A pesar de las sanciones aplicadas por Argentina, la empresa británica Rockhopper anunció la adquisición de un 35% de participación en una plataforma flotante, en el contexto de su proyecto Sea Lion, en colaboración con la compañía israelí Navitas, con el objetivo de extraer petróleo en aguas de las Islas Malvinas.
La compañía comunicó que firmó un acuerdo para la compra, por 44 millones de dólares, de SPV, que es propietaria de la unidad de producción, almacenamiento y descarga OSX-1.
El proyecto Sea Lion, donde Navitas posee un 65% de participación, tiene como meta convertirse en 2028 en la primera iniciativa en generar petróleo en las islas, ubicadas en el Atlántico Sur y en el centro de disputas de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.
Este yacimiento, situado a aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Malvinas, es el primero descubierto en las aguas circundantes, anuncio realizado por Rockhopper en mayo de 2010. Navitas ingresó al proyecto a principios de 2020 y, tras cinco años, ambas empresas comenzaron la fase final de inversión. Se planea una inversión total de 1.800 millones de dólares antes de comenzar la producción, prevista para marzo de 2028.
Adicionalmente, se contempla una inversión de 2.100 millones de dólares para las etapas de explotación. El proyecto tiene una duración estimada de 30 años. Las actividades comenzarán en el Área de Desarrollo Norte (NDA) y posteriormente se trasladarán al Área de Desarrollo Central (CDA), utilizando la plataforma OSX-1, donde se espera que la producción alcance los 180.000 barriles diarios hacia finales de 2030.
Sin embargo, a principios de esta semana, Rockhopper enfrentó una caída significativa en la Bolsa de Londres, con una disminución en sus acciones del 15,2% y una baja acumulada del 29% en el último mes.
El proyecto, en conjunto con Navitas Petroleum, le ha valido a Rockhopper sanciones comerciales por parte del gobierno argentino, aunque la compañía ha reiterado que mantendrá su plan para iniciar la producción comercial en el primer trimestre de 2028, a pesar de las tensiones políticas que persisten.
El Gobierno argentino ha incrementado recientemente la presión sobre las empresas que operan en las Malvinas, presentando un proyecto para endurecer las sanciones implementadas desde 2011, que afectan a compañías, accionistas y proveedores. La postura oficial argentina considera ilegítima la actividad del Reino Unido en las Malvinas y aguas adyacentes, fundándose en un histórico reclamo de soberanía.
Por su parte, el Gobierno británico defendió a las empresas y particulares que operan en el archipiélago, desafiando la postura argentina. Esta defensa fue articulada por Uma Kumaran, subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, quien expresó en una declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores británico: “El Reino Unido lo deja claro: las Islas Malvinas son británicas y tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como mejor les parezca”. Asimismo, argumentó que el desarrollo de tales recursos es parte del derecho a la autodeterminación que el Gobierno británico reconoce a los habitantes de las islas.
Kumaran también abordó las medidas argentinas que afectan a empresas y particulares que proveen bienes y servicios a las Malvinas, ya sea de manera directa o indirecta, incluyendo aquellas vinculadas al sector hidrocarburífero. “El Gobierno del Reino Unido y nuestra red diplomática respaldan plenamente a esas empresas y personas. Cuentan con todo nuestro apoyo”, concluyó.
