Conflicto en el Mercosur: queja conjunta de Argentina, Brasil y Paraguay contra Uruguay por buscar acuerdos afuera del bloque

Las tratativas del canciller uruguayo en Oceanía motivaron la protesta, días antes de una nueva reunión de presidentes, en la que Argentina asumirá la presidencia pro-témpore del bloque regional

En la previa de la reunión de presidentes del Mercosur, prevista para el próximo martes en Montevideo, la renovada decisión de Uruguay de impulsar acuerdos bilaterales con otros países por fuera del bloque regional motivó otro encontronazo con sus socios.

Por medio de una carta conjunta, los coordinadores nacionales de Argentina, Brasil y Paraguay protestaron en la mañana del miércoles por las negociaciones que el canciller Francisco Bustillo lleva adelante en Australia y Nueva Zelanda, con el objetivo declarado de lograr la adhesión de Uruguay al Acuerdo Transpacífico, que integran esos países.

“Los tres países se reservan el derecho de adoptar las medidas que juzguen necesarias para defender sus intereses en los ámbitos jurídico y comercial”, dice la carta conjunta, publicada en simultáneo por las tres cancillerías en su cuenta de twitter.

“Uruguay sigue insistiendo en hacer acuerdos de Libre Comercio de modo unilateral, algo prohibido por la norma Mercosur, sin consensuar dentro del bloque regional”, comentaron fuentes de Cancillería. Las mismas fuentes recalcaron que ni este ni otro acuerdos que busca Uruguay-un tratado de libre comercio con China, por caso- “fueron formalmente planteados dentro de la institucionalidad del Mercosur”.

También reiteraron que “la posibilidad de negociar en forma unilateral acuerdos comerciales con terceros países a se contradice con los objetivos y principios establecidos en los Tratados fundacionales como el de Asunción (1991) y de Ouro Preto (1994) y con el extenso bagaje normativo del Mercosur”, destacaron.

Y agregaron que en los fundamentos del Mercosur figura la adopción de “un arancel externo común y la adopción de una política comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados…”. Además de los acuerdos extra-Mercosur, los aranceles para el ingreso de los productos extranjeros, que Uruguay pretende bajar (también Brasil con la administración de Jair Bolsonaro) y Argentina sostener en algunos rubros, es uno de los motivos de discordia entre el gobierno de Alberto Fernández y el de Luis Lacalle Pou. Las divisiones quedaron claras en aquella reunión virtual-presencial, en la que Lacalle Pou habló del Mercosur como un “lastre” para el crecimiento de su país, y Fernández lo “invitó” a retirarse del bloque común. En la conferencia de prensa posterior a la reunión de ministros en Casa Rosada, el jefe de gabinete Juan Manzur afirmó que el tema se había tocado durante el encuentro, y recalcó que “la idea es que las decisiones que se tomen sean consensuadas y no aisladas de algún país”, comentó el ministro coordinador.

Se trató, por cierto, de una queja a nivel de cancilleres, dado que Cecilia Todesca Bocco, secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la cancillería, es la representante del Gobierno en el Grupo Mercado Común. Pero todo parece indicar que la queja conjunta (inédita mientras Bolsonaro y Fernández coinciden en el Gobierno) subirá un peldaño en el encuentro de cancilleres, previsto para el lunes, en el que Bustillo se cruzará con el canciller Santiago Cafiero y sus pares de Brasil y Paraguay.

El martes, en la reunión de presidentes, podría darse la última aparición de Bolsonaro, antes de traspasar el poder a Luiz Inacio Lula da Silva, que asumirá el primer día de 2023.

El mensaje de Alberto Fernández por la muerte de la sargenta Yanina Larese, parte de la comitiva presidencial

La mujer de 39 años viajaba con un convoy oficial a San Luis para preparar la llegada del Presidente a esa provincia cuando tuvo un accidente de tránsito en Córdoba

Después de que el Ejército Argentino confirmara la muerte de la sargenta primera Yanina Mariel Larese, de 39 años, en un accidente de tránsito en Córdoba, cuando se dirigía junto a una comitiva oficial a San Luis a realizar la avanzada de seguridad para una visita del presidente Alberto Fernándezel mandatario despidió a la uniformada a través de su cuenta de Twitter.

“Mis condolencias a la familia y amigos de la sargento primero Yanina Mariel Larese, que perdió la vida en un accidente en ruta a San Luis cumpliendo funciones en el servicio de Casa Militar. Estoy profundamente conmovido y deseo una rápida recuperación a los acompañantes”, escribió Fernández en su red social oficial.

También recordó a Larese el ministro de Defensa, Jorge Taiana, quien como Fernández utilizó Twitter para lamentar su fallecimiento. “Mis condolencias a su familia y afectos”, dijo el funcionario.

