Según un comunicado de ADEPA, al que se tuvo acceso, la decisión del titular del Juzgado de Garantías N° 7 de Pilar incluye restricciones de contacto y aproximación, así como la prohibición de divulgar datos personales, imágenes o información privada del denunciante.
La entidad enfatizó que la resolución “no menciona hechos concretos” que permitan vincular a los periodistas denunciados con la posible comisión de un delito, “ni siquiera con el grado de provisionalidad propio de una medida cautelar”.
ADEPA también aseguró que la denuncia contra los periodistas se basa en su “decisión editorial de informar de modo sostenido sobre el caso ‘AFA’”. En este contexto, la organización recordó que, tratándose de figuras públicas o personas con responsabilidades institucionales, el concepto de vida privada “debe ser interpretado con especial cuidado” para no obstaculizar las investigaciones o las publicaciones que abordan asuntos de interés general.
La asociación mostró preocupación, además, por la prohibición de acercamiento en relación al denunciante y los lugares donde realiza sus actividades cotidianas, alertando que este tipo de restricciones “puede afectar tareas básicas del periodismo”, que incluyen la búsqueda de información, realizar preguntas o cubrir eventos.
ADEPA argumentó que medidas como esta generan “un serio efecto inhibitorio sobre la libertad de prensa” y consideró que la utilización de una denuncia penal para imponer restricciones cautelares a periodistas “sin fundamentos específicos” constituye una forma indirecta de dificultar la labor periodística.
Asimismo, la entidad destacó que la resolución infringe la prohibición de establecer censura previa a la libertad de expresión y prensa, según se establece en el artículo 14 de la Constitución Nacional y en el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica.
Por último, ADEPA subrayó que la protección de la seguridad personal y la intimidad “debe ser compatible con el pleno ejercicio de la libertad de expresión”, advirtiendo que este tipo de decisión representa “un peligroso antecedente” para el ejercicio del periodismo y el debate público.
