Mientras la cúpula de la CGT mantiene un perfil bajo tras el resultado electoral de octubre, el mercado laboral argentino avanza hacia una flexibilización pragmática impulsada desde las bases. Ante la necesidad de formalizar empleo en un contexto de reactivación, decenas de cámaras empresariales pyme y sindicatos sectoriales están firmando nuevos Convenios Colectivos de Trabajo que incorporan la figura del “Fondo de Cese Laboral” (el modelo de la construcción), reemplazando la tradicional indemnización por despido. Lo que la política no logró imponer por ley general en 2024, la realidad económica lo está validando convenio por convenio en el cierre de 2025.
Este cambio de paradigma responde a una lógica de supervivencia mutua. Los empresarios pyme aseguran que, sin eliminar el riesgo de la “industria del juicio”, es imposible contratar personal nuevo; los gremios, por su parte, ven en la modernización de los contratos la única vía para engrosar sus padrones de afiliados, golpeados por años de estancamiento y crecimiento del trabajo informal. El Gobierno celebra esta dinámica descentralizada, homologando los acuerdos a velocidad récord en la Secretaría de Trabajo.
El “modelo mochila”, donde el empleador aporta mensualmente a una cuenta individual del trabajador, empieza a ganar tracción en sectores como comercio, gastronomía y tecnología. Los defensores del sistema argumentan que otorga portabilidad y libertad al empleado, mientras da previsibilidad de costos a la empresa. Los detractores, principalmente en la izquierda y el kirchnerismo sindical, denuncian una precarización encubierta y la pérdida de la estabilidad consagrada constitucionalmente.
Sin embargo, la fractura en el movimiento obrero es evidente. Los “Gordos” y los “Independientes” han optado por sentarse a negociar la modernización para no perder protagonismo, dejando aislados a los sectores más combativos que insisten con la huelga general como herramienta política. La Casa Rosada lee este escenario como una victoria cultural: la discusión ya no es “si” hay que reformar, sino “cómo” y “cuándo”.
Para 2026, el Gobierno prepara un proyecto de ley para universalizar este sistema de manera optativa para todos los sectores, buscando blanquear a los más de 5 millones de trabajadores informales que hoy están fuera del sistema. Será la gran apuesta legislativa para consolidar la baja del desempleo, que si bien ha descendido, sigue mostrando un núcleo duro difícil de perforar.
