Massa: “Hay jueces que benefician a los asesinos al volante y hay que señalarlos”

El presidente de la Cámara de Diputados recibió, junto al Observatorio de Víctimas de Delitos; el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera; y el ministro de Transporte de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, a organizaciones de familiares y víctimas de siniestros viales.

El presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, junto a la directora del Observatorio de Víctimas de Delitos, con sede en la Cámara de Diputados, Sandra Rossi; al ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera; y al ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, recibió a organizaciones de familiares y víctimas de siniestros viales, en un encuentro en el Salón Delia Parodi del Congreso de la Nación, en el marco de la Semana Mundial de Acción por la Seguridad Vial.

Junto a ellos, participaron la referente de Madres del Dolor, Viviam Perrone; Silvia González, representante de la organización Estrellas Amarillas, y víctimas y familiares de víctimas de distintos puntos del país, en una mesa compartida con el objetivo de trabajar en medidas legislativas para reducir los siniestros viales en la que Massa escuchó a los presentes, que fueron invitados para que pudieran expresarse sobre los proyectos de Alcohol Cero al Volante; la Ley Tahiel y el proyecto para limitar la velocidad máxima en los barrios a 30 km/h.

En ese contexto, el presidente del cuerpo se refirió a la importancia del rol del Observatorio de Víctimas de Delitos de la Cámara baja: “Es importante que tengamos la capacidad de aprovechar el instrumento que representa el Observatorio para poner blanco sobre negro a nuestra sociedad, a esos jueces que tardan 5,6, 7 años en impartir justicia, que buscan los vericuetos y los escondites de los Códigos para tratar de beneficiar a los asesinos que, en lugar de usar un revólver, usan un vehículo”.

En esa línea, expresó que es necesario mostrarle a la sociedad argentina “aquellos que no cumplen con su tarea y revictimizan a la víctima y a su familia cuando, en nombre de derechos y garantías inexistentes, terminan beneficiando a los que asesinan al volante”.

“Desde el Congreso y deade el Observatorio hay que visibilizar a aquellos que, en su rol de impartir justicia, ignoran el dolor y la desigualdad que existe y creen que las víctimas son solo un número”, sostuvo Massa. Y acotó: “Hay jueces que benefician a los asesinos al volante y hay que señalarlos”.

Por su parte, la integrante del Observatorio de Víctimas y referente de Madres del Dolor, Viviam Perrone,  expresó: “Nos vamos conformes. Planteamos nuestras necesidades y nos escucharon.  El presidente Sergio Massa nos aseguró que a partir del lunes se avanzará en las comisiones pendientes y seguiremos avanzando en los proyectos.”

En tanto, el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, indicó: “Cuando Sergio nos invitó a participar de esta jornada, nos pidió que escucháramos, que nos pongamos en su lugar, que entendamos su dolor, que compartamos esa lucha. Y que desde nuestros lugares transitorios, que también nos confirieron ustedes como ciudadanos, compartamos ese dolor, esa angustia, esa impotencia, y ayudarlos y ayudarnos a cambiar las injusticias que causan muchas veces nuestras leyes”.

Mientras que el ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Jorge D’ Onofrio, consideró: “Hoy dimos un gran paso al escuchar a los familiares de las víctimas. Ellos son nuestro faro y pusimos fechas y plazos al tratamiento de todas estas legislaciones para visibilizar aún más esta lucha. Es un gran avance y tenemos que seguir por este camino”

Entre las medidas presentadas por las organizaciones se destacan el proyecto de Alcohol Cero al Volante, que establece la tolerancia cero de alcohol en sangre para la conducción de vehículos, con penalidades por infringir la norma, y la iniciativa para reducir a 30km/h la velocidad máxima en calles de ciudades del país.

Presupuesto por decreto: presentan nuevas proyecciones económicas y preparan un cambio en Ganancias

El Gobierno publicará su ley de leyes antes del 30 de junio y mostrará su nueva estimación de suba de precios para este año; luego, el Ministerio de Economía espera modificar el mínimo desde el que se paga el impuesto

A través de un decreto, el Gobierno prevé dar luz verde en las próximas semanas a un nuevo presupuesto para este año, que incorporará, entre otras novedades y detalles sobre la planificación oficial, una nueva pauta de inflación, de ingresos por recaudación de impuestos y de gastos, entre ellos, el monto de subsidios energéticos.

Además, fuentes oficiales confirmaron que, con un importante avance en el cierre de las paritarias salariales y luego de la presentación de la nueva “ley de leyes” (dará un indicio de la pauta de suba de precios reestimada para 2022), publicará un decreto para actualizar el tope mínimo desde el que se pagará el impuesto a las ganancias (hoy es desde un salario bruto superior a $225.937). Se oficializaría, en julio o agosto. Es una decisión prevista por Economía, más allá de la presión desde el propio Frente de Todos canalizada días atrás a través de Sergio Massa.

El nuevo presupuesto se aprobará antes del 30 de junio, una demora importante teniendo en cuenta que en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) estaba prevista una modificación de la norma vigente para ponerla en línea con la meta de déficit primario para 2022 acordada en el programa de Facilidades Extendidas (EFF, según las siglas en inglés) a más tardar el 15 de abril pasado.

En el Gobierno aseguran que fue el organismo conducido por Kristalina Georgieva el que ofreció más tiempo para “tabular con más precisión” los impactos en el mundo de la guerra en Europa del Este. El viernes, por caso, era furor entre funcionarios la última tapa de The Economist sobre este es tema.

Fuentes oficiales reconocieron además que, tras el rechazo en el Congreso del proyecto de presupuesto 2022 y la prórroga del anterior, la fecha límite de mitad de año responde a la restricción que implican los cupos presupuestarios. “Es difícil operativamente trabajar sin eso”, dijeron. “El decreto también debe reflejar las condiciones actuales en cuanto a las readecuaciones que haremos para cumplir la meta [con el Fondo], dado el shock de la guerra”, aclararon a este medio. En ese sentido, con el cambio del marco macroeconómico a implementar, se prevén modificaciones en ingresos y en gastos.

