Las espadas legislativas de La Libertad Avanza y el Ministerio de Economía trabajan a destajo en la Comisión de Presupuesto para lograr el dictamen de mayoría esta misma semana. Ante la resistencia de los bloques federales (pichettismo y partidos provinciales) y la UCR, el Gobierno ha mostrado un pragmatismo inédito: aceptó revisar partidas sensibles, específicamente las destinadas a las universidades nacionales y a la reactivación de obras viales de cercanía, dos reclamos transversales que amenazaban con voltear la “ley de leyes” en el recinto.
La negociación implica un fino equilibrio. El Ejecutivo mantiene inalterable la meta de “Déficit Cero”, por lo que cada peso que se agregue a Educación o Infraestructura debe salir de otro lado. La “sábana corta” ha llevado a recortar fondos de estructuras burocráticas de organismos descentralizados y a revisar exenciones impositivas a sectores corporativos específicos (como el régimen de Tierra del Fuego, que vuelve a estar en la mira), generando nuevos frentes de conflicto con los lobbies afectados.
Los gobernadores, actores invisibles pero omnipresentes en esta discusión, han dado la orden a sus diputados de acompañar en general si se garantizan los fondos automáticos para las cajas previsionales provinciales no transferidas, una deuda histórica que la Nación promete comenzar a regularizar con bonos. Esta ingeniería financiera permitiría aprobar el Presupuesto antes de las Fiestas, otorgando al Presidente la herramienta de gestión que no tuvo en 2024 y 2025 (cuando recondujo el de 2023).
Para la oposición kirchnerista, la estrategia es denunciar el “dibujo” de las proyecciones de inflación y crecimiento, argumentando que el ajuste sigue recayendo sobre los jubilados. Sin embargo, sin número propio para bloquear, su capacidad de daño se limita a lo discursivo. El oficialismo confía en tener los 129 votos para la media sanción la semana próxima.
Lograr un Presupuesto aprobado por el Congreso es la última pieza que le falta al Gobierno para completar el “casillero de institucionalidad” que le exige el FMI para el nuevo acuerdo de facilidades extendidas que se firmaría en marzo de 2026.
