La provincia, conocida por su abundancia de sol y su excelente vino, ha comenzado a expresar su alarma. La industria vitivinícola se siente amenazada por las propuestas del gobierno nacional para modificar la Ley General de Vinos. Ante esta situación, los principales representantes del sector, con un fuerte respaldo del gobierno provincial, han decidido movilizarse para evitar que el Congreso avance en estas reformas, que incluyen la eliminación del fraccionamiento en origen y la pérdida de la trazabilidad geográfica, además de la disolución de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), un tema que genera divisiones internas y que actualmente está siendo discutido en los tribunales.
El ministro de la Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, subrayó el riesgo que este cambio representa para la identidad vitivinícola de la provincia. Destacó la importancia de las indicaciones geográficas, el envasado local y el sistema de seguimiento, que, en su opinión, son pilares del modelo productivo y turístico mendocino. “Esto trae muchas consecuencias: se habla de importación de vino cuando no hay leyes de corte, se desestiman las regiones, que son de vital importancia para la industria”, afirmó Vargas Arizu.
En su análisis, el funcionario enfatizó que la vitivinicultura constituye más que un simple negocio: “Es una forma de vida. Hay 16 provincias que tienen esta actividad, que hace a la especialización, al lugar, a las zonas, al grado alcohólico, a muchas circunstancias que no se pueden desconocer para hacerlo general. Hay muchas objeciones y lo vamos a ir a pelear, para dar nuestro punto de vista, con nuestros legisladores”, agregó.
Según el plan del gobierno, bajo la dirección del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, los cambios en la Ley General de Vinos N° 14.878 y la Ley Nacional de Alcoholes N° 24.566 apuntan a permitir la elaboración “deslocalizada”, lo que implicaría la producción de vino fuera de la zona de origen. También se propone la ausencia de controles y certificaciones, trasladando el fraccionamiento a grandes centros de consumo, lo que afectaría a las pymes locales.
En este contexto, se contempla una reducción en la fiscalización del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), lo que limitaría sus evaluaciones al producto final embotellado, aumentando así el riesgo de adulteraciones, según los productores. Además, se permitiría la mezcla de vinos, eliminando las restricciones actuales sobre la combinación de vinos nacionales e importados.
Vargas Arizu enfatizó: “No es lo mismo un Cabernet de Cafayate que un Cabernet de Luján de Cuyo. Tampoco uno producido en Los Chacayes, Lavalle o Santa Rosa. Cada vino tiene características, aromas y sabores distintos”.
El proyecto de desregulación también propone la eliminación de Coviar y el fin de los aportes obligatorios a la entidad responsable de la promoción estratégica del sector, lo cual ha generado diversas posturas entre los bodegueros. Un reciente fallo judicial en respuesta a un amparo de Coviar determinó que un decreto no puede modificar una ley, lo que ha llevado a buscar la inclusión de estos cambios en la Ley General de Vinos.
Las principales asociaciones del sector, que históricamente han tenido diferencias, como Coviar y Bodegas de Argentina (BA), observan con preocupación las intenciones del gobierno en relación a las modificaciones de fondo en la industria vitivinícola de Mendoza. También se manifiestan preocupaciones desde los enólogos más reconocidos del país y funcionarios provinciales, quienes subrayan la necesidad de preservar el valor del proceso y la historia de la industria mendocina, destacando que “el vino es tradición y no un commodity”.
Fabián Ruggeri, presidente de Coviar, expresó su rechazo a los cambios propuestos, al considerarlos “una ley nociva. Van a mezclar vino importado con el nuestro. Los sobrestocks que haya en el mundo van a venir a parar acá. Y la trazabilidad también es fundamental. El vino es identidad, cultura, personalidad y familias detrás”.
La vitivinicultura juega un rol fundamental en la economía de Mendoza, representando aproximadamente el 15% del Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia y contando con más de 800 bodegas y alrededor de 20.000 productores. Mendoza, en particular, contribuye con más del 70% de la producción vitivinícola de Argentina. Por otro lado, los actores del sector defienden el enoturismo como un capital estratégico de la identidad vitivinícola, con más de 2 millones de visitantes anuales que llegan a las bodegas de la región para disfrutar de experiencias únicas y comprender el proceso que hay detrás de cada etiqueta.