Unos minutos antes, desde Casa Militar habían emitido un comunicado en el que precisaron que Larese iba a San Luis a realizar la escalada de seguridad en una camioneta Toyota Hilux, cuando fue víctima de un siniestro vial que ocurrió en la Ruta Nacional 7, kilómetro 619, a 50 kilómetros de Vicuña Makenna, en la provincia de Córdoba.

En la camioneta viajaba junto al suboficial principal Marcelo Genco, el sargento Marcelo Peralta y el cabo primero Nahuel Rodríguez, quienes aún se encuentran internados y fueron mencionados por el Presidente, que les deseó que se mejoren a la brevedad.

En tanto, desde la Presidencia confirmaron que el jefe de la Casa Militar, Alejandro Guglielmi, viajará hacia esa zona de Córdoba para acompañar a la familia de los accidentados.

El diario La Voz, de esa provincia, reportó que las condiciones climáticas cuando el conductor perdió la estabilidad del vehículo eran desfavorables, pero indicó que los peritos ahora intentan determinar las circunstancias en que ocurrió el incidente.

De momento se pudo confirmar a través de fuentes del Ministerio de Defensa que Larese era personal del Ejército que prestaba servicios en Casa Militar. Asimismo, de sus redes sociales se desprende que era madre de dos niños pequeños y que estaba casada con un hombre que también pertenece a las fuerzas.

Duro golpe a Kicillof: Buenos Aires podría perder hasta $200.000 millones en 2023 si la Corte falla en favor de la Ciudad

Se trata de la mitad de las transferencias discrecionales que la provincia prevé recibir de la Nación en medio del año electoral

La posibilidad de que la Corte Suprema resuelva a favor de la ciudad de Buenos Aires en la pelea por los fondos de la coparticipación que la Nación le detrajo en 2020 no sólo sería vista como un triunfo político del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Significaría, además, un duro golpe para el gobernador Axel Kicillof y las arcas bonaerenses, que en el acto dejarían de percibir aquellos fondos millonarios que les giraba el Tesoro nacional de manera discrecional.

El impacto sería tremendo. En efecto, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal bonaerense –que se nutre de los recursos coparticipables detraídos de la Capital– está presupuestado en $200.745 millones para el año próximo. Se trata de nada menos que la mitad del total de las transferencias discrecionales que la Nación prevé girarle a la provincia en 2023, un año electoral.

Si el máximo tribunal decidiera devolverle todos esos fondos a la Capital, Buenos Aires se vería privada de recursos claves. Por ejemplo, para realizar obras públicas: según el proyecto de presupuesto bonaerense para el año próximo, la cifra supera todo lo que se prevé asignar en gastos de capital al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos: $185.585 millones.

Hay más ejemplos comparativos que sirven para dimensionar el posible impacto. Por caso, según el presupuesto 2023, esos $200.745 millones implican cinco partidas anuales de inversión de insumos de capital para las fuerzas de seguridad bonaerenses (compra de patrulleros, helicópteros y equipos de seguridad). Son también dos presupuestos enteros en gasto para insumos, equipamiento e infraestructura de la Dirección General de Educación y Cultura, la jurisdicción más importante de la administración bonaerense.

Está visto entonces que un fallo adverso de la Corte Suprema sería una pésima noticia para las ambiciones de Kicillof –que aspira a la reelección– y para Cristina y Máximo Kirchner, que necesitan nutrir de recursos discrecionales a su bastión electoral. En la Casa Rosada recibieron con cierto alivio que el fallo, que intuyen desfavorable, no se firmara el pasado jueves. La demora no hizo otra cosa que agitar los temores en el gobierno porteño, que sospecha presiones de la Casa Rosada para que la sentencia se posponga hasta el año próximo.

Eso sería óptimo para los tiempos de Kicillof, abocado por estos días a conseguir los votos de la oposición en la Legislatura para aprobar el presupuesto 2023 antes de fin de año. Si la Corte decidiera anticiparse con un fallo adverso y le rebanara los $200.745 millones del Fondo, el gobernador se vería obligado a reformular íntegramente su proyecto de presupuesto y a renegociar, con menos recursos, con una oposición que condiciona sus votos a que el gobierno provincial le asegure más partidas para infraestructura y seguridad en los municipios.

Fondos claves

Con una pobreza que afecta al 56% de la población urbana según reconoce en el propio mensaje del presupuesto, los $200.745 millones del Fondo de Fortalecimiento Fiscal son claves para el desempeño fiscal bonaerense. Según el proyecto, la provincia recibirá el año próximo $2,9 billones de la Nación, de los cuales el 87,2% corresponde a fondos coparticipables y el 12,8% son discrecionales. Estos últimos están calculados en $382.913 millones, de los cuales el 52% provienen del Fondo de Fortalecimiento.

