El Gobierno prohibió este jueves el acceso a la Casa Rosada a la totalidad de la prensa acreditada y dispuso el cierre de la sala de prensa ubicada en el edificio gubernamental. Diversos sectores del periodismo calificaron este suceso como un hecho sin precedentes en la historia democrática argentina. No obstante, parte del arco político defendió la medida, incluyendo al PRO, espacio aliado a Javier Milei.
«El periodismo no está para congraciarse, está para informar. Y en democracia eso es indispensable. Garantizar una prensa libre no es una opción: es una obligación de cualquier Gobierno«, manifestaron desde el espacio liderado por Mauricio Macri en sus plataformas digitales.
La decisión gubernamental
La prohibición de ingreso a periodistas fue comunicada de forma abrupta a través de las redes sociales por la Oficina del Presidente: «Se decidió retirar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal», sin ofrecer mayores precisiones ni un plazo definido para la reapertura.
La determinación, criticada por el PRO, se originó a partir de una denuncia penal presentada por la Casa Militar por «presunto espionaje», luego de la difusión de videos filmados en los pasillos de la Casa Rosada que fueron emitidos el domingo.
Dichas imágenes, captadas en el interior del edificio gubernamental, motivaron una investigación interna que el Gobierno utilizó como justificación para vedar el acceso a la totalidad de los medios acreditados, sin establecer distinciones entre los periodistas presuntamente involucrados y el resto de la prensa.
Consecuencias de la medida
La medida generó un inmediato repudio en el ámbito periodístico y político. Organizaciones de defensa de la libertad de prensa, sindicatos de periodistas y referentes opositores de diversas extracciones cuestionaron la decisión y la catalogaron como un ataque directo a la libertad de expresión y al derecho a la información pública.
Las implicancias institucionales de esta resolución son significativas. El cierre de la sala de prensa de la Casa Rosada quiebra una tradición de décadas de acceso periodístico y podría vulnerar el derecho de acceso a la información pública garantizado por la Constitución Nacional y por tratados internacionales suscriptos por la República Argentina. Se anticipan posibles presentaciones judiciales para revertir la medida.
Adicionalmente, si la Justicia avanza y considera que los periodistas incurrieron en un espionaje que comprometió la seguridad nacional, podrían caberles penas de 1 a 6 años de prisión, mientras que el espionaje ilegal puede conllevar penas de 1 mes a 8 años de prisión, dependiendo de la gravedad, el uso de engaños o la difusión de la información.
