Productores, tareferos y cooperativas de la provincia de Misiones solicitarán al gobernador Hugo Passalacqua que promueva una Ley de Emergencia Yerbatera debido al colapso de los ingresos en el sector primario y la ineficacia en la respuesta a la desregulación nacional.
Las organizaciones planean reunirse el próximo jueves con el mandatario para presentar el proyecto y demandar herramientas provinciales que eviten el cierre de pequeñas explotaciones, la disminución de las cosechas y la pérdida de empleos.
Esta propuesta surge tras la decisión del Gobierno nacional de no devolver al Instituto Nacional de la Yerba Mate la facultad de establecer precios mínimos para la hoja verde y la yerba canchada, poder que fue suprimido mediante el DNU 70/2023.
Si bien el origen de la crisis es a nivel nacional, esta nueva solicitud pone la responsabilidad política sobre el ámbito provincial. Las entidades agrarias sostienen que sus gestiones ante el Gobierno nacional han sido infructuosas y argumentan que la Provincia aún cuenta con las competencias necesarias para implementar medidas transitorias que protejan su principal actividad económica.
Un cálculo realizado por los productores señala que el costo de producir un kilogramo de hoja verde se ubicó en $473 en junio, mientras que en algunas zonas han reportado precios de solo $170 por kilo en el secadero, además de plazos largos para el cobro que perjudican aún más el valor de la producción.
Aunque estas cifras son estimaciones del sector y deberán ser verificadas por el Ministerio del Agro, la disparidad reportada es suficientemente significativa para exigir que el gobernador publique un análisis oficial sobre costos y precios reales por región.
Más del 85 por ciento de la producción argentina de hoja verde se concentra en Misiones, lo que significa que la cadena de producción sostiene a miles de pequeños productores, trabajadores rurales, secaderos, cooperativas, transportistas y comercios, trasladando el deterioro rápidamente a numerosos municipios.
Passalacqua ha criticado en múltiples ocasiones la política nacional y ha sostenido que un precio justo para los productores debería ser notablemente más alto que el establecido en el mercado. Además, ha impulsado créditos y programas para el sector. Sin embargo, el hecho de que ahora las organizaciones presenten una ley de emergencia indica que esas medidas no han logrado estabilizar la situación del sector.
El proyecto aún no ha sido presentado en su totalidad, aunque sus promotores anticipan que buscará crear herramientas excepcionales y establecer referencias para reducir el desequilibrio existente entre productores e industrias. Será tarea del Ejecutivo aclarar cuáles de esas medidas puede implementar legalmente, sus costos y qué mecanismos de control se aplicarán para evitar que los beneficios sean concentrados.
No se espera que el gobernador se limite a coincidir con el diagnóstico o a culpar nuevamente al Gobierno nacional. Es crucial que defina si apoyará la iniciativa, si presentará un proyecto propio en la Legislatura y qué asistencia inmediata se podrá brindar mientras continúa la discusión.
La desregulación ha dejado los precios en manos de un mercado concentrado. En este contexto, los pequeños productores reclaman al Gobierno provincial que utilice las facultades que aún tiene antes de que la crisis se convierta en un problema irreversible.