Para el gobierno bonaerense, este giro millonario de dinero se justifica si se considera que la provincia aporta más recursos de lo que recibe en concepto de coparticipación.

“La creación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal significó una reparación parcial que se enmarca en un proceso históricamente desfavorable para la provincia de Buenos Aires –sostiene en el mensaje de presupuesto 2023–. Sin embargo, las inequidades estructurales persisten: aun considerando los nuevos fondos, la provincia continúa percibiendo un 49% menos de los recursos nacionales por habitante que el resto de las provincias.”

El Fondo de Fortalecimiento para la provincia de Buenos Aires fue creado en septiembre de 2020, para calmar una protesta de la policía bonaerense que llegó hasta las puertas de la quinta de Olivos. En ese marco, el presidente Alberto Fernández dispuso por decreto restablecer el índice de 1,4% de coparticipación de la ciudad de Buenos Aires, el cual había sido aumentado a 3,75% (y luego a 3,5%) durante la gestión de Mauricio Macri. La quita fue luego ampliada por medio de una ley sancionada en noviembre.

Acto seguido, el gobierno dispuso asignarle un 1,18% extra de coparticipación a Buenos Aires. Según un informe de la Fundación Mediterránea, desde que se instrumentó esta poda la Capital dejó de percibir $288.933 millones de coparticipación, que se reduce a $223.773 millones si se descuenta el monto con el que la Nación compensa a la ciudad de Buenos Aires por el traspaso de las funciones de seguridad.

Ante el temor a perderlo todo, Cristina Kirchner reinventa su estrategia como armadora de la provincia

La vicepresidenta abraza a referentes políticos que estaban más alejados y busca pacificar el Frente de Todos; incorporó el problema de la inseguridad a su libreto; el factor Kicillof, clave para el armado electoral

Cristina Kirchner activó el modo electoral. El temor a perderlo todo en los comicios del año próximo, particularmente la provincia de Buenos Aires, hoy lleva a la vicepresidenta a abrazar a referentes políticos que alguna vez menospreció, a reivindicar temas que no integraban su agenda habitual y a silenciar en público las críticas que todavía tiene hacia el Gobierno de Alberto Fernández. Una apertura política propia de la época.

Con los mayores interrogantes del peronismo puestos en las candidaturas a la presidencia –y sin que Fernández haya habilitado la mesa nacional del Frente de Todos para comenzar a ordenar ese tablero–, la vicepresidenta busca potenciarse como la gran armadora de la provincia de Buenos Aires. Por eso escucha a los intendentes del conurbano que tienen poca simpatía por Axel Kicillof se acerca a los movimientos sociales, a los que meses atrás criticaba de manera feroz.

“Nadie entrega el armado nacional. Pero sin duda hay que intentar asegurar la provincia y hay que pensar lo nacional apalancando desde la provincia”, dijo un funcionario con llegada a la mesa de conducción política que Máximo Kirchner y Kicillof convocan cada lunes en La Plata desde hace más de un mes. En esos encuentros tienen silla fija el jefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde; el ministro de Desarrollo de la Comunidad provincial, Andrés “Cuervo” Larroque; el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, además de un grupo de jefes comunales.

“Está con identidad bonaerense y quiere aglutinar al peronismo de la provincia aunque no necesariamente ella sea candidata”, dijo un referente que habló con la exmandataria esta semana.

Los temores

El tema de la inseguridad, que en las encuestas aparece al tope de las preocupaciones del electorado bonaerense junto con la inflación, no solo fue incorporado al discurso público de la vicepresidenta –como se vio en el acto que la tuvo como única oradora en La Plata– sino que está en las conversaciones que ella mantiene en privado. Lo trató con un grupo de intendentes y dirigentes en la cena que tuvo en la residencia de la gobernación hace diez días y también con el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, cuando lo recibió el martes en el Senado. “Reconoce que hay una deuda del peronismo con ese tema”, dijo una persona que la escuchó en el último tiempo.

Un intendente acotó: “Ella entiende el problema. Tanto Sergio Berni como Aníbal Fernández están corridos de tema, hablan de política. Y nosotros con la seguridad tenemos que mostrar presencia del Estado. Del otro lado tenemos a tres exministros de seguridad, con (Patricia) Bullrich, (Cristian) Ritondo y (Diego) Santilli”.