El presupuesto presentado en septiembre pasado -que fue rechazado- estimaba una suba de precios para este año de 33%. En esa iniciativa ya se había modificado la pauta 2021 (originalmente de 29%) y se subió en 16 puntos (45,1%), pese a que la inflación terminó siendo 50,9%. El acuerdo con el Fondo previó para 2022 una suba de precios de entre 38% y 48%. El último panorama del FMI sólo tomó el techo de esa banda. Sin embargo, las paritarias están cerrando actualmente en un 60%; el equipo económico trabaja con un “escenario optimista” del 65% y los privados creen que rondará 70%.

Tal nominalidad de la economía sumará ingresos extras al Tesoro. Parte de los mismos fueron utilizados para dar bonos a trabajadores informales, jubilados y monotributistas. Con las mejoras en la Tarjeta Alimentar y otros programas, el costo llegó a 0,44% del PBI. La factura la pagó la inflación, dicen en Economía. Por las dudas, allí siguen diseñando nuevos impuestos: Guzmán insistirá en su tributo a la “renta inesperada”, según fuentes oficiales, que impactará en 2023 en algunas empresas.

Con relación al gasto, es probable que, dado el impacto que tuvo la invasión rusa a Ucrania en los precios de la energía, éste se incremente. El viernes, el resultado primario de abril mostró que los subsidios a la energía crecieron ese mes 132,8% interanual y llegaron a $116,673 millones. Son $66.559 millones más que lo que se pagó en abril de 2021.

En ese marco, en el Ministerio de Economía esperan que -tras pasar las audiencias públicas de la luz y el gas-, el 1° de junio, el secretario de Energía, Darío Martínez, publique la resolución instruyendo a los entes reguladores -manejados por La Cámpora- para actualizar los nuevos cuadros tarifarios. Allí también estará la segmentación de tarifas. En el Gobierno creen que la implementación de la misma se extenderá en el tiempo. Quizás llegue cuando el frío haga que el peso del aumento sea menor. Para mejorar la oferta es probable que Guzmán presente esta semana el decreto para flexibilizar el cepo en el sector energético. El ministro lo viene prometiendo desde marzo pasado.

La inflación y los cambios en el Gobierno

El nuevo presupuesto tendrá dos nortes fundamentales: la adaptación al contexto mundial y al acuerdo con el Fondo Monetario, y la intención de Guzmán de anclar las expectativas del sector privado para frenar la inercia inflacionaria. El programa con el FMI prevé un déficit fiscal primario de 2,5% del PBI, reducción de la emisión (1% del PBI) y acumulación de reservas. Para Guzmán, la credibilidad -de su plan- y los dólares en el Banco Central (BCRA) son las anclas.

Pero la reducción de la inflación conlleva un enorme desafío político, ya que el propio ordenamiento macroeconómico es a través de un plan inflacionario per se. El acuerdo con el FMI prevé subas de tarifas y un dólar que siga más de cerca los precios. La inflación lima las posibilidades políticas del Frente de Todos para 2023 -lo sabe Cristina Kirchner-, pero al mismo tiempo es la principal socia del Gobierno a la hora de achicar el déficit a través del “impuesto inflacionario”.

El ministro mantiene el discurso de que que la inercia inflacionaria responde actualmente a los precios internacionales desorbitados por la guerra y a las expectativas desancladas que genera la durísima interna en la cúpula del poder.

Respaldado por el Presidente, esta última línea discursiva lo llevó a anunciar la absorción de Comercio Interior, cartera conducida por Roberto Feletti, alfil de Cristina Kirchner. Después de que Feletti pidiera retenciones públicamente y criticara el plan de Guzmán con el FMI, el ministro pidió que se alineara con el Gobierno. El viernes se dio la respuesta institucional.

Fue una decisión que comenzaron a pelotear Guzmán y Matías Kulfas en marzo. “No fue una respuesta al discurso de Cristina en Chaco”, descartaron en el Gobierno. Se consensuó semanas atrás con Alberto Fernández. Lo insólito es que Feletti se enteró recién el martes, cuando Guzmán lo convocó y se lo dijo cara a cara luego de haber cortado relaciones desde comienzos de abril cuando el secretario de Comercio advirtió: “Esto se va a poner feo”.

La formalización de esa señal política desde un área clave para Cristina Kirchner se dio con una foto enviada el viernes por la tarde por los equipos de ambos. Allí aparecían el ministro de Economía y el de Desarrollo Productivo. Curiosamente, pese a que el anuncio era todo sobre el cambio de jefatura, Feletti no estaba. Los “albertistas” lo dejaron afuera.

Pese a las trabas, el campo genera casi el 70% de las exportaciones y aporta el 23% de los ingresos estatales

El sector es clave para el sostenimiento de la economía; en el primer cuatrimestre generó $1,22 billones en impuestos y la agroexportación liquidó US$11.098 millones, casi un 14% más que en igual período de 2021; el impacto de las retenciones y la brecha cambiaria

El aporte del campo al entramado económico argentino es determinante. Y los números así lo reflejan. En el primer cuatrimestre del año, la agroexportación liquidó US$11.098 millones, un 13,76% más que en igual período de 2021. Además, entre enero y abril de 2022, el sector aportó $1,22 billones al Estado en impuestos, el 23% del total recaudado. Y las previsiones para el año son alentadoras: las ventas al exterior por granos y subproductos se expandirían en US$3400 millones.

El 24% del producto bruto interno (PBI) está atado, en mayor o menor medida, a esta actividad -entre productos primarios (8%), agroindustria (7%) y servicios conexos (9%)-, lo que la ubica como la primera en injerencia en la riqueza del país. En ese sentido, el año pasado el sector significó US$77.235 millones, de acuerdo con la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). Implica que uno de cada cuatro pesos que produce el país está vinculado a las cadenas agroindustriales.

