Edgardo Kueider y su exsecretaria, Iara Guinsel, fueron condenados por tentativa de contrabando y actualmente están siendo investigados por lavado de activos. La atención se centra en la adquisición de departamentos de lujo, lo que llevó a solicitar un reemplazo de la prisión domiciliaria por una “caución juratoria”. Este mecanismo es similar a la “libertad bajo palabra” en otros sistemas judiciales hispanoamericanos.
La “caución juratoria” implica un compromiso formal y jurado ante un juez, donde el imputado se obliga a someterse al proceso judicial, presentándose cuando se le requiera y cumpliendo con las condiciones impuestas.
Sin embargo, esta solicitud fue desestimada. El juez Humberto Otazú, en una resolución del 18 de agosto, argumentó que las circunstancias que justificaron la prisión domiciliaria “no se han modificado”. Además, consideró inviable la petición al ser Kueider y Guinsel extranjeros “sin arraigo suficiente en el país”.
Aunque esta decisión hubiese beneficiado a Kueider, no podría transitar libremente por las calles de Luque, la localidad cercana a Asunción donde reside actualmente, ya que enfrenta tres órdenes de prisión domiciliaria en Paraguay. A las que corresponden a la causa de lavado, se suma otra relacionada con su extradición y una adicional vinculada a su condena por contrabando.
En 2025, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, solicitó la extradición del exlegislador nacional a Paraguay, donde es investigado por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y otros delitos. Aunque la Fiscalía paraguaya aprobó el pedido, estableció que Kueider debe resolver sus asuntos con la justicia paraguaya antes de ser enviado a Argentina.
Dado que Kueider no aceptó la solicitud de Arroyo Salgado, se inició un proceso de extradición en línea con el tratado existente entre ambos países. En ese contexto, el exsenador aún enfrentaba cargos por contrabando en grado de tentativa, con un expediente que detallaba un intento de ingreso no declarado a Paraguay de USD 200 mil, cuya sentencia fue de dos años luego de un juicio que culminó en julio. Esta decisión está ahora bajo revisión por la Sala Primera del Tribunal de Apelación Especializado.
Casi al inicio de este juicio, tanto Kueider como Guinsel fueron procesados por lavado de activos. Las fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdéz presentaron pruebas que indican que los acusados introdujeron dinero ilícito en el sistema financiero legítimo de Paraguay, con el que adquirieron seis departamentos y sus cocheras en un edificio de lujo en el centro de Asunción.
Este complejo, denominado Innova Las Mercedes, está ubicado en la intersección de la avenida General Santos y Marco de Brix. Entre los departamentos destacados se encuentra la unidad “G” en el séptimo piso, que cuenta con dos dormitorios y dos baños, además de otros dos en el sexto nivel y dos en el segundo. Las cocheras están dispuestas en el segundo subsuelo.
La investigación observó que Kueider utilizó una sociedad anónima paraguaya llamada Golsur para facilitar estas adquisiciones. Esta empresa fue registrada por dos ciudadanos paraguayos, Amado Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat, quienes adquirieron la firma pocos meses antes de la detención de Kueider y otorgaron a Guinsel un poder total para su gestión.
Como consecuencia, la Justicia ha ordenado el embargo de estas propiedades, y en Paraguay, el lavado de activos conlleva una pena de entre 5 y 10 años de prisión.