Entre los intendentes y referentes con aspiraciones electorales de la provincia sobrevuela el temor a perder bastiones clave. Un importante funcionario nacional de raíz bonaerense lo puso en estos términos: “La provincia está en peligro si no hacemos una buena campaña nacional. Y también podemos perder municipios como Pilar, Ituzaingó, San Martín o Luján. Acá hay que sentarse a discutir el rompecabezas y fortalecer la unidad, porque sino no se salva nadie”.

El cálculo electoral siempre es el mismo: lo que determina la elección para el PJ es la tercera sección electoral (históricamente kirchnerista) y, sobre todo, la primera sección electoral, que hoy tiene a más municipios en riesgo. “Todos necesitamos que Sergio (Massa) la acomode para marzo o abril. Si eso pasa todos vamos a respirar más tranquilos y Sergio lo va a cobrar bien”, dijo un integrante de la mesa política de los lunes.

Con Kicillof como la cara que mejor capitaliza los votos de Cristina Kirchner, toda la alta dirigencia bonaerense da prácticamente por sentado que el gobernador irá por su reelección. Kicillof, de hecho, ya está diseñando su campaña. Lo único que puede cambiar sus planes es que su jefa política le pida que juegue en otro tramo de la boleta. Los intendentes, que nunca lograron sintonizar con el estilo del gobernador bonaerense, quieren tener a un candidato propio para la gobernación.

“Si Cristina le pide a Axel que juegue para presidente, todo es diferente”, advierte un importante referente provincial. Ahí los nombres de Insaurralde y de Katopodis asoman como potentes para dar la madre de todas las batallas.

La vicepresidenta, en tanto, parece haber optado por moderar sus cuestionamientos a Fernández para pacificar el Frente de Todos. Es un doble juego porque La Cámpora –con Larroque como su principal portavoz– no abandona la embestida contra Fernández para despegar al kirchnerismo de la performance del Gobierno.

Pero los recelos que acumularon en el tiempo el Presidente y su vice hace que cualquier mínimo gesto tome un valor simbólico. El llamado de la vicepresidenta a Bali cuando Fernández tuvo su episodio de salud, fue celebrado en la Casa Rosada y en buena parte del PJ. Un importante dirigente bonaerense interpretó: “Ella está en modo electoral y los botellazos al Gobierno los hace perder base electoral. Está en actitud de abrirse y hablar con todos: es por el armado, no por culpa cristiana”.

Precios Justos: las petroleras se sumarían al programa y aumentarían los combustibles un 4% mensual

Ese sería el tope por los próximos tres meses y en el cuarto mes subirían 3,5%; en octubre naftas y gasoil habían aumentado entre 5 y 7%, y en noviembre, 7% en promedio

Como parte del acuerdo de Precios Justos -que congeló el precio de 1800 productos por 120 días y estableció una pauta de aumentos de hasta el 4% mensual para los bienes no incluidos en el plan por el mismo lapso-, el Gobierno acordó con las petroleras un sendero de subas de precios de los combustibles también reducidas.

De esta forma, en el marco del programa, las empresas solo podrán ajustar el valor de naftas y gasoil hasta un 4% mensual por tres meses y en el cuarto mes el tope será de 3,5%. En octubre las naftas aumentaron 5% y el gasoil, un 7%, mientras que en este mes hubo nuevas subas del 7% en promedio.

Según fuentes del Gobierno, mañana está prevista una reunión con el sector por este tema con la presencia de autoridades de la Secretaría de Energía y de la de Comercio. Sin embargo, consultadas fuentes de las empresas YPF y Axion dijeron que aún no tenían detalles de la medida.

Del acuerdo de Precios Justos participan 109 empresas, de las cuales unas 60 ya lo habrían firmado a mediados de la semana pasada, mientras que otras 40 lo seguirían revisando, más allá de lo cual en los supermercados ya se encuentran los productos con sus respectivos precios y la señalética del plan.

Uno de los principales reparos de las compañías que aún no firmaron y que integran la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) es que el acuerdo no se condice con lo que se había conversado en las reuniones en Comercio.

El principal punto en disputa tiene que ver con que no figura por escrito la contraparte del congelamiento, que es el acceso a divisas para importar insumos, y así garantizar el abastecimiento.

“Si no hay ninguna palabra escrita sobre dólares, se pone en riesgo el acuerdo porque hay un tema de producción. Se quedan sin insumos. La industria de alimentos no tiene grandes proporciones de insumos, salvo el café y cacao, pero los que tienen son absolutamente necesarios”, explicó en su momento Daniel Funes de Rioja, presidente de Copal y de la Unión Industrial Argentina (UIA).

En este sentido, el Gobierno informó el viernes que, una vez que las empresas firmen los acuerdos de precios, se pasarán los Cuits al comité del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) -integrado por el Banco Central, la AFIP, la Aduana y la secretaría de Comercio – para evaluar las importaciones que tienen programadas y adelantar los términos. Es decir que accederían a dólares más rápido que si no son parte del programa.