Y es en materia de exportaciones donde el sector juega un rol fundamental. El año pasado, las ventas totales al exterior de la Argentina fueron de US$77.934 millones, de las cuales casi el 40% correspondieron a manufacturas de origen agropecuario (US$30.951 millones) y 28% (US$21.828 millones) a productos primarios, entre otros. En tanto, en el conjunto -incluyendo biocombustibles y otras actividades-, el agro se posicionó como el sector que más exportaciones realizó, con el 69,7%.

Por su parte, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en 2021 las exportaciones de la producción agrícola [complejos de soja, maíz, trigo, girasol, cebada] se ubicaron en US$38.049 millones sobre un total del país de US$78.092 millones. Para este año, en tanto, en medio de los mejores precios internacionales y pese al recorte de la producción local por la sequía, la entidad prevé ventas al exterior por granos y subproductos por US$41.500 millones sobre un total de US$87.182 millones del país. Es decir, en 2022 las ventas del agro se expandirían en US$3400 millones.

Todo esto sin contar el aporte de otras cadenas como carnes, lácteos, entre otras. De hecho, para Equilibra Centro de Análisis Económico, sumando a los granos las carnes, la pesca, los lácteos, forestación, entre otros sectores, se llegaría a US$50.700 millones. Teniendo en cuenta todos estos sectores, aquí sería un 7,5% por encima de 2021.

Vale recordar, en este contexto, que considerando lo que ingresan por divisas las empresas exportadoras que integran la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), la agroexportación allí agrupada liquidó en el primer cuatrimestre de 2022 la suma de US$11.098 millones, un 13,76% más que en los primeros cuatro meses de 2021, cuando fue de US$9755 millones.

Los analistas apuntan que el campo es una de las actividades con mayor dinamismo adquirido en la última década. “Es el sector que más tecnología ha incorporado al proceso productivo en los últimos años. La Argentina tenía una cosecha rígida y a partir de las nuevas innovaciones, la cosecha se multiplica por cuatro”, explicó Marina Dal Poggetto, directora Ejecutiva de la consultora EcoGo.

El sector también lidera otro ranking: es sobre el que más impuestos recaen, particularmente en la agricultura y la ganadería. En retenciones, tributos generales y especiales, el Estado se queda con el 65% de la renta del campo. De cada $100 que genera una hectárea de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol (el valor de la producción menos costos), unos $64,9 terminan en manos del gobierno a nivel nacional, provincial o municipal, según FADA.

En el primer cuatrimestre del año, el campo aportó $1,22 billones al Estado en impuestosEsta cifra significa el 23% del total recaudado, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Solamente las retenciones son cerca del 15% de la recaudación, de acuerdo con Dal Poggetto.

“Mientras más altos son los impuestos, menos recursos tiene el productor para canalizar fondos a inversiones que serán necesarias a futuro como fertilizantes y cultivo de cobertura, entre otras. Además, no se ve que los impuestos que recauda a partir de la actividad se canalicen en servicios o bienes de interés para el sector agropecuario”, aporta Juan Manuel Garzón, economista Jefe de Ieral, de la Fundación Mediterránea.

La comparación con otros sectores ilustra el nivel de presión sobre la actividad. Por cada punto de PBI que produce, el campo genera 1,5 puntos porcentuales de recursos tributarios, mientras que el resto de la economía aporta 0,9 puntos. Se trata de un 64% más que cualquier otro rubro, según la Sociedad Rural Argentina.

Numerosos estudios y especialistas apuntan a los efectos nocivos de la presión impositiva, burocrática y regulatoria sobre el campo. Un informe de la Fundación Apertura aseguró que, de eliminarse las retenciones, el PBI de la Argentina crecería al menos tres puntos extra por año. Y se generarían unos US$10.000 millones adicionales por exportaciones, anualmente.

Para Iván Ordóñez, economista especializado en agronegocios, el área sembrada podría crecer un 12% más de no haber brecha cambiaria ni derechos o cupos de exportaciones. El crecimiento representaría cuatro millones de hectáreas productivas adicionales y -entre cultivos de invierno y de verano- 40 millones de toneladas de granos más. En términos financieros, su equivalente es de cerca de US$16.000 millones de dólares y un incremento de las exportaciones del 24%.

“Las principales provincias que aportan retenciones no reciben lo que corresponde en coparticipación. La consecuencia es que esos recursos no se utilizan para reinvertir y generar infraestructura que asista al crecimiento del sector. Se lo descapitaliza. Todo el ecosistema pierde potencia de reproducción porque un montón de recursos se van para otro lado. El capital es el ahorro”, explicó el especialista.

Idas y vueltas

Desde el regreso de la democracia en 1983, los sucesivos gobiernos hicieron más de 80 modificaciones en las legislaciones sobre los derechos a la exportación de los principales productos agropecuarios, según la Bolsa de Comercio de Rosario. Los porcentajes más altos se impusieron a la soja en 1989, con un 41%. Luego, en 2008, la expresidenta Cristina Kirchner intentó volver a poner una alícuota superior al 40% con las retenciones móviles que desataron cuatro meses de conflicto con el campo. La iniciativa se cayó con una votación en contra en el Senado que definió el exvicepresidente Julio Cobos.

En tanto, vale recordar que con la desregulación de la economía y la quita de retenciones que se llevó adelante con Carlos Menem, habían quedado en un 3,5% a la soja para impulsar el agregado de valor en la industria.

Las retenciones en general volvieron a aumentarse con el expresidente Eduardo Duhalde, política que siguió con Néstor y Cristina Kirchner. Al llegar al poder, Mauricio Macri realizó una quita a 0% para varios productos y trazó un sendero de disminución para la soja. Sin embargo, en 2018 volvió con un esquema de 3 y 4 pesos por dólar exportado. Si bien redujo los derechos de exportación para algunas economías regionales, el presidente Alberto Fernández, en tanto, aumentó la presión impositiva. Hoy los derechos de exportación son del 33% para el grano de soja y el 12% en trigo y el maíz, entre otros productos.

