano. Mencionaron los reiterados pedidos para apartarlo, las filtraciones de información sensible a la prensa y lo que describieron como un manejo direccionado de los plazos para analizar pruebas clave. También denunciaron que algunos dictámenes y elementos probatorios se incorporaron al sistema de gestión judicial recién después de que se conocieran por investigaciones periodísticas.
Además, cuestionaron la negativa reiterada del fiscal a los pedidos de las querellas y de las propias organizaciones para que Milei fuera citado a prestar declaración indagatoria. También advirtieron que el dictamen fiscal que sustentó los sobreseimientos no estaba incorporado al sistema de gestión judicial, lo que impedía a las partes conocer y analizar sus fundamentos.
En su escrito, la Procuraduría encabezada por Rodríguez recogió los cuestionamientos sobre las líneas de investigación que quedaron pendientes. Entre ellas, enumeró la reconstrucción del recorrido de los fondos, la recuperación y el análisis de comunicaciones, la investigación de posibles acuerdos comerciales y el examen de los movimientos de dinero relacionados con los hechos.
La PIA también objetó que los indicios se hubieran valorado por separado, en lugar de analizarlos en conjunto para determinar si permiten reconstruir una posible trama de corrupción. Desde esa perspectiva, las limitaciones técnicas o las respuestas incompletas a los pedidos de información no deberían servir para cerrar el expediente, sino para justificar nuevas medidas de investigación.
Las organizaciones habían señalado, además, que la pesquisa debía avanzar para establecer si la conducta del Presidente pudo encuadrar en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Sostuvieron que debía producirse la prueba necesaria para formular, eventualmente, una acusación precisa y debatirla en un juicio oral y público.
La presentación de la PIA constituye así un intento, dentro del Ministerio Público Fiscal que encabeza Eduardo Casal, de evitar que los sobreseimientos pongan fin al expediente. El organismo especializado asumió la acción penal que Taiano decidió no impulsar y pidió a la Justicia que habilite una investigación exhaustiva, activa y especializada.