Según Comercio esto también permite que no haya excusas respecto de lo que es abastecimiento porque las firmas van a poder acceder a los insumos para fabricar los productos.

Diputados reconoció la lengua de señas Argentina y aprobó alcohol cero al volante

La Cámara baja, que preside Cecilia Moreau, también aprobó la atención de las mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal y la ampliación del Programa Nacional De Cardiopatías Congénitas.

En una sesión especial, la Cámara de Diputados dio media sanción a la iniciativa que reconoce a la Lengua de Señas Argentina (LSA) como una “lengua natural y originaria que conforma un legado histórico inmaterial como parte de la identidad lingüística y la herencia cultural de las personas sordas” en todo el territorio de Argentina.
El proyecto de ley garantiza su inclusión plena y fue avalado por unanimidad con 229 votos afirmativos, sin votos negativos ni abstenciones.

En tanto, con 193 votos positivos, 19 negativos y 4 abstenciones, obtuvo respaldo el proyecto de modificación de la ley 24.449, de tránsito, sobre alcoholemia cero para la conducción de vehículos.  La iniciativa reduce de 0.5 milímetros de alcohol en sangre a 0 la tolerancia para conducir en las rutas nacionales y será girada al Senado.

En otro orden, obtuvo media sanción el proyecto de ley de Procedimientos Médico-Asistenciales para la Atención de las Mujeres y Personas Gestantes frente a la Muerte Perinatal.  Fue aprobado por 216 votos positivos, 1 negativo y 0 abstenciones y será girado al Senado.

En tanto, Diputados también aprobó y giró al Senado la ampliación del Programa de Protección integral de personas con cardiopatía congénita por 209 votos positivos, 2 negativos y 0 abstenciones.

La norma amplía el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación y, entre otras cuestiones, establece que las personas con cardiopatías congénitas tienen derecho a todas las instancias de detección y tratamiento correspondientes en cada etapa vital.

Además, obtuvo respaldo la norma que fija la actualización del valor de las sanciones por infracción en el manejo de residuos peligrosos. El proyecto de ley, enviado por el Poder Ejecutivo, busca sustituir el artículo 49 de la ley N° 24.051, de Residuos Peligrosos, con el fin de actualizar el valor de las sanciones que allí se establecen.

Durante la sesión, también se aprobó un proyecto para establecer como feriado nacional no trasladable el 17 de agosto de cada año, en homenaje al general José de San Martín. El proyecto busca modificar el artículo 1º de la ley 27.399, sobre establecimiento de feriados y fines de semana largos, para fijar días feriados nacionales y días no laborales en todo el territorio.

Asimismo, fueron aprobados una serie de proyectos sobre transferencias de inmuebles, entre las cuales se destacó la transferencia a título gratuito a la provincia de Córdoba, del dominio de una fracción de terreno que ocupa el Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, ex-Centro Clandestino de Detención “La Perla” en el departamento de Santa María.

Black Friday con Banco Ciudad

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2022. En el marco del Black Friday, el Banco Ciudad ofrece un 20% de descuento en tiendas online adheridas del rubro Indumentaria, del 23 al 27 de noviembre,  pagando con las tarjetas del Banco Ciudad a través de la app MODO o desde la app Banca móvil de Banco Ciudad. Entre las marcas adheridas, están Calvin Klein, Equus, Cultura, Selú, Prototype y Style Store, entre otras.

A su vez, el Banco Ciudad presenta una nueva serie de promociones y descuentos en los principales rubros de consumo, todos los días de la semana, a través de sus tarjetas de crédito, débito y pagos con celular. Los días lunes abonando con tarjetas de crédito, se accede a un 20% de descuento en supermercados. Los martes, en el rubro indumentaria, hay un 20% de descuento y 3 cuotas sin interés, que se suman a un 10% de descuento extra pagando a través de MODO. Los días miércoles, hay un descuento de hasta 30% en locales de gastronomía, abonando con tarjetas de crédito del Ciudad. Los desayunos de los jueves, comprendidos entre las 6 y las 11 de la mañana, tienen un 20% de descuento utilizando las tarjetas VISA del Banco Ciudad, y si se abona desde la plataforma MODO, se suma un 10% más de descuento. Los viernes en el rubro jugueterías y librerías, se puede acceder a un 20% de descuento abonando con tarjetas de crédito y débito, y también suma un 10% de descuento utilizando MODO. Los sábados en espectáculos hay un 50% de descuento pagando con las tarjetas de crédito del Ciudad. Y para finalizar la semana, cargando el tanque en cualquier estación de combustible del país los domingos, se accede a un 10% de descuento abonando con tarjetas VISA, además de un 5% extra por hacerlo desde MODO.