La Rural tiene iniciada una causa judicial en Córdoba contra las retenciones porque considera que, al no votarse el presupuesto 2022 que contenía una prórroga para las facultades delegadas del Congreso al Poder Ejecutivo en esta materia, ya no tienen un sustento legal, inclusive para el aumento que hizo el Gobierno en marzo pasado del 31% al 33% para la harina y el aceite de soja.

Pese a todas las dificultades impuestas, el campo produce el 40% de los bienes de la economía, según La Rural. El impacto del agro argentino trasciende las fronteras nacionales siendo que el 11% de los productos agropecuarios en el mercado mundial, en 2020, llevaron el sello local.

Fue 1° exportador de harina y aceite de soja, aceite y jugo de limón, maní y porotos; el 2° exportador de yerba mate y maíz; el 3° de granos de soja; el 4° lugar en peras y leche en polvo y en el 5° puesto como exportador de harina de trigo, carne bovina, lanas, aceite de girasol y camarones y langostinos.

Capacitaciones y Club de Negocios: Nuevo programa de entrenamiento empresarial para PYMES

Buenos Aires, 20 de mayo de 2022El Banco Ciudad lanza un Programa de Entrenamiento Empresarial con el objetivo de sumar herramientas de formación que apuntan a promover una mayor competitividad de las empresas. La iniciativa, que potencia los servicios no financieros del Ciudad, incluye capacitaciones en Escuelas de Negocios, Universidades y con expertos PyMEs;  también un Club de Negocios, que brinda espacios de networking, consultorios especializados, rondas de negocios y una vidriera Pyme.

Las propuestas de formación se desarrollan en una agenda anual de carácter federal que se  presentan en la plataforma online del Instituto Pyme de la entidad , y que incluye a las distintas zonas en las que el Banco tiene presencia (CABA, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Río Cuarto, Mendoza, Salta y Tucumán). Las capacitaciones contienen  Programas Ejecutivos en asociación con la principales Escuelas de Negocios y Universidades del país, así como Master Class y Charlas de Alto Impacto (*).

Otra novedad es el Club de Negocios, que brinda diferentes servicios tales como Ronda de Negocios, para que las PyMEs puedan vincularse y presentar sus productos y servicios; también un espacio de Networking, para conectar y compartir buenas prácticas, experiencias y problemáticas; y una sección denominada ADN Pyme de consultorios personalizados con Expertos PyMEs. Por último, se otorga a las empresas un lugar exclusivo en la web del Instituto PyME del Ciudad, denominado Vidriera Pyme, para que publiquen información sobre su negocio y amplíen sus redes.

Aquellos interesados en participar del Programa, pueden acceder a la información sobre el mismo e inscribirse en: https://www.institutopyme.com.ar/comunidad-empresarial/

ACERCA DEL INSTITUTO PYME DEL BANCO CIUDAD

El Instituto Pyme es un espacio que ofrece el Banco Ciudad para fomentar el intercambio de ideas y acompañar el desarrollo estratégico de los negocios de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Su misión es contribuir al desarrollo estratégico de los Negocios contemplando las características singulares del segmento, apoyando la acción de las empresas y orientando sus expectativas de crecimiento.

Más información en www.institutopyme.com.ar y consultas en institutopyme@bancociudad.com.ar

La fiscalía aceptó la propuesta del Presidente para cerrar la causa por la fiesta en Olivos a cambio de $1.600.000

El fiscal Fernando Domínguez convalidó la oferta de Alberto Fernández y también la de Fabiola Yañez (por $1.400.000); ahora el juez Lino Mirabelli debe decidir si homologa lo acordado

El fiscal de San Isidro Fernando Domínguez aceptó las ofertas del Presidente y de la primera dama, Fabiola Yañez, para cerrar la causa contra ambos por violación de la cuarentena a cambio de un total de tres millones de pesos. Alberto Fernández ofreció $1.600.000 y Yañez, $1.400.000. Son investigados por el festejo del cumpleaños de la primera dama en la Quinta Presidencial de Olivos mientras regía el aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus.

El fiscal de San Isidro aceptó esta mañana la propuesta de “reparación”, informaron fuentes judiciales; ahora, el juez Lino Mirabelli debe decidir si la homologa. Solo podría rechazar el acuerdo por ilegal o arbitrario.

El matrimonio presidencial invocó el artículo 59 inciso 6 del Código Penal, que establece el derecho del imputado a extinguir la acción penal por conciliación o reparación integral del perjuicio. Hasta ahora, el fiscal y el juez siempre se habían pronunciado en contra del pedido de Fernández para ser sobreseído.

Una de las participantes del cumpleaños de la primera dama, la estilista Carolina Marafiotti, ya arribó a un acuerdo con los funcionarios judiciales por $200.000 y fue sobreseída. Además de Yañez y Fernández, quedan ocho amigos de la primera dama que también están imputados en este expediente.

En un principio, cuando la causa tramitaba en Comodoro Py, Alberto Fernández pidió ser sobreseído por inexistencia de delito y aclaró que, en caso de que rechazaran su propuesta, ofrecía reparar el daño mediante la donación de cuatro medios sueldos al Hospital Malbrán.

Finalmente el caso pasó a San Isidro, jurisdicción en la que ocurrió el hecho -en la quinta de Olivos- y juez federal Mirabelli rechazó su sobreseimiento. Pero la causa siguió su curso, y Fernández ofreció esta nueva cifra que el fiscal aceptó.

Con la economía en un nuevo nivel de inercia inflacionaria, los argentinos aceleran su huida del peso

La renovada emisión de dinero para asistir al fisco suma leña al fuego: el BCRA auxilió al Tesoro con más de $166.000 millones en menos de 15 días; el Gobierno inyecta billetes que la gente busca utilizar rápidamente porque cree que tendrán menor valor en el futuro

La economía argentina ingresó oficialmente en el último bimestre en un nuevo nivel de inercia inflacionaria. Los precios ya no corren a una velocidad del 20/25% anual promedio, como lo hacían hasta hace 10 años, ni a otra del 40 al 50% como lo hicieron en el último lustro.

