El Gobierno aprobó el plan de expansión eléctrica de la minera Vicuña Argentina para su proyecto Josemaría, desestimando todas las impugnaciones presentadas por provincias y empresas del sector mediante la Resolución 330/2026, la cual fue publicada recientemente en el Boletín Oficial.
Esta decisión fue tomada por el Directorio del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) y representa un avance significativo en la minería a gran escala al establecer un marco para la inversión privada en el transporte de extra alta tensión.
Con esta normativa, se otorga el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (CCyNP) para un conjunto de obras estratégicas en la provincia de San Juan, que abarcan:
El comunicado oficial confirma la asignación a Vicuña de una prioridad de uso del 90% sobre la capacidad de transporte remanente e incremental que resultará de estas obras. Esta preferencia tendrá una duración de 25 años, coincidiendo con la vida útil proyectada del proyecto.
El ente regulador fundamentó su decisión en el principio de que “el beneficiario paga”, destacando que el inversor privado asume el 100% de los riesgos financieros y los costos de construcción (CAPEX). Desde el ENREGE, se argumenta que esto estimula la inversión sin trasladar costos a los usuarios residenciales ni al Estado.
Además, se afirmó que “reconocer derechos prioritarios temporales al inversor aparece como una herramienta razonable y necesaria para fomentar obras que, de otro modo, probablemente no se llevarían a cabo”. De esta forma, se enfatizó que “estas obras benefician no solo al inversor, sino también al sistema eléctrico en su conjunto y al desarrollo económico del país”.
La resolución rechaza formalmente las impugnaciones presentadas por diversos actores en la Audiencia Pública del 3 de junio de 2026.
Con la aprobación del CCyNP, la empresa transportista asumirá la responsabilidad de operar y mantener las nuevas estaciones transformadoras una vez que estén finalizadas. Por su parte, Vicuña deberá gestionar las servidumbres administrativas de electroducto y cumplir con los requisitos técnicos de los organismos de control para asegurar la estabilidad del sistema interconectado.