Las tarjetas de crédito del Banco Ciudad se pueden solicitar de manera simple y ágil, 100% online, y con comisión de renovación bonificada sin límite de tiempo, a través de la web de la entidadhttps://www.bancociudad.com.ar/institucional/micrositio/TC100Digital . Adicionalmente, por pedirla online, obtienen un 50% de descuento en la primera compra en cualquier comercio del país.

Funcionarios y abogados expusieron en diputados sobre el proyecto que busca mejorar herramientas ante el lavado de activos

La iniciativa plantea una actualización del Código Penal para otorgarle a la Unidad dé Información Financiera (UIF) mayores herramientas para prevenir e impedir el lavado de activos (LA), la financiación del terrorismo (FT) y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP)

En una reunión conjunta las Comisiones de Legislación General y Finanzas, que encabezan los diputados oficialistas Lucas Godoy y Alicia Aparicio, funcionarios y abogados expusieron sobre el proyecto de ley por el cual se modifica la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.La iniciativa del Poder Ejecutivo propone modificaciones a las normas vigentes a fin de adecuarse a los estándares internacionales. “El carácter complejo de estos ilícitos, el auge en las comunicaciones y las nuevas formas de operar financieramente transforman en imperiosa una reforma que permita actualizar el Código Penal y le otorgue a la UIF herramientas adecuadas al contexto actual, para prevenir e impedir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, de conformidad con los estándares internacionales vigentes”, indica el expediente.Al respecto, Juan Carlos Otero, presidente de la Unida de Información Financiera destacó la  “reforma sustancial luego de 11 años. Nos va a permitir mejorar la persecución contra los delitos de lavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo”. “En 2023 vamos a ser evaluados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que va a evaluar a los tres poderes del Estado y al sector privado”. “Es muy importante cumplir con lo técnico de la evaluación, es por ello, que es necesario arribar a consensos para poder aprobar lo antes posible este proyecto para tener mayor efectividad de cara a la evaluación. Evalúan a un país no a un gobierno”, aseguró.Asimismo, el funcionario remarcó que fue un proceso participativo, con organismos, mesas de trabajo que se presentó el proyecto el 31 de mayo y acorde con políticas de estado. A su vez, explicó los “tres ejes principales de la ley: la modificación del Código Penal, la reforma a la ley 25.246 y la creación de un registro de beneficiarios finales”.En tanto, Ricardo Casal, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía dejó “constancia que la labor llevada adelante ha sido un trabajo ampliamente generoso democrático y muy participativo que tuvo la comisión, lo cual permitió con distintas rondas de trabajo corregir, adecuar, adaptar y redefinir algunos aspectos que fueron centrales que hizo la comisión, hubo un debate muy rico con dip y asesores que nos permitió actualizar el texto original”.Zenón Biagosch, director del Banco Central de la República Argentina (BCRA), dijo que es “un hecho innegable que esta legislación debe ser actualizada y requiere una reforma estructural”. En lo que hace a las temáticas del BCRA no podemos desconocer que la realidad nos está demostrando que hay una mutación muy importante en todos los sistemas de oferta y contratación del sistema financiero por ende los controles que tenemos que aplicar en ese sentido tienen que aggionarse a estas nuevas realidades”, advirtió. Y asimismo, destacó los “sujetos obligados a informar operaciones sospechosas, otros proveedores de cobros y de pagos y; otros proveedores no financieros de créditos y de activos virtuales”.Verónica Grondona, directora de Fiscalidad Internacional de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), disertó sobre el registro de la información y la identificación de los beneficiarios finales. “Lo que se pretende es que Argentina tenga una verificación en cascada del beneficiario final, controlando por un lado a aquellos beneficiarios finales que lo sean por titularidad de acciones, a través de la votación u otros medios indirectos, y eso es muy importante en las evaluaciones de las que hemos sido objeto porque era una observación que se estaba haciendo”, aseveró.Fernando Díaz Cantón, presidente del Instituto de Estudios Legislativos (IDEL) criticó la “forma en que Argentina viene encarando este aspecto desde el derecho penal”. Esta iniciativa “incorpora a abogados como sujetos obligados a denunciar, esto genera una laguna de punibilidad. En este frenesí de la penalidad, se termina minando la relación de confianza entre abogado- cliente porque ahora el cliente sabrá que el Estado habrá convertido a su abogado de confianza en un delator”, aseguró.“Perderíamos la oportunidad si no elevamos el umbral de punibilidad de los 300 mil pesos. Hoy las maniobras de lavado de activos del crimen organizado afectan el orden económico y financiero. El aumento permitirá depurar los casos penales”, añadió María Eugenia Talerico, abogada, ex vicepresidenta de la UIF.Juan Cruz Ponce, secretario Ejecutivo Adjunto del Grupo de Acción Financiera Internacional Latinoamérica (GAFILAT), se explayó sobre los estándares internacionales y el proceso de evaluación. “Estamos ante un sistema cooperativo a nivel internacional y que engloba a 206 jurisdicciones a lo largo del planeta”. “Las recomendaciones del GAFI ofrecen un elenco de medidas muy amplias, intersectoriales, interdisciplinarias para detectar y sancionar estos delitos y aglutinan a todos los ámbitos posibles -asociados directa o indirectamente- a un marco de prevención y lucha contra este tipo de delitos”“Cuando uno se acerca a la evaluación es fundamental contar con un marco normativo robusto y en línea con los estándares internacionales, la evaluación es a nivel país, se evalúa el sector público y el privado, el cumplimento técnico pero también la efectividad”. “Es un proceso muy complejo que requiere mucha planificación, coordinación y apoyo a la coordinación LA/FT/FP”, manifestó.