Ahora hasta el Gobierno admite que, aun en caso en que “todo ande bien”, se moverán a un ritmo promedio del 65% como piso, lo que resultaría un alivio ya que lo han hecho a un nivel del 23,1% en el primer cuatrimestre que no sólo dejó a la economía en el umbral más elevado desde la salida de la hiperinflación, sino que equivale a un peligroso 86,5% anualizado.

El repaso de las cifras deja en claro que el problema “endémico”, como le gusta describir al presidente Alberto Fernández, se agravó notablemente en los últimos meses, algo previsible considerando los $1,4 billones emitidos en forma espuria en el último cuatrimestre del año pasado y el rezago tradicional en sus impactos.

Pero lo más inquietante es que la situación se torna más delicada en un momento en que, como no sucedía desde hace décadas, la suba de precios volvió a ser un problema para todo el mundo y la economía argentina se quedó sin anclas habida cuenta de que, sin reservas en el Banco Central (BCRA), las posibilidades de seguir atrasando algunos precios regulados (tarifas) o de usar para esos fines al tipo de cambio se agotaron.

El único marco de contención, aunque no puso el foco en lo inflacionario, lo aporta el acuerdo sellado con el FMI, se coincide en el mercado. Pero como buena parte del oficialismo (incluso funcionarios) resisten su implementación, se acrecientan las dudas sobre posibles incumplimientos en unos meses. El cuadro descripto no es ajeno a ningún ciudadano que lo padece a diario.

La cuestión ahora es que, según comienzan a advertir numerosos economistas a partir de análisis monetarios, los argentinos están acelerando la huida del peso, lo que puede hacer que el tránsito hacia el nuevo nivel de nominalidad de la economía se consolide o agrave en los próximos meses.

“Lo que se observa es que a la gente les queman los pesos en el bolsillo más que antes. Eso lleva a convalidar [siempre en la medida de sus posibilidades] las subas de precios simplemente porque todos están convencidos de que el precio caro de hoy será barato mañana”, explica el economista Daniel Marx, director de Quantum Finanzas, una de las consultoras que alertó en los últimos días sobre este tema.

“La Base Monetaria (BM) creció $76.000 millones hasta el 6 de mayo, un aumento nominal de 2,1% que representa una caída real de 17,9%, casi el doble de lo habitual en ese período según el promedio entre 2003-2022 (-11%). En la comparación interanual la variación real también es negativa en casi 5%, un reflejo claro de la caída en la demanda de dinero”, apunta.

Agrega que si bien “las restricciones para acceder al dólar funcionan como un factor de ralentización de esa caída”, el fenómeno luce lanzado, lo que obligará a las autoridades a un esfuerzo adicional si quieren bajar la inflación al menos en unos puntos “en un contexto en que el déficit fiscal posiblemente sea mayor y puede requerir más financiamiento monetario”.

En igual sentido sólo unos días antes la consultora LCG, creada por Martín Lousteau), había advertido sobre la contracción en $4200 millones mostrada en abril por la BM pese a haberse inyectado $80.000 millones al cierre del mes para asistir al Tesoro.

“Irrumpe un fenómeno que empieza a preocupar: hay pesos y no se demandan”, detallaron, algo que sucede cuando la relación BM/PBI “se encuentra en 6,6% y cayendo, mismo nivel de 2019, época en que estaba en funcionamiento el programa de “emisión cero” impuesto por el FMI a la administración Macri.

“En aquel escaseaba la oferta de pesos por la aplicación deliberada de una política monetaria contractiva pero hoy estamos en todo lo contrario: se inyectan pesos pero no son deseados por el público”, recuerdan.

“Lo que se percibe es que hay sectores con un nivel de actividad alto en un contexto de ingresos en caída, dado que son erosionados por la elevada inflación. Eso indica una mayor propensión a sacarse de encima los pesos lo que, en este contexto, debería ser toda una llamada de atención”, traduce el economista director ejecutivo de esa consultora, Guido Lorenzo.

A eso hay que agregar que la velocidad de circulación del dinero se ha comenzado a disparar en esta primera parte del año. “La velocidad de circulación del agregado monetario M2 Privado (circulante en poder del público, depósitos a la vista y depósitos en caja de ahorro) da cuenta que los ciudadanos estamos rotando nuestro dinero al mayor ritmo desde febrero 2020, es decir, el momento previo a la fuerte desaceleración por la cuarentena eterna. Y va creciendo”, hizo notar en un informe también sobre el tema Portfolio Personal Inversiones (PPI).

El mismo fenómeno percibe el licenciado y CEO de la consultora W, Guillermo Oliveto, quien advierte sobre la extraña convivencia entre niveles de pesimismo récord en la población e indicadores de consumo que siguen en buen nivel.

“Tres millones de personas viajaron en Semana Santa; cuesta conseguir lugar en algún restaurante más o menos conocido, el consumo masivo creció 7% en el primer trimestre y los shoppings aumentaron sus ventas 25% en ese lapso. Ese combo debería dar lugar a un mejor humor social y sin embargo las encuestas marcan un pico de malestar”, repite para mostrar el peso que están ganando las malas expectativas en las conductas de los consumidores.

La única explicación que encuentra es que el nivel de gasto no va hacia lo “deseado” (la adquisición de dólares para atesorar, los viajes al exterior, la compra de una vivienda, etc), sino hacia lo “posible” en este contexto de cepo extremo y declive de los ingresos medidos en divisas.

