El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) puso fin a la excepción que autorizaba el uso de ractopamina como promotor de crecimiento en cerdos. La medida, reclamada por cinco entidades de la cadena porcina, quedó formalizada en la resolución 956/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por la presidenta del organismo, María Beatriz Giraudo.
La normativa prohíbe el uso y la comercialización de productos veterinarios destinados a promover el crecimiento que contengan sustancias beta agonistas, como la ractopamina, o de acción tirostática. La restricción alcanza a quienes utilizan o comercializan esos productos en la cadena animal. Para los productores porcinos, supone eliminar una excepción que regía únicamente para esa especie.
Agustín Seijas, director ejecutivo de la Federación Porcina Argentina (FPA), celebró la decisión. “Desde la Federación Porcina Argentina celebramos esta decisión de las autoridades sanitarias, que representa un logro histórico tras años de gestiones ininterrumpidas que sostuvimos ante las distintas administraciones gubernamentales. Durante mucho tiempo llevamos adelante este reclamo para subsanar una contradicción normativa que no reflejaba la realidad de nuestras granjas, donde producimos de manera natural y sin promotores de crecimiento”, dijo.
El artículo 2 deroga la Resolución 148/2006, que había prohibido el uso de esos promotores. En 2011, el entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca modificó ese régimen mediante la Resolución 1458 e introdujo la excepción para la ractopamina en cerdos. La nueva decisión unifica el criterio para todas las especies y aclara que la prohibición comprende también la comercialización de los productos veterinarios alcanzados.
“Sin duda que es un paso estratégico que nos permitirá respaldar nuestras exportaciones sin riesgo de objeciones comerciales, alineándonos con los estándares de más de 160 países que no autorizan este tipo de productos. Con esto logramos revalorizar internacionalmente a la carne porcina argentina como un producto de máxima calidad e inocuidad libre de promotores, y al mismo tiempo brindar reglas claras y total previsibilidad a los productores de nuestro país”, precisó Seijas.
El Senasa justificó el cambio por las diferencias regulatorias entre países. Indicó que la ractopamina está prohibida o no cuenta con autorización en varios mercados relevantes para las exportaciones argentinas, entre ellos la Unión Europea. Mantener la excepción, advirtió el organismo, podría “afectar la previsibilidad del sistema sanitario y comprometer la estrategia de inserción internacional” de la Argentina en el comercio de carnes.
El organismo sostuvo además que un criterio común facilita los controles y señaló que los beta agonistas generan efectos metabólicos y fisiológicos que exceden la mejora productiva. La resolución invoca la ley 13.636, que regula los productos veterinarios, y la ley 27.233, que asigna al Senasa el control sanitario y establece la responsabilidad de los operadores sobre la sanidad y la inocuidad de lo que producen.
El programa de control de residuos del organismo ya contempla análisis para detectar ractopamina en bovinos, porcinos, equinos y ovinos faenados, así como en productos importados. De acuerdo con la normativa, pidieron eliminar la autorización la FPA, la Cámara Argentina de Empresas de Genética Porcina (Caegp), la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Carne de Cerdo (Caicha), la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra) y la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (Caena). Las entidades buscaban adecuar las reglas locales a los requisitos de los mercados internacionales y acompañar el crecimiento de las exportaciones.
La nueva norma también plantea cambios para la carne importada. La regulación anterior incluía la Disposición 2/2012, que permitía el ingreso de cargamentos de carne porcina procedentes de países que utilizan ractopamina, siempre que respetaran determinados límites de residuos. Los considerandos de la resolución 956/2026 proponen dejar sin efecto ese régimen. Sin embargo, aunque la parte dispositiva deroga expresamente la Resolución 148/2006 y prohíbe el uso y la comercialización de los promotores de crecimiento, no menciona de manera expresa la Disposición 2/2012 ni las condiciones para los cargamentos importados.








