Las circunstancias de ambas entidades no son comparables. Respecto a la AFA, el Ejecutivo indica que existe una apelación activa en la Justicia civil, concedida por la Cámara, por lo que esperan esa decisión antes de proceder con apercibimientos o nuevas decisiones administrativas. “Tenemos que esperar que resuelva la Cámara para poder apercibirlos”, afirman.
En contraste, la situación de la Superliga es diferente. Desde la Casa Rosada se informa que esta entidad solamente ha expresado su desacuerdo con la supervisión, un planteo que fue rechazado por la IGJ. La estrategia oficial es mantener abierta la vía administrativa y evitar un enfrentamiento prematuro. “La semana que viene seguramente prosigamos con alguna medida según requieran los veedores”, comentan.
La Inspección General de Justicia (IGJ) tiene la autoridad para supervisar asociaciones civiles y fundaciones, así como para controlar su funcionamiento, disolución y liquidación. Según la Ley 22.315, el organismo puede investigar y resolver denuncias, asistir a asambleas y convocarlas en ciertos casos, además de solicitar medidas más severas al detectar irregularidades significativas.
El Gobierno está atento a la apelación de la AFA que debe resolver la Cámara, mientras mantiene la presión documental sobre las entidades del fútbol.
En este contexto, una de las primeras acciones disponibles es una intimación formal para que la Superliga presente la documentación o facilite el acceso requerido por los veedores. Si la IGJ determina que ha habido incumplimiento, tiene la autoridad para sancionar a asociaciones, fundaciones y administradores que no proporcionen información, entreguen datos falsos, infrinjan obligaciones legales o estatutarias, o dificulten el trabajo del organismo.
Las posibles sanciones incluyen apercibimiento, apercibimiento con publicación a cargo del infractor y multa. El monto máximo de la multa fue actualizado por el Decreto 609/2024 y se estableció en $8.000.000, considerando la gravedad de la infracción, la posible reiteración de conductas ilegales y el patrimonio de la entidad.
Además, la IGJ cuenta con herramientas adicionales si se detectan irregularidades graves. Puede declarar la nulidad o ineficacia administrativa de actos bajo fiscalización y, en casos extremos, solicitar al Ministerio de Justicia la intervención de una asociación civil o la revocación de su autorización para funcionar.
