El Gobierno ha concretado un acuerdo con Starlink, la compañía de Elon Musk a través de SpaceX, destinado a proporcionar internet satelital a 6000 escuelas rurales en todo el país. Esta iniciativa, anunciada por Javier Milei a finales de julio, ha revelado aspectos menos conocidos que indican que, aunque la empresa proveerá los equipos y 24 meses de servicio, el Estado argentino enfrentará un gasto cercano a los US$12 millones para la implementación y sostenimiento del programa durante los primeros tres años.
La resolución 857/2026 del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), publicada recientemente en el Boletín Oficial, valida el contrato de donación con Starlink Argentina y el acuerdo relacionado con el Ministerio de Capital Humano.
El 27 de julio, en el marco de la 138 Exposición Rural, Javier Milei mencionó que Starlink se había comprometido a donar 6000 equipos satelitales junto a 24 meses de servicios de internet de alta capacidad, que incluyen acceso prioritario de hasta 5 terabytes mensuales. “Gracias, Elon. Sí, es un montón”, resaltó en su discurso.
Sin embargo, Enacom puntualizó que, desde su perspectiva, no se trata de una donación en sentido estricto, sino de un “aporte con cargo”. Es decir, Starlink facilitará los kits y los primeros 24 meses de servicio sujeto a ciertas condiciones, mientras que el Estado asumirá los costos necesarios para implementar el programa durante tres años.
Este detalle es crucial, dado que el contrato impone responsabilidades económicas al Estado. Durante el primer año, Enacom, financiado por el Fondo del Servicio Universal (FSU) —del cual las compañías de telecomunicaciones destinan el 1% de su facturación—, deberá abonar US$4.266.000 más IVA para la instalación de los 6000 kits, la gestión del servicio, la atención técnica y una plataforma de monitoreo. En el segundo y tercer año, se asignan otros US$2.016.000 más IVA por cada periodo.
A esto se suman US$3.600.000 por 12 meses adicionales de servicio de internet, después de los 24 meses proporcionados por Starlink. Este monto será facturado directamente por Starlink Argentina a Enacom.
En total, esto implica un compromiso de fondos públicos de aproximadamente US$11.898.000, en contraste con los US$9.978.000 que representa la contribución de Starlink, elevando el costo total del proyecto a cerca de US$21,9 millones.
Otro aspecto relevante del contrato es que la entrega e instalación de los kits se realizará “exclusivamente mediante los distribuidores autorizados en el país”. Además, Starlink determinará el monto de su aporte, alineándolo con los costos de proyectos similares en la región y los precios fijados por SpaceX.
La estructura del acuerdo ha suscitado dudas en el sector. Una fuente anónima ha señalado que el diseño del programa plantea interrogantes, especialmente al considerar que el Estado termina pagando a la misma empresa que efectúa el aporte, además de que la instalación queda restringida a los distribuidores autorizados por Starlink.
Enacom ha defendido la ausencia de licitación, argumentando que Starlink ofreció el aporte de 6000 kits y el proyecto se enmarca dentro del Programa de Conectividad de Interés Público del FSU.
Para Enrique Carrier, experto en telecomunicaciones, el acuerdo formaliza lo anunciado por Milei y destaca la importancia del costo que quedará como referencia al concluir el financiamiento inicial. Carrier estima que calculando el gasto del tercer año, el costo del servicio sería de aproximadamente US$50 mensuales por escuela, equivalentes a unos $75.000 al tipo de cambio actual. Este dato será significativo para las provincias y municipios que, luego de los tres años iniciales, podrían asumir la responsabilidad de la conectividad.
Martín Becerra, especialista en políticas de comunicación y telecomunicaciones, ofrece una perspectiva crítica. Según sus cálculos, la distribución de los fondos comprometidos entre las escuelas resulta en un costo mensual superior al de un plan residencial de Starlink disponible en el país. Becerra considera que falta una evaluación que aclare cómo se determinó el precio y su conveniencia para el Estado.
Asimismo, Becerra plantea un interrogante técnico. El contrato establece 2 terabytes mensuales por escuela, con una reserva máxima de 5 TB. Considera que esta capacidad podría ser limitada para instituciones con un uso intensivo de internet. Sin embargo, su principal crítica radica en el enfoque adoptado para el diseño del programa.
La resolución estipula que la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano será responsable de elaborar una lista de escuelas beneficiarias y georreferenciarlas en coordinación con provincias y municipios, lo que implica que el acuerdo se aprobó sin definir aún las 6000 escuelas.
“Se puso la carreta delante de los caballos”, opina Becerra. Para él, primero se debería haber identificado qué escuelas necesitan conectividad, cuáles ya están conectadas y qué tipo de solución tecnológica requiere cada una, para luego definir el mecanismo de contratación.
Henoch Aguiar, exsecretario de Comunicaciones, también enfatizó la importancia de saber con precisión cuáles serán las escuelas beneficiadas. Estimó que en Argentina hay alrededor de 35.000 establecimientos, por lo que es fundamental contar con un diagnóstico que determine cuántos ya tienen conectividad y cuáles necesitan una nueva solución.