Participaron Sebastián Negri, presidente de la Comisión Nacional de Valores; Sebastián Kaufman, abogado; Francisco D´Albora, fundación para la Prevención y el Control de Lavado de Activos y la financiación del Terrorismo (FAPLA); Pablo Daniel Sanabria, especialista en derecho administrativo y prevención de lavado de activos; Silvio Marcelo Rizza, presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas; Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; Eduardo Toribio, asesor Federación de Asociaciones de Productores Asesores de Seguros de Argentina; entre otros.

Sostenibilidad – Banco Ciudad: Distinción a FECOVITA por su gestión de riesgos ambientales y sociales

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2022. En el marco de las actividades de acompañamiento a las empresas y el compromiso con la sustentabilidad, el Banco Ciudad otorgó una distinción especial a la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita), como Empresa Sostenible, por su cultura de responsabilidad social y ambiental alineada con el marco regulatorio nacional y las buenas prácticas internacionales. El reconocimiento fue entregado al finalizar el Programa Ejecutivo virtual, con Certificación Universitaria, sobre “Gestión en riesgos ambientales”, organizado por el Instituto PyME del Banco Ciudad junto a la Escuela de Innovación del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). (*)

El Banco Ciudad, liderado por Guillermo A. Laje, tiene como uno de sus pilares estratégicos el desarrollo de las finanzas sostenibles y ha implementado un Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS), con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la cooperación técnica de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), que en 2020 tuvo su prueba piloto con 10 empresas analizadas, y que en 2021-2022 pasaron por este análisis más de 130 empresas. Asimismo, el Banco Ciudad, junto a un grupo de 17 bancos, integra el primer Protocolo de Finanzas Sostenibles de Argentina desde 2019, que tiene como objetivo promover la implementación de mejores prácticas en la materia y crear modelos de negocios que no sólo buscan ser rentables, sino también generar impacto social positivo y cuidar el medio ambiente.

Con relación a la elección de Fecovita para la Distinción del Banco Ciudad a la Empresa Sostenible, se destacó su gestión ambiental, social y su alineamiento con las buenas prácticas internacionales, a través del conjunto de iniciativas que la cooperativa lleva adelante en dichas áreas. Se distinguen la evaluación ambiental que realiza la empresa para la gestión responsable del agua y la energía, y el reciclaje de los residuos generados. Con relación a la gestión social, Fecovita implementó el primer fideicomiso financiero con etiquetado social en Argentina; obtuvo la Certificación ISO 45.001 por contar con un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo; y fomenta la educación brindando orientación familiar y apoyo escolar. En cuanto a los lineamientos internacionales, por su contribución con la Agenda Mundial 2030 de Desarrollo Sostenible, a través de 6 ODS prioritarios, relacionados con proyectos que colaboran con el fin de la pobreza, con la educación equitativa y de calidad, con el trabajo y el crecimiento económico, con modalidades de consumo y producción sostenible, entre otros.

En representación de Fecovita, recibió la distinción el secretario de la Mesa Directiva Marcelo Federici, quien destacó la misión y visión de la empresa, su alineamiento con objetivos de desarrollo sostenible y su posición en el mercado interno y a nivel internacional. En este sentido, señaló el compromiso con el medio ambiente con acciones como la reducción del uso de energía y agua en sus líneas de producción. Federici también mencionó las diversas iniciativas con relación a la mejora del bienestar familiar, emocional, social, profesional y financiero de sus colaboradores; y detalló las alianzas con organizaciones nacionales e internacionales en pos del desarrollo sostenible. Fecovita hoy reúne a 5000 productores integrados en 29 cooperativas, con 54 bodegas elaboradoras y un equipo de más de 1000 colaboradores. La cooperativa es líder en volumen de ventas y crece en proyección internacional, llegando a más de 40 países.

