El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, encargado de la mayoría de las causas vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), decidió sobreseer a seis familiares directos de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. Esta resolución se da en el marco de una investigación por lavado de dinero originada en la provincia de Santiago del Estero, donde se encuentran la mayor parte de sus empresas.
En esta causa, el fiscal de Santiago del Estero, Pedro Simón, había imputado a varios dirigentes de la AFA por estar al frente de una asociación ilícita y por una supuesta maniobra de lavado de dinero que comenzó en 2018. Según se detalla en el informe, las fuentes de ingresos ilícitos incluirían una defraudación a la AFA, la omisión de pago de impuestos a ARCA mediante facturas presuntamente falsas, y la falta de liquidación de divisas así como la compra de moneda extranjera en el mercado negro.
Simón solicitó la indagatoria y captura de los dirigentes Tapia y Toviggino, y en total imputó a 26 personas, entre las que se encontraban dos hijos de Toviggino, su hermano Darío Fabián, su ex esposa María Julia Del Castillo Orellana y su actual pareja, María Florencia Sartirana.
El mismo día que volvió de sus vacaciones, el juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, decidió desestimar la denuncia, aunque fue apartado del caso tras revelarse que su hija había vendido una propiedad al hermano de Toviggino en julio de 2024. Mientras la Cámara de Tucumán podría haber revocado su decisión, el fiscal general de la provincia, Rafael Vehils Ruiz, optó por desistir de dicho recurso, lo que llevó a que la causa pasara a manos de González Charvay, el mismo juez que había sido seleccionado por los supuestos testaferros de una lujosa mansión en Pilar.
Con el argumento de “no hay impulso fiscal”, González Charvay sobreseyó a trece familiares y allegados de Toviggino, así como a seis empresas relacionadas con su familia: HR SRL, Barwa SRL, Bori SRL, DCT SRL, WiCA SAS y Vandap SAS.
El sobreseimiento no incluye a Toviggino ni a Tapia, quienes no se presentaron en este proceso, así como a otras personas que habían sido mencionadas en la acusación inicial.
Los pedidos de sobreseimiento fueron formulados por los abogados Álvaro Aitor Irazusta, en nombre de los familiares de Toviggino, y otros dos abogados que representaban a la pareja del tesorero. En la resolución, firmada este miércoles, González Charvay expresó que “se verifica en autos que respecto de las personas cuyo sobreseimiento se solicita no existe impulso penal por cuanto el requerimiento de instrucción oportunamente formulado fue desestimado”. Agregó que “no hay acción habilitada contra las personas físicas ni jurídicas señaladas, ni tampoco se han ordenado medidas cautelares respecto de las mismas”.
La causa que terminó por derivar en el pedido de detención de Tapia y Toviggino, junto a otras 22 personas, se inició en diciembre del año pasado a raíz de una denuncia de Aldo Sergio Parodi. En un período de casi cuatro meses, el fiscal Simón recibió informes de diversas entidades, como Anses, Renaper, Dirección de Migraciones y los Registros de la Propiedad Inmueble y Automotor, entre otras. En Santiago del Estero, se identificaron 35 propiedades.
La investigación patrimonial reveló datos impactantes. Por ejemplo, la empresa HT SRL, dedicada a la venta de combustible y con solo un empleado registrado, fue establecida en 2016 con un patrimonio neto de $17.390. Para 2024, su patrimonio había crecido a $2.026.874.657, lo que representa un incremento significativo.
Además, Carbello SRL realizó compras de bienes que superan los 2 millones de dólares, con varias transacciones destacadas enumeradas por el fiscal. En el caso de SOMA SRL, relacionado con la pareja de Toviggino, se detectaron a su nombre numerosos vehículos, incluidos algunos de lujo, y un avión privado, además de un nivel de facturación sorprendente a partir de 2021.
