La Bolsa de San Pablo ha experimentado un incremento del 24% en lo que va de este año, con el riesgo país posicionándose en torno a los 180 puntos, un nivel mínimo para el año, lo que indica que el mercado brasileño ha comenzado a anticipar las elecciones presidenciales programadas para octubre.
El real se mantiene estable frente al dólar, evitando la presión que afecta a otras monedas emergentes, y el EWZ, un fondo que replica la performance de las acciones brasileñas, muestra un mejor desempeño en comparación al Nasdaq en lo que va del año.
Este optimismo se fundamenta en tres factores principales: la disminución de la tasa Selic, la firmeza en los precios de los commodities y encuestas que presentan resultados más ajustados de lo esperado.
Sin embargo, este optimismo podría tener un límite: el historial electoral de Brasil indica que la volatilidad tiende a aumentar en las semanas previas a la primera vuelta, programada para el 4 de octubre.
Se espera que se convoque a una segunda vuelta el 25 de octubre. Actualmente, el panorama comercial se percibe distinto al inicio de año, con una creciente inclinación hacia un cambio político, donde Flávio Bolsonaro y el candidato outsider Augusto Cury ganan terreno frente a Lula en los sondeos.
¿Podría Brasil convertirse en un nuevo ejemplo de un viraje hacia la derecha en la región? Los bonos en dólares se mantienen estables en el contexto electoral, mostrando resistencia a pesar de los vaivenes en Wall Street. El mercado global parece dispuesto a mirar más allá del balotaje de octubre, centrando su atención en los fundamentos económicos. Sin embargo, Citi advierte que estos fundamentos ocultan aún problemas fiscales a resolver.
A menos de dos semanas para la primera vuelta electoral, los candidatos prefieren evitar abordar el tema fiscal. En contraste, Citi Research ha presentado el tercer informe de una serie de cuatro, que enfatiza que el próximo gobierno, independientemente de su signo político, no podrá eludir la necesidad de una reforma administrativa en el sector público.
El análisis del banco resalta una paradoja significativa: Brasil no cuenta con un Estado sobredimensionado en términos de personal, ya que el 12,5% del total del empleo se destina al sector público, cifra que está por debajo del promedio de la OCDE (17,9%) y ligeramente superior al de América Latina (11,9%).
El desafío radica en el costo laboral; la masa salarial del sector público representa el 13,3% del PBI, un porcentaje considerablemente más alto que el 8,9% de la media regional y el 9,2% de la OCDE. Solo Noruega, Dinamarca e Islandia superan a Brasil en el gasto salarial público.
El gasto en personal ha disminuido en el gobierno central, actualmente en un 3,3% del PBI, como resultado de lo que algunos economistas han denominado la “reforma administrativa silenciosa”: la administración anterior no incrementó salarios ni convocó a nuevos concursos, permitiendo una reducción paulatina del personal.
Por ejemplo, el Banco Central ha visto disminuir su plantilla en un 35% en las últimas dos décadas. Sin embargo, esta reducción no ha solucionado problemas estructurales: el poder judicial, con solo 135 mil empleados a nivel federal —una quinta parte de lo que tiene el Ejecutivo—, concentra un tercio del gasto en personal federal debido a salarios promedio de BRL19.000 al mes.
Se evidencia entonces la existencia de “supersalarios”: entre 65.000 y 70.000 empleados públicos reciben, de facto, remuneraciones por encima del límite constitucional, aunque formalmente cumplen con las normativas. Un caso extremo citado por Guedes-Reis habria salarios que alcanzan hasta diez veces el límite establecido.
El costo total de estos beneficios salariales adicionales asciende a BRL 20.000 millones anuales, apenas el 0,2% del PBI, pero con una relevancia simbólica que supera su magnitud financiera. A esto se suman beneficios no monetarios, como carreras judiciales que brindan hasta 60 días de vacaciones más 15 días de receso, es decir, 75 días pagos al año, junto a ascensos basados más en antigüedad que en mérito.
Citi estima que una reforma integral podría contribuir entre 3% y 4% del PBI a lo largo de una década, en consonancia con las propuestas de la enmienda constitucional de 2020 del periodo de Bolsonaro. El informe también señala que, mientras la reducción silenciosa del personal desocupa las oficinas públicas, los privilegios de una minoría se mantienen sin cambios. Reformar para reducir el tamaño del Estado y para mejorar su funcionamiento no son sinónimos en Brasil.
Las elecciones en Brasil tienen implicancias importantes para Argentina: un cambio hacia la derecha podría fortalecer la gestión de Javier Milei previo a las elecciones presidenciales. La esperanza podría no ser exclusivamente brasileña.