Los propios índices de precios del Indec parecen avalar este fenómeno: en abril, tres consumos típicos de la clase media lideraron los aumentos indumentaria, restaurantes y salud, hizo notar días atrás Alfredo Sainz

A estos rubros se podrían sumar los autos, con amplias remarcaciones y demanda reprimida por falta de entrega. “Lo más natural en este contexto sería un ajuste recesivo por limitaciones en el consumo, una etapa transitoria que ayude a atemperar la inflación y limite el peligro de que se espiralice mientras se van equilibrando las cuentas fiscales. Pero la situación política no ayuda, sino todo lo contrario”, acota el economista y consultor de empresas, Roberto Drimer.

La nominalidad del 100% a la que se desplazó la economía en abril no está siendo explicada ni por su shock cambiario, ni tarifario, ni externo, sino por un cuadro general de malas expectativas”, coincidieron en caracterizar los analistas de Consultatio en un informe.

Los economistas explican que, más allá de las declaraciones formales, la inercia inflacionaria fue en buena parte impulsada por los errores oficiales. “No hay duda de que la declaración de guerra a la inflación por parte del Presidente en abstracto y sin el acompañamiento de un paquete de medidas para intentar cambiar las expectativas aceleró las remarcaciones de precios”, explica Marina Dal Poggetto, de Eco/Go.

Si a eso se agregan las malas señales que el Gobierno envía a los mercados, no extraña que la posibilidad de torcer el rumbo se perciban más remotas.

En este contexto, la renovada emisión de dinero para asistir al fisco -el BCRA auxilió al Tesoro con más de $166.000 millones en menos de 15 días (además de los $550.000 millones que debió imprimir y reabsorber en el año para pagar su deuda remunerada récord)- suma leña al fuego. “No es un monto de dinero que sea significativo o incumpla los compromisos pactados con el FMI. Pero es una inyección –como señal- muy inoportuna ya que llega no sólo cuando la inflación vuela, sino cuando además el BCRA muestra problemas para comprar reservas; además pone al mercado a hacer cuentas de las que surge que, de persistir con emisiones a este ritmo, la meta anual del 1% en relación al PBI quedaría sobrepasada”, hizo notar la consultora Delphos Investment.

De allí el complejo cuadro de expectativas que complejiza cualquier posibilidad de poner en marcha un plan antiinflacionario, aun cuando así lo deseara el Gobierno.

Diputados comenzó el trabajo en la Ley de de compre argentino

En una reunión conjunta, la Comisión de Industria y la Comisión de Presupuesto y Hacienda avanzaron sobre el Proyecto de Ley de Compre Argentino y Desarrollo para Proveedores, enviada por el Poder Ejecutivo Nacional.

La Ley en la que trabajan los diputados es una herramienta de política industrial que permite canalizar el poder de compra del Estado para mejorar la capacidad productiva nacional y promover el desarrollo de proveedores locales. Será tratada nuevamente por las comisiones el próximo jueves.

La Subsecretaria de Industria, Julieta Loustau, mencionó: “El objetivo de esta Ley es poder acompañar, incrementar el poder, generar nuevas oportunidades y desarrollos de empresas nacionales, en el fuerte poder de compras públicas que tiene el Estado, generando una estructura más diversificada y competitiva”. También precisó que se busca “Poder avanzar en un aspecto que hoy la ley no contempla, como generar sectores estratégicos e innovadores”.

En el debate en conjunto también se trató la temática de desarrollo sostenible, la producción, y consumo responsable. En línea con dichos ejes, el diputado de Evolución Radical (San Luis), Alejandro Cacace destacó: “Uno de los puntos del Objetivo de Desarrollo Sostenible, es que las adquisiciones públicas en las compras y contrataciones de los estados se tenga en cuenta, de manera preferente, a aquellas empresas que cumplen con las pautas del desarrollo sostenible de la producción y consumo responsable”.

Por su parte, la diputada del Frente de Todos (Río Negro), Susana Graciela Landriscini, explicó: “Quienes estudiamos la industria como motor del desarrollo económico de los países sabemos que en los tiempos actuales, modernizadas las industrias con los nuevos servicios derivados de las tecnologías de información y comunicación, generan una gran oportunidad. Esto no tiene un automatismo en la historia, requiere un tiempo de desarrollo y la promoción del Estado”.

Diputados aprobó proyectos de incentivo a la construcción, respuesta integral al VIH y Cannabis Medicinal

