El Supremo Tribunal de Entre Ríos ordenó este miércoles liberar a Sergio Urribarri, exgobernador de la provincia, al hacer lugar a un pedido de impugnación que su defensa realizó contra el fallo de la Casación que en noviembre dispuso su prisión preventiva, tras ser encontrado culpable por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. El fallo contempló también la liberación del exfuncionario legislativo Juan Pablo Aguilera, cuñado del también exembajador kirchnerista en Israel, cuya defensa planteó el mismo recurso.
“La prisión preventiva es la medida cautelar de coerción personal más severa posible y por ende reviste carácter excepcional”, señaló el tribunal de feria que por mayoría revocó el fallo de la Casación y dispuso la liberación de Urribarri con los votos de Germán Carlomagno y Leonardo Portela. Los magistrados, a contramano de la Casación provincial y la fiscalía, entendieron que no existía un riesgo latente de fuga.
“En el presente caso, no existe peligro de entorpecimiento en la investigación, ya que la etapa de investigación está clausurada, el ‘peligro de fuga’ que advierten los tribunales inferiores no posee anclaje concreto en circunstancias de la causa”, señaló Carlomagno, que lideró el voto del tribunal. “Se vislumbra la ausencia de fundamentación y la consecuente clara arbitrariedad de la resolución dictada por la Cámara de Casación, ello ante la falta de razones concretas y objetivas que ameriten la imposición de la medida cautelar más gravosa en el orden procesal”, agregó el magistrado.
“Los argumentos brindados por el MPF para sostener su pedido y de la Cámara de Casación para resolver no superan el umbral de la mera hipótesis y, como tales, no conforman argumentos sólidos jurídicamente hablando”, sumó su colega Portela.
Urribarri fue condenado a ocho años de prisión e inhabilitado a perpetuidad para ejercer cargos públicos. La sentencia no está firme porque el caso tramita ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin plazos para pronunciarse sobre el caso. Los defensores del exmandatario provincial son los abogados Fernando Burlando, Leopoldo César Cappa, y Javier Ignacio Baños.
Por su parte, el juez Giorgio votó en disidencia al argumentar contra sus colegas que la conducta de la Casación no podía ser tachada de “arbitraria”. “No comparto como antecedente la habilitación de feria bajo el pretexto genérico de afectación de la libertad ambulatoria, cuando la presente causa se encontraba a despacho, dentro del plazo legal para resolver y bajo la órbita de los jueces naturales que han sido sustraídos para que un Tribunal ad-hoc, de excepción”, adujo.
“Además, una vez habilitada –indebidamente– la feria judicial, se denegó in limine la revocatoria planteada por el Ministerio Público Fiscal como parte del proceso agraviada por esa decisión. No puede perderse de vista que al correrse vista a la fiscalía para que opine, se bilateralizó el incidente de habilitación de feria, es decir, se constituyó a la fiscalía en parte y luego, contradictoriamente, se le veda impugnar”, sumó Giorgio.
La captura de Urribari se ordenó en noviembre, en el marco de la causa en la que la justicia entrerriana consideró probado que dispuso en forma ilegal de fondos públicos para financiar sus campañas electorales; entre otras maniobras, a través de contratos de imprenta y publicidad.
El exgobernador –aliado del kirchnerismo y que durante el gobierno de Alberto Fernández fue embajador en Israel– fue condenado el 7 de abril de 2022 y esa sentencia fue confirmada por la Casación de Entre Ríos en 2023.
El Supremo Tribunal de la provincia de Entre Ríos destituyó también a Cecilia Goyeneche, la fiscal que lideró el grupo de investigadores en la causa contra Urribari. Hace un mes, la Corte Suprema aseguró que ese proceso estuvo viciado, dejó sin efecto la resolución y ordenó a la Corte provincial que revea el caso.
