El documento está en proceso de revisión en la Secretaría Legal y Técnica, bajo la dirección de María Ibarzábal Murphy, donde se realizará una última revisión y firma antes de ser remitido a la Cámara de Diputados.
Aún queda por definir cuáles materias tendrán prioridad en cada tramo del envío: fuentes cercanas al desarrollo del proyecto indican que esta división se relaciona con los tipos de delitos que se incluirán.
El desacuerdo que había demorado el proyecto durante semanas se originó en diferencias internas dentro del oficialismo. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, abogaba por una entrega escalonada: enviar el texto en varias etapas, permitiendo así defender cada bloque de reformas de manera independiente en el Congreso, sin quedar atrapado en discusiones simultáneas sobre seguridad, delitos económicos, género y política criminal. Por otro lado, el asesor presidencial Santiago Caputo optaba por presentar el proyecto completo de una sola vez. Caputo había trabajado en conjunto con Sebastián Amerio, ex secretario de Justicia y actual Procurador del Tesoro, y Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad y actual senadora de La Libertad Avanza.
Entre las fuentes consultadas se destaca que se logró un acuerdo intermedio, lo que llevó a la decisión de dividir el proyecto en dos fases.
La tensión entre las posturas se hizo evidente cuando, tras una reunión con el presidente en la Quinta de Olivos a fines de marzo, Mahiques publicó en X: “Acabo de tener una reunión de trabajo con el Presidente en la que hemos decidido avanzar en la redacción de un nuevo Código Penal a la altura de los desafíos actuales”. En el mismo mensaje, anticipó que, mientras se elabora el texto completo, el Gobierno trabajaría con el Congreso “en el endurecimiento de penas, la armonización de las mismas y en la incorporación de nuevos delitos”, lo que implícitamente apoyaba la estrategia de la división que defendía el ministro.
Los desacuerdos internos habían escalado al punto de convertirse en un nuevo episodio de la interna en torno al Gobierno. Desde sectores cercanos al karinismo se comentó que Ibarzábal Murphy, afín a Caputo, habría retrasado la firma y el envío del proyecto.
El caso del femicidio de Agostina Vega en Córdoba volvió a centrar la atención en la reforma del Código Penal. La fiscalía de Córdoba investiga la muerte de la menor de 14 años, quien fue reportada como desaparecida el 23 de mayo y hallada sin vida una semana más tarde. De acuerdo con la autopsia, la chica falleció por asfixia mecánica.
Este crimen también tuvo repercusiones políticas en Córdoba, ya que un concejal del peronismo, Ricardo Moreno, no solo había facilitado trabajo al acusado en la Municipalidad, sino que también había sido su abogado en una causa anterior.
La discusión sobre el Código Penal se reavivó en medio de la conmoción generada por este crimen. Desde la Casa Rosada, se afirmaron intenciones de enviar el proyecto “cuanto antes”, con un texto que incluirá el endurecimiento de penas para delitos sexuales y ampliará los casos de prisión perpetua.
El proyecto ha sido elaborado en colaboración con integrantes de una comisión especializada convocada por el Gobierno desde la administración de Mauricio Macri, liderada por el abogado Jorge Buompadre, junto a los jueces Mariano Borinsky, María Eugenia Capuchetti, Ricardo Ángel Basílico y Julio César Báez, así como los juristas Carlos Alberto Manfroni, Horacio Jaime Romero Villanueva, Fernando Oscar Soto, Valeria Onetto y Mercedes Rodríguez Goyena.
La versión que trabaja Mahiques será más reducida que el borrador original; se estima que el nuevo texto contendrá alrededor de 500 artículos, en comparación con los 912 que contiene el Código actual. Cabe recordar que la reforma inicialmente debía incluir el Régimen Penal Juvenil, pero se optó por un cambio en la urgencia de su tratamiento, lo que resultó en su sanción.
Además, el nuevo texto incluirá modificaciones para adaptar la protección de la propiedad intelectual en virtud de los compromisos asumidos en el acuerdo comercial con Estados Unidos, así como previsiones relacionadas con el crimen organizado.
En el ámbito de delitos informáticos, se incluirán tipificaciones para hackeo, difusión no autorizada de imágenes, acceso ilegítimo, hurto informático y ataques a sistemas críticos. También se reconocerán nuevas figuras delictivas como los delitos migratorios, estafas piramidales, la modalidad conocida como viuda negra, entraderas, salideras, motochorros, daño a animales, tenencia de armas en cárceles y picadas.
Asimismo, se añadirá un enfoque sobre la violencia en eventos deportivos, ampliando las penas para casos de dopaje, corrupción y actividades ilícitas vinculadas. En cuanto al narcotráfico, se tratará mediante un esquema escalonado que diferencie entre producción, suministro, tenencia y tráfico de precursores.
Ante rumores sobre la posibilidad de agravar los delitos relacionados con corrupción, se informó que esa opción se había descartado incluso antes de los cambios en el ministerio y no se retomará. Tampoco se contempla eliminar la figura del femicidio, que hoy opera como un agravante.
Desde el Ministerio de Justicia se argumenta que un proyecto extremadamente extenso podría quedar bloqueado en el Congreso, obligando al Gobierno a abordar simultáneamente cuestiones de seguridad, corrupción, delitos económicos, derechos civiles, género, aborto y política criminal. Por eso, se enfatiza en una versión más corta que sea sustentable.
Asimismo, el Código Penal no es el único proyecto en curso. La Libertad Avanza concluyó la última semana con una serie de iniciativas presentadas en el Congreso, incluyendo el Super RIGI, la ley de Lobby y la ley de Sociedades en Diputados, además de proyectos como Etiquetado Frontal y uno sobre Ludopatía en el Senado.
La semana pasada, el Senado aprobó 74 pliegos judiciales y el Gobierno prevé enviar entre 50 y 60 nuevos pliegos para completar cargos en áreas civiles, comerciales y de familia, al tiempo que monitorea la actividad del Consejo de la Magistratura en los concursos para juzgados federales y cámaras de apelaciones consideradas estratégicas.
Otro proyecto que ha pasado por el Ministerio de Justicia y que ya se encuentra en la instancia de Legal y Técnica es el de juicio por jurados, que se considera prácticamente listo para ser enviado al Congreso. Los principales temas en la agenda legislativa de junio girarán en torno al Super RIGI y la ley de lobby, aunque el Ejecutivo también busca incluir iniciativas relacionadas con la propiedad privada y los holdouts una vez concluidas sus respectivas fases de elaboración.
Desde la Casa Rosada se sostiene que junio será un mes clave para demostrar un volumen legislativo antes de que el Mundial ocupe parte de la agenda pública. En este contexto, la reforma del Código Penal llega al Congreso con un favorable viento político a su favor, impulsado por la conmoción del caso Agostina, aunque aún queda camino en la negociación legislativa.