Durante una sesión especial, la Cámara de Diputados trató la iniciativa de Boleta Única, aprobó el régimen de incentivo a la construcción y la ley de respuesta integral del VIH y sancionó un proyecto de desarrollo del cannabis medicinal En el comienzo de la sesión, se debatió la iniciativa de Boleta Única de Sufragio, impulsada desde la oposición. El pleno de la Cámara emplazó a las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados para que se constituyan y empiecen a debatir el cambio en el sistema electoral dentro de un período determinado. La moción fue aprobada por 132 votos contra 114.Posteriormente, la Cámara baja le dio media sanción a la norma que representa un alivio fiscal para la construcción con 172 votos afirmativos; 20 negativos y 45 abstenciones. El proyecto, de autoría del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y el titular del bloque PRO, Cristian Ritondo, establece una prórroga sobre los plazos de la ley que busca promover el desarrollo o inversión en proyectos inmobiliarios. Como miembro informante del proyecto, la diputada Mónica Litza, del Frente de Todos, explicó que se propone restablecer la ley 27.613 en los alcances de la normalización de tenencias de moneda nacional y extranjera para la inversión pública.Litza destacó también “la importancia que tiene la construcción en el impulso de la economía, actúa a modo de una gran locomotora que impulsa a otros sectores de la economía”.Por su parte, la diputada Victoria Morales Gorleri, del PRO, consideró que “en un país con alto nivel de pobreza, no podemos no encontrar herramientas que logren revertir esa situación”. “Nos pareció muy importante poder dar una prórroga para dar una respuesta, entendiendo la necesidad urgente de reactivar el sector”, alegó. Al mismo tiempo, consideró que “la clase media y las personas vulnerables necesitan tener una oportunidad de empleo y necesitamos aumentar la oferta de viviendas”.Ritondo, como autor del proyecto, explicó que “este es el resultado de un trabajo hecho con la Cámara Argentina de la Construcción, la UOCRA y la Cámara Argentina de Desarrolladores”. “Decidimos avalar esa propuesta productiva para el sector de la construcción”, explicó.El bloque Evolución Radical adelantó que se abstendría, mientras que Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda, rechazó la norma y criticó que “se premia a quienes evadieron”.Por otra parte, Diputados le dio media sanción al proyecto de ley que declara de interés público nacional la respuesta integral a la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana – VIH -, las Hepatitis Virales, la Tuberculosis – TBC – y las Infecciones de Transmisión Sexual – UTS – y plantea la derogación de la Ley 23.798. El proyecto obtuvo 241 votos afirmativos y 8 negativos y será girado al Senado. La norma busca un abordaje integral que brinde contención e información para terminar con la discriminación y los prejuicios que acarrea la enfermedad. Fue respaldada por organizaciones de la sociedad civil que se hicieron presentes en los palcos del recinto. Como miembro informante, la diputada Mónica Fein (Socialista) sostuvo que “el VIH es una pandemia que se ha extendido por más de 40 años, que no siempre estuvo en el debate público y que se ha llevado más de 36 millones de vidas”. “Esta ley es una herramienta que viene a dar una mirada integral para avanzar en el camino de reducir la desigualdad, terminar con la estigmatización y hostigamiento, y salvar vidas”. subrayó. Como autora del proyecto, la diputada Ana Carolina Gaillard, del Frente de Todos, remarcó que “esta ley, que salva vidas, viene a proponer un paradigma distinto, con un enfoque de derechos humanos y un abordaje social integral del VIH”. “Es una enfermedad que ha generado estigma y discriminación, pero con esta norma venimos a traer dignidad”, señaló. Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, se manifestó a favor diciendo que “acompaño esta ley en general y en particular porque en lo más profundo de mi convicción tengo la esperanza personal y colectiva de que nos merecemos que exista ese día que llegue la cura”. El proyecto establece el acceso universal y gratuito al tratamiento, garantizado por el sistema de salud público, las obras sociales y la salud privada. Además, promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio, para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.Por último, también se sancionó el proyecto por la cual se crea el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del Cannabis Medicinal y el Cáñamo Industrial. Fue por 155 votos afirmativos, 56 negativos y 19 abstenciones. Como miembro informante, la diputada Mara Brawer (FdT), destacó las propiedades del cannabis medicinal: “Se usa toda la planta, más de 25 mil productos están reconocidos en el mundo, por eso es tan importante esta ley, hoy nace una nueva industria en Argentina”. Luego explicó el rol de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) que se creará con la ley. “La Agencia va a regular, administrar y fiscalizar toda la cadena productiva y articular con otros organismos del Estado”, aseveró.El diputado Ricardo Buryaile (UCR) dijo que “la sociedad nos pide empatía, no estamos en presencia del mejor proyecto, pero es un paso adelante, estamos apostando a la salud pública, a miles de personas que le vamos a mejorar la calidad de vida”. “El objetivo específico es el marco regulatorio comprendiendo todas las etapas de la producción, de ninguna manera estamos contemplando el uso recreativo”, aclaró. La norma crea el marco normativo para la producción, comercialización nacional con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial; promoviendo el desarrollo de la cadena productiva sectorial.

Diputados trabajará en una serie de leyes que impulsan el desarrollo productivo

La Cámara de Diputados buscará avanzar mediante el trabajo de comisiones en la firma de dictámenes de un paquete de iniciativas para promover el crecimiento económico y el desarrollo productivo. Con los proyectos de incentivo a la Construcción y de regulación de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial a la cabeza, se trabajará, además, otras medidas que también cuentan con consenso parlamentario.  De esta manera, la comisión de Legislación Laboral -que preside Cecilia Moreau (FDT)- se reunirá hoy a las 15 para avanzar sobre el proyecto impulsado por el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, y Cristian Ritondo (PRO), para prorrogar a lo largo del 2022 la ley de incentivos para fomentar la construcción, la cual permite disminuir los impuestos del blanqueo de capitales no registrados.  Este proyecto, a su vez, busca generar un puente al empleo dado que contempla que, en el plazo de 365 días, los titulares de programas sociales que sean contratados por el sector de la construcción, en el marco de proyectos alcanzados por el régimen, puedan mantener ese beneficio a la vez que se insertan en el mercado laboral.  A las 14, un plenario de comisiones de Agricultura y Ganadería -que preside el legislador radical Ricardo Buryaille- y Presupuesto buscará avanzar en el dictamen sobre el proyecto de desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, enviado desde el Poder Ejecutivo, para dar un marco regulatorio a la inversión pública y privada en toda la cadena y complementar la actual legislación que autoriza el uso terapéutico y paliativo de esa planta. En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos.  De acuerdo con la agenda, además, la comisión de Presupuesto y Hacienda -que conduce Carlos Heller- se reunirá al mediodía para avanzar con la creación del régimen transitorio de reintegros impositivos para la adquisición de las unidades que prestan el servicio de vehículos automotores de alquiler con taxímetro, y otro para prorrogar las asignaciones específicas previstas para industrias e institucionales culturales.  Cabe destacar que esta agenda productiva incluye también los proyectos de agroindustria, de compre argentino, de electromovilidad, de incentivos a la industria automotriz y al turismo, que se empezarán a debatir en las próximas semanas, según está previsto. Muchos de estos temas fueron mencionados durante los encuentros que la semana pasada Sergio Massa mantuvo tanto con gobernadores del denominado Norte Grande argentino, como así también con la plana mayor de la Unión Industrial Argentina (UIA), en el Congreso.  Por otro lado, también este martes, desde las 13 hs, un plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y Presupuesto y Hacienda buscarán avanzar en la declaración de interés público nacional a la respuesta integral a la infección por el Virus de Inmuno Deficiencia Humana – VIH -, las Hepatitis Virales, la Tuberculosis y las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).  Y desde las 14.30hs, la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, con la presencia del Comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, trabajará con el objetivo de intercambiar ideas sobre la agenda ambiental 2022.  Todos estos proyectos requieren obtener sus respectivos dictámenes en sus correspondientes comisiones, para luego ser sancionados en el recinto de sesiones a través del voto de los diputados y las diputadas de la nación.

