La media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que busca integrar el vandalismo rural al Código Penal fue valorada como un “gran paso” por el sector agropecuario, que lleva tiempo demandando herramientas legales para prevenir ataques a la producción y mejorar la protección de quienes viven y trabajan en el campo. La iniciativa alcanzó 162 votos a favor, 77 en contra y una abstención.
“Esta ley es un gran, gran paso”, declaró Martín Ardohain, diputado nacional por La Pampa e impulsor de la propuesta. Según explicó, la legislación penal actual no aborda adecuadamente ciertas situaciones que se presentan en los establecimientos agropecuarios, desde el ingreso no autorizado hasta los daños a las instalaciones y bienes relacionados con la actividad productiva.
Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), también respaldó la iniciativa. “Es una satisfacción institucional porque este proyecto lo llevó adelante CRA. Pero era algo que le debíamos al productor, a la gente que trabaja y vive en el campo”, afirmó el entrevistado.
La propuesta busca sumar al Código Penal dos figuras específicas: el ingreso sin autorización a un establecimiento rural y los daños a bienes e instalaciones que afecten directamente la producción agropecuaria. El objetivo es que estos comportamientos dejen de ser considerados, en ciertos casos, como simples contravenciones o daños menores, y sean investigados y sancionados penalmente.
“En el campo usamos la frase que la ley llega hasta la última columna de luz del pueblo. Cuando uno toma un camino rural hacia el campo, la ley no llega. Se apagan las luces y se acaba la protección legal”, ilustró Ardohain al señalar la discrepancia entre la protección legal en las ciudades y en las áreas rurales.
El diputado señaló que, hasta el momento, entrar a un predio rural sin autorización, incluso en ciertas circunstancias con perros o armas, podría no constituir un delito si no se generaban daños ni robos. “Es solo una contravención”, subrayó.
Con la modificación propuesta, ingresar a un establecimiento rural en contra de la voluntad de quien tiene derecho a excluir a terceros se considerará un delito. El proyecto prevé penas de un mes a un año de prisión para dicha conducta, con agravantes que pueden aumentar la pena hasta dos años si la intrusión interfiere en la actividad productiva o pone en riesgo a personas, animales o cultivos.
Castagnani resaltó que la iniciativa también pretende fortalecer el respaldo a las fuerzas de seguridad y a la Justicia para actuar ante estos incidentes. “Hoy no había un delito tipificado en el campo, a diferencia de lo que ocurre en las ciudades donde el simple hecho de entrar a un departamento o casa sin permiso ya es un delito, mientras que en el campo, hacerlo sin autorización no lo es, a pesar de que sigue siendo una propiedad privada”, subrayó.
El segundo eje del proyecto se centra en los daños a bienes relacionados con la producción. La ley contempla penas de dos a ocho años de prisión, además de multas, para quienes afecten de manera directa el ciclo productivo, las existencias de materias primas o la infraestructura de un establecimiento agropecuario.
Los bienes mencionados incluyen cultivos no cosechados, granos almacenados en silobolsas, ganado, alambrados, tranqueras, silos, corrales y reservas de agua. También se consideran las instalaciones tecnológicas para la provisión de energía o la extracción de agua, como parte de los equipos usados en la producción.
Ardohain explicó que la legislación actual había dejado un vacío frente a las innovaciones tecnológicas del sector agropecuario. “Es lógico que el Código Penal no lo contemplara porque es de 1921 y en esa época no existían silobolsas, paneles solares, equipos de riego ni bombas sumergibles, todo lo que hoy el sector productivo utiliza”, precisó.
El texto también prevé penas más severas en circunstancias específicas. La sanción máxima puede incrementarse de ocho a diez años de prisión si el delito es cometido por tres o más personas de manera coordinada, resulta en la pérdida total de la producción, interrumpe el ciclo productivo o involucra violencia. Además, la pena mínima se duplica si el autor o instigador es un funcionario público o alguien relacionado con la producción agropecuaria.
Castagnani consideró que la nueva legislación podría incentivar a los productores a denunciar más los delitos rurales y facilitar un tratamiento adecuado de las causas. “Los productores están cansados de que sus denuncias no avancen. Esto equiparará los delitos y ayudará a frenar aquellos que afectan a las personas que viven en el campo; hay mucha violencia y esto va a poner un freno porque ahora habrá consecuencias”, señaló.
El presidente de CRA también mencionó que la norma podría proporcionar mayor respaldo a la acción policial. “Es crucial para la Justicia y la policía rural, ya que ahora se sentirán más respaldados y sabrán que hay una ley que los respalda en caso de tener que actuar”, comentó. No obstante, recordó que el proyecto debe completar el trámite legislativo y ser aprobado por el Senado, “pero es un gran paso”.
El dirigente rural anunció que CRA aconsejará a los productores que realicen denuncias y refuercen la señalización de sus propiedades como terrenos privados. “Todos tenemos la responsabilidad de que esta ley se implemente”, concluyó.