El programa en el marco del cual se otorgó la distinción forma parte de las herramientas de formación gratuitas que brinda el Instituto Pyme del Banco Ciudad a las MiPyMEs y emprendedores, en alianza con las instituciones académicas de mayor prestigio. La capacitación sobre sostenibilidad se desarrolló con el ITBA y se trataron temáticas relacionadas con finanzas ambientales, cambio climático, gestión de riesgos socioambientales, adopción de buenas prácticas y licenciamiento ambiental.

Pablo Moyano llamó a respaldar a Alberto Fernández “hasta el último día” pese a la inflación y “la bronca”

En medio de las tensiones en el Frente Todos, Pablo Moyano, dirigente de Camioneros y la CGT, llamó este lunes a respaldar al Gobierno “hasta el último día” pese a la situación económica. Reclamó, no obstante, un incremento de las asignaciones familiares y un bono “antes de fin de año”.

El sindicalista se refirió este lunes a la administración de la Casa Rosada como “su gobierno”, en momentos en los que el kirchnerismo ha elevado el tono de sus críticas hacia Alberto Fernández. Afirmó que ha mantenido diálogos con los distintos actores de la coalición para intentar recomponer el poder adquisitivo.

“Hay que seguir militando más allá de la bronca por la inflación”, afirmó Moyano en declaraciones a la AM 530. “Hay que concientizar a los trabajadores de que hay que bancar a este gobierno. Este es mi Gobierno, vamos a seguir bancando a este Gobierno hasta el último día”, sostuvo.

Y aclaró: “Pero eso no quiere decir que no vamos a seguir militando para nuestra candidata o candidato que va a surgir de los afiliados del peronismo. Tenemos que volver a ganar en 2023 porque estos tipos [en alusión a los referentes opositores] vienen con ese odio y con todo a sacar derechos a los trabajadores”.

Ante la situación económica, Pablo Moyano recordó el discurso que dio a mediados agosto. “Alberto, ponga lo que tenga que poner para ponerle un freno a los empresarios”, manifestó en aquella oportunidad. El sindicalista ratificó este lunes esos dichos y dio cuenta de su preocupación.

“Hoy lo que planteo, ya lo ha hablado con Alberto, Cristina [Kirchner] y también con Sergio Massa, es que a fin de año tiene que haber un aumento en forma urgente de asignaciones familiares”, sostuvo.

El secretario adjunto de Camioneros consideró “lastimoso” que solo “2 millones de empleados cobren un salario familiar por hijo o hija”. “Es un acto discriminatorio Tiene que ser universal”, reclamó en línea con un pedido realizado por centrales sindicales y organizaciones sociales.

Además, Moyano pidió eliminar la incidencia del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios, un tributo que llamó “impuesto al trabajo”.

Además, insistió en un pedido de algunos sindicatos. “Queremos que haya una suma fija para millones de trabajadores que no llegan a cubrir la inflación”, afirmó. El otorgamiento de una suma fija había sido desestimado por la ministra de Trabajo, Kelly Olmos.

Moyano se mostró expectante de que pueda haber anuncios en ese sentido pronto. “Con la aprobación del presupuesto y la llegada de Alberto y Massa [de la gira en Francia e Indonesia], en los próximos días puede haber alguna novedad en este tema”.

“Suma fija”

La ministra de Trabajo, Kelly Olmos, había planteado días atrás reparos al otorgamiento de una suma fija. “La idea de la suma fija, no nos parece lo más adecuado, porque la verdad es que las paritarias están demostrando vigor y se negocia al máximo. Entonces, no es la idea tensar ahí”, reconoció.

A su vez, Olmos, aclaró que el bono de fin de año “es un planteo más de la política que de los gremios” y afirmó que llegado el momento “el anuncio lo va a realizar el presidente” Alberto Fernández. A su vez, indicó que el bono se instrumentará por decreto presidencial.

No obstante, sostuvo en que es “probable” que haya un bono de fin de año para los trabajadores formales, como ya se hizo con la administración pública nacional y con los jubilados, pero insistió en que “muchos gremios ya lo han previsto en su propia paritaria” y absorberían cualquier monto estipulado por el Ejecutivo.

Ese bono no sería, de todas maneras, una suma fija. Según lo que trascendió, el piso sería de $30.000 y el techo de $45.000. La medida se instrumentará por decreto presidencial.