Un organismo clave de la Justicia se reacomoda con nuevas alianzas y trata de quebrar la parálisis

La oposición cree que Molea podría encabezar una nueva bancada y terciar en cada debate del Consejo de la Magistratura; aún resta definir si juran los consejeros enviados por Cristina y Massa

Algo cambió en el Consejo de la Magistratura y no solo su presidente. La llegada de cuatro nuevas consejeras y del juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti al frente del organismo le dio otra visibilidad descongeló su funcionamiento, aun antes de tener su primera reunión formal.

Hace 15 días la Corte asumió la presidencia del Consejo de la Magistratura, en un formato de 20 integrantes, al cumplirse el plazo que le había dado al Congreso para que aprobara una nueva ley con una composición distinta a la de 13 miembros, que el kirchnerismo sancionó en 2006. En estas dos semanas juraron las cuatro nuevas consejeras que llevaron de 13 a 17 el número de miembros y se sumó Rosatti.

La Corte logró algo inédito: que firmen de manera unánime estos 18 consejeros para expulsar de un concurso para la Cámara de Casación al juez federal con competencia electoral de Mendoza, Walter Bento, multiprocesado por sobornos, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. A pesar de esos cargos, firmes, el oficialismo venía protegiendo a Bento para que no avanzara su suspensión. Pero los nuevos aires fueron suficientes para que cesara la protección institucional.

Ahora, el desafío es poner en marcha al Consejo en el día a día de la gestión. Por un lado, resta que juren los dos consejeros que envió el Congreso: Cristina Kirchner dividió su bloque y mandó al senador Martín Doñate, mientras que Sergio Massa designó a la radical Roxana Reyes.

El senador radical Luis Juez impugnó ante la Justicia la designación de Doñate y lo mismo hizo el jefe de bloque del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, con respecto a Reyes. En ambos casos, la Justicia ya rechazó preliminarmente los planteos presentados, por lo que está más cerca el juramento de los dos consejeros restantes, para que se complete el cuerpo de 20 miembros.

A la espera de una definición se está acordando la primera reunión de labor de todos los consejeros para este jueves, aunque hay dudas porque no lo permitiría la agenda legislativa. Gerónimo Ustarroz, consejero de la magistratura en representación del Gobierno, tensó la situación: planteó que si no asumen Doñate y Reyes no hay labor.

El otro desafío que va a tener el nuevo Consejo es funcionar con la misma diligencia que exhibió para expulsar al juez Bento del concurso para la Casación. Antes de la llegada de Rosatti las fuerzas en conflicto estaban equilibradas y era imposible votar una terna para ocupar vacantes en los juzgados o aprobar el inicio de un juicio político. El oficialismo no conseguía los dos tercios de los votos y la oposición se juró no facilitar ni un voto.

Con 20 miembros, la situación podría cambiar. Hasta ahora, al bloque oficialista se le sumaban el juez Alberto Lugones y la diputada Graciela Camaño. Y al bloque opositor se adosaban el resto de los jueces y abogados.

Diego Molea, rector de la Universidad de Lomas de Zamora y consejero por los académicos, apoyaba al kirchnerismo. Pero ahora parece adoptar una posición al menos más distante. De hecho, fue el único oficialista presente en la jura de las nuevas consejeras. Molea sumó dos aliadas con la abogada María Fernanda Vázquez, decana de Derecho de Lomas de Zamora, y la académica Pamela Tolosa, profesora de la Universidad del Sur.

En la oposición creen que se adivina un nuevo equilibrio de fuerzas con tres bloques: oficialista, opositor y el minibloque de Molea, que, según esta interpretación, se convertiría en el fiel de la balanza. Eso lo habilitaría a negociar tema por tema.

La nueva dinámica entre los consejeros también podría contribuir a destrabar el funcionamiento del Consejo. Por ejemplo, en el estamento de los políticos creen que si Rosatti vota en un sentido, a los consejeros jueces podría no serle fácil no acompañarlo. El mismo razonamiento podría extenderse a la oposición. “La oposición no va romper con Rosatti y los jueces no va a romper con Rosatti”, interpreta un hombre de Juntos por el Cambio que sigue en detalle los temas judiciales.

Estas situaciones que descongelarían el funcionamiento del Consejo de la Magistratura alarman, sin embargo, al ala dura de Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque hoy están en juego ternas para 18 concursos, pero la atención está puesta en dos lugares en la Cámara Federal porteña y tres jugados de primera instancia en Comodoro Py. Los primeros dos puestos son ocupados por los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, a quien Cambiemos trasladó a esos lugares. Los juzgados de primera instancia están siendo subrogados por los jueces Daniel Rafecas, Julián Ercolini y Marcelo Martínez de Giorgi.

Cualquier cambio allí implicaría para Juntos por el Cambio una pérdida, interpretan en esa fuerza política. Aun si hay una negociación, por las candidatos de las ternas, no confían en que luego Alberto Fernández o Cristina Kirchner las respeten, al enviar los pliegos pactados.

Rosatti, por su parte se reunió la semana pasada con todos los consejeros, en privado, para escuchar sus inquietudes y dar un mensaje: que el Consejo está rumbeando hacia otro lugar, que se trata de una gestión de la Corte y que la idea es el consenso. Rosatti se reserva la posibilidad de dirimir en los conflictos cuando no haya acuerdo.

En esos encuentros transmitió la idea de que se convertiría en un facilitador, orientador, sobrevolando el conflicto con la idea de buscar acuerdos, dijo uno de los asistentes a esas charlas.