Durante un acto conmemorativo del Día del Abogado, García destacó un dato que, a su juicio, evidencia el desbalance en el acceso a la Magistratura: de los 170 magistrados designados recientemente, solo seis provenían de la práctica profesional.
Este dato se contrastó con la normativa que regula al Consejo de la Magistratura, que establece la igualdad de condiciones entre quienes ejercen la abogacía y los que pertenecen al Poder Judicial.
“No reclamamos menores exigencias. Reclamamos que las abogadas y los abogados podamos concursar en condiciones de igualdad”, afirmó García.
El planteo surgió tras los esfuerzos realizados por el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, junto al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, quienes han solicitado la cobertura de las vacantes en el sistema judicial. Según García, la falta de jueces provoca un aumento en las subrogancias, sobrecarga en los tribunales y demoras en los procesos.
Este reclamo ha sido fundamental, permitiendo avanzar con el envío de pliegos al Senado y con la cobertura de cargos vacantes durante años. Sin embargo, para la presidenta del Colegio, solucionar el tema de las vacantes no es suficiente si el sistema de selección no asegura condiciones equitativas para todos los postulantes.
En este sentido, García respaldó la propuesta de la Corte Suprema para implementar cambios en los concursos de magistrados, considerando que estas modificaciones podrían disminuir la discrecionalidad, definir reglas más claras para las entrevistas y fortalecer la evaluación basada en el mérito.
Uno de los principales planteos de la dirigente está relacionado con la composición de las ternas. Sostuvo que debe respetarse el resultado del concurso y que las entrevistas personales no deberían alterar el orden de mérito, salvo que existan razones “objetivas y suficientes”.
La discusión adquiere relevancia, ya que este año los abogados matriculados deberán elegir a sus representantes en el Consejo de la Magistratura de la Nación. García adelantó que el Colegio colaborará con otras entidades del sector para establecer compromisos que deben asumir quienes busquen ocupar esos cargos.
Entre esos compromisos se incluye asegurar cupos adecuados para que los abogados puedan acceder a la Escuela Judicial y al Programa de Formación de Aspirantes a Magistrados, con modalidades que sean compatibles con el ejercicio de la profesión.
La presidenta del Colegio destacó que el sistema está experimentando una “profunda crisis de credibilidad” y enfatizó que recuperar la confianza pública exige reglas claras, transparencia, tiempos razonables y rendición de cuentas.
Por lo tanto, el mensaje se extiende más allá del acceso de los abogados a los cargos judiciales. La abogada reclamó estadísticas actualizadas sobre el número de causas, la duración de los procesos y las demoras, además de una modernización tecnológica que permita agilizar los trámites, sin sustituir la presencia efectiva de jueces y funcionarios.
