El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, presentó dos iniciativas concretas desde el Poder Ejecutivo: el financiamiento de la Línea F de subtes y la Ley Antitrapitos.
La primera propuesta, remitida por el Gobierno, busca a través de operaciones de crédito público financiar la construcción total de la Línea F de Subterráneos, la primera obra que se proyecta en la red subterránea en 25 años.
El proyecto prevé acceder a hasta 1.350 millones de dólares mediante financiación de organismos multilaterales, entidades financieras y la emisión de deuda. Esta obra de infraestructura es fundamental para la Ciudad de Buenos Aires, ya que está destinada a mejorar la conectividad del transporte, facilitar la movilidad urbana y ampliar la red de subte. La línea F está diseñada para unir los barrios de Palermo y Barracas, permitiendo una conexión más directa con el sur de la ciudad más allá de Constitución.
La extensión de la línea F será de 9,8 kilómetros y contará con 12 estaciones. Además, permitirá la combinación con las seis líneas de subte en funcionamiento: A, B, C, D, E y H, así como con los trenes Roca (en Plaza Constitución) y San Martín (en Palermo).
En cuanto a la Ley Antitrapitos, se propone aumentar las sanciones para quienes realicen actividades no autorizadas en el espacio público relacionadas con el estacionamiento, el cuidado de vehículos o la limpieza de vidrios, conocidas como ‘trapitos’ o ‘cuidacoches’.
Por otro lado, a través de Manuela Thourte, el radicalismo presentó una iniciativa para regular el uso de vapeadores. Esta norma busca regular el uso, venta y promoción de vapeadores y productos derivados del tabaco y la nicotina, con el fin de limitar su acceso a menores de 18 años. “Esto es de amplio consumo en menores, y por ahí se desconocen todas las consecuencias. Hoy se compran en cualquier comercio, incluso los descartables, con una publicidad muy accesible para ellos y que se vendan en cualquier lado”, destacó la legisladora Claudia Negri (Fuerza por Buenos Aires).
La Libertad Avanza también introdujo dos proyectos en el temario, ambos de la autoría de María del Pilar Ramírez. El primero busca una reforma profunda a la Ley Nº 2.265 sobre la Verificación Técnica Vehicular Obligatoria (VTO). La iniciativa sugiere desregular el servicio, ampliar la competencia y ajustar los requisitos técnicos a los avances tecnológicos y la normativa nacional.
Entre los principales cambios, se establece que los vehículos particulares 0 kilómetro realizarán la primera VTO a los cinco años de su patentamiento, mientras que la frecuencia de las revisiones será cada dos años para unidades de hasta diez años y anual para aquellos más antiguos. El orden de las revisiones se organizará mensualmente según el último número de la patente, con el fin de evitar congestiones. Asimismo, se elimina el cupo de plantas verificadoras y cualquier taller o concesionario que cumpla con los requisitos podrá ofrecer el servicio, sin tarifas máximas ni mínimas impuestas por el Estado.
La propuesta también modifica el régimen de grabado de autopartes, haciéndolo obligatorio en seis partes de la carrocería, permitiendo que el titular lo realice bajo normas técnicas. El costo del grabado dejará de estar regulado, y los talleres habilitados deben verificar su cumplimiento antes de aprobar la VTO. La propuesta argumenta que un sistema restringido y regulado incrementa los costos sin garantizar mayor seguridad, por lo que el Estado mantendrá funciones de auditoría y sanción, pero sin intervenir en la operativa comercial.
El otro proyecto presentado por el partido es la Ley Hojarasca, que contempla la derogación de más de 20 normas que han quedado obsoletas o resultan redundantes en la gestión administrativa. También se dispone que las partidas presupuestarias asociadas a estas regulaciones sean transferidas al Ministerio de Hacienda y Finanzas para una mejor centralización y eficiencia en el uso de los recursos.
Finalmente, Fuerza por Buenos Aires propone el establecimiento de un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal administrado por el Banco Ciudad, con el propósito de abordar el problema del sobreendeudamiento en sectores vulnerables. Liderado por el diputado Leandro Santoro, el plan busca restaurar la capacidad de pago de los hogares mediante líneas de crédito especiales a condiciones accesibles, priorizando a quienes enfrentan mayor vulnerabilidad social, sin comprometer la sostenibilidad financiera del banco ni del presupuesto local.
El aspecto central del programa es la creación de una línea de crédito especial, exenta de impuestos, destinada exclusivamente a saldar deudas personales previas, con una tasa máxima del 40% nominal anual y plazos de hasta 36 meses. Aquellos con deudas mensuales superiores al 40% de sus ingresos y menores a diez salarios mínimos pueden acceder, siempre que tengan al menos dos años de residencia en la Ciudad. La propuesta incluye a empleados, monotributistas hasta categoría G y jubilados, excluyendo a quienes posean inmuebles adicionales o activos financieros superiores a la deuda, así como deudas alimentarias, tributarias e hipotecarias.
El proceso contempla la transferencia directa de fondos a los acreedores, la apertura de una ventanilla única tanto física como digital y una campaña de difusión para facilitar el acceso a este recurso. Además, se establece un sistema de cupos y prioridad para hogares con menores, personas mayores, aquellos con discapacidad, estudiantes de educación pública, inquilinos y trabajadores de bajos ingresos. También se prevé la posible inclusión de otras entidades financieras, públicas o privadas, bajo los mismos estándares del programa.
