La Cámara de Diputados se encuentra en preparación para debatir el destino del DNU 70/23, una normativa clave de la etapa inicial del gobierno de Javier Milei. La oposición ha convocado una sesión especial para el 15 de octubre, con el propósito de avanzar en la discusión sobre este decreto que ha modificado y derogado un extenso conjunto de normas en áreas económicas, laborales, comerciales y administrativas. Cabe recordar que el Senado ya había rechazado el DNU en marzo de 2024, por lo que una nueva negativa en la Cámara baja resultaría en la pérdida de vigencia del decreto.
Este escenario ha ganado relevancia tras el reciente fallo de la Corte Suprema en relación con la ley de Tierras. El máximo tribunal desestimó un recurso de una entidad que cuestionaba la derogación de la normativa anterior, lo que, a su vez, habilitó el esquema fijado por el DNU en lo que concierne a las restricciones para la compra de tierras rurales por extranjeros. Este fallo ha reactivado el debate en el Congreso, no solo en torno a ese aspecto, sino al conjunto del decreto.
El rechazo del DNU tendría un efecto que va más allá del régimen de tierras. La norma 70/23 ha modificado o anulado centenares de disposiciones, en ocasiones eliminando leyes completas. Si se concreta su caída, se abriría la discusión sobre cuáles de esas normas podrían volver a estar en vigor y cómo afectaría esto a relaciones jurídicas, contratos y actividades que se llevaron a cabo durante los casi tres años de vigencia del decreto.
Uno de los sectores afectados podría ser el mercado de alquileres. El DNU derogó la Ley 27.551 y alteró el Código Civil y Comercial, ampliando la libertad de las partes en la fijación de condiciones de los contratos. Entre otros aspectos, permitió determinar el plazo, la moneda del contrato y los mecanismos de ajuste. Si el decreto dejara de ser aplicable, se reabriría el debate sobre el régimen anterior y sobre la situación de los contratos celebrados mientras las modificaciones estaban vigentes.
Además, las normativas relacionadas con el funcionamiento de las obras sociales y las compañías de medicina prepaga también quedarían bajo revisión. El decreto modificó el régimen de elección de obra social para trabajadores y eliminó ciertas restricciones sobre las cuotas de las empresas de medicina prepaga. La revocación del DNU obligaría a precisar qué disposiciones anteriores volverían a estar en vigor y cómo se interrelacionarían con las normas sancionadas posteriormente.
Otro punto sensible son las regulaciones sobre alimentos y comercio. El DNU derogó la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas, y modificó de manera parcial el régimen de Compre Argentino. La primera otorgaba al Estado herramientas para intervenir en precios y abastecimiento, mientras que la segunda establecía reglas de exhibición orientadas a garantizar espacio para los productos de pequeñas y medianas empresas y otros proveedores.
En el ámbito del comercio exterior, el decreto trajo modificaciones al Código Aduanero y eliminó normas que imponían restricciones a operaciones específicas. También se introdujo el principio de que las prohibiciones de exportación debían estar sujetas a condiciones concretas. Un eventual retorno a la normativa anterior significaría revisar nuevamente este marco legal.
Las empresas públicas son otro de los temas relevantes. El DNU alteró el régimen de las sociedades estatales y posibilitó su conversión en sociedades anónimas, en un contexto vinculado a la política de privatizaciones del Gobierno. Si el decreto se rechazo de manera definitiva, esas modificaciones perderían vigencia, aunque el impacto dependería de las normas y actos posteriores aplicados a cada empresa.
El sector de las telecomunicaciones también podría verse afectado. El decreto introdujo cambios destinados a facilitar la provisión de servicios de internet satelital, buscando permitir el ingreso de nuevos operadores al mercado. La anulación de esas modificaciones podría generar un escenario de revisión regulatoria para las empresas que ingresaron o expandieron sus operaciones bajo lo dispuesto por el DNU.
El ámbito laboral presenta una particularidad. Aunque el decreto alteró numerosas normativas, varios de sus artículos han sido objeto de litigios y han atravesado diversos procesos judiciales. Además, en 2026 el Congreso aprobó una reforma laboral, lo que hace que un posible rechazo del DNU no implique un simple regreso al régimen anterior a diciembre de 2023. En este aspecto, la situación normativa requeriría un análisis disposición por disposición.
Con la sesión convocada para el 15 de octubre, la Cámara de Diputados tendrá la oportunidad de completar el trámite parlamentario iniciado hace más de dos años. Para discutir el decreto será necesario alcanzar el quórum reglamentario y, una vez iniciado el debate, obtener una mayoría simple para su rechazo. El resultado de esta decisión no solo definirá el futuro del DNU 70/23, sino también el marco legal que podría reemplazar varias de las desregulaciones impulsadas por Milei desde el inicio de su gestión.